se prevé más de una treintena de detenidos

La UDEF descubre un desvío de dos millones de fondos públicos al 'procés'

Los expertos en delitos económicos de la Policía investigan un fraude generalizado en subvenciones públicas que eran utilizadas para inyectar dinero en la maquinaria independentista

Foto: Diputación de Barcelona. (Google Maps)
Diputación de Barcelona. (Google Maps)

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha lanzado este jueves en Cataluña una macrooperación contra el presunto desvío de fondos públicos a entidades implicadas en el 'procés' secesionista. Más de 500 policías de la UDEF, seguridad ciudadana y orden público desplazados desde toda España participan en el dispositivo. Se están realizando registros desde primera hora de la mañana en organismos, fundaciones, domicilios y un despacho de la Generalitat para incautarse de material relacionado con estos movimientos irregulares de dinero.

Según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas al caso, los investigadores ya han detenido a 22 personas pero tienen órdenes de detención contra otra decena, entre ellas, un diputado del Parlament catalán. Se trata de Francesc de Dalmases, del grupo de Junts pel Cat. Es miembro de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo y de la junta directiva de la Federación de Organizaciones Catalanas Internacionalmente Reconocidas (FOCIR), que ha tomado el testigo de Diplocat en la promoción internacional del procés.

Uno de los implicados, Francesc de Dalmases, diputado de Junts pel Cat, en el centro de la imagen en el Parlament. (EFE)
Uno de los implicados, Francesc de Dalmases, diputado de Junts pel Cat, en el centro de la imagen en el Parlament. (EFE)

Los investigadores tienen acreditado por ahora un fraude dos millones de euros de fondos públicos, aunque las diligencias continúan y se prevé que la cifra definitiva sea muy superior. Las pesquisas se centran en subvenciones públicas concedidas por instituciones catalanas. Las ayudas tenían como objetivo financiar proyectos de desarrollo en el tercer mundo, programas culturales y acciones formativas. El dinero era concedido en su gran mayoría a entidades sin ánimo de lucro de la esfera independentista. Los programas sólo eran ejecutados parcialmente o incluso no se realizaban, generando así grandes cantidades de dinero no declarado que finalmente era dedicado a financiar material, actos y publicidad relacionada con el procés.

Los registros se están produciendo en viviendas, despachos profesionales y archivos de instituciones en Barcelona, Tarragona, Gerona y Reus, entre otras localidades. En la capital catalana, los agentes se centran en la Diputación de Barcelona, desde la que se habrían otorgado un mayor número de subvenciones presuntamente fraudulentas, según han conseguido acreditar los investigadores.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona que dirige el operativo imputa a los implicados los delitos de malversación, prevaricación, negociación prohibida a funcionario público, falsedad y fraude en subvenciones. Durante la operación, los investigadores prevén detener a políticos y empleados de varios ayuntamientos, de la Diputación de Barcelona e incluso de consejerías de la Generalitat.

Dispositivo de la UDEF en una operación en Sagunto. (EFE)
Dispositivo de la UDEF en una operación en Sagunto. (EFE)

Se prevén más de una treintena de detenciones en el marco del dispositivo. Agentes de la UIP protegerán los edificios durante el tiempo que dura la intervención, que podría alargarse durante seis o siete horas. La posible llegada de miembros de los comités de defensa de la república (CDR), de hecho, es lo que ha provocado que los responsables de la Dirección General de la Policía decidan enviar agentes de las Unidades de Intervención Policial como medida preventiva.

Las subvenciones investigadas sólo eran destinadas parcialmente a los fines para los que se habían solicitado, pero las cantidades entregadas eran tan elevadas que los receptores las habrían utilizado también para actuaciones vinculadas a los objetivos independentistas. Según explican fuentes de la investigación, estas ayudas públicas eran reclamadas a las instituciones para llevar a cabo programas de promoción del idioma catalán en el extranjero, editar revistas vinculadas con el secesionismo, organizar cursos fuera de España o fomentar la cultura regional en otros países.

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