Cataluña estrena legislatura con 10 nuevos diputados con problemas judiciales

La legislatura que ahora comienza en Cataluña va a ser movida. Y no solo por la intención de los líderes independentistas que han prometido una legislatura dura, con la prioridad de la confrontación institucional, sino porque una decena de diputados deberán desfilar por los juzgados para rendir cuentas a la justicia acusados de diversos delitos. Son, de momento, 10 representantes los que están acusados formalmente (solo en la Mesa de la Cámara hay dos miembros es esa situación), lista que puede ampliarse en un futuro. O sea, casi el 7,5% de los diputados electos (el Parlament tiene 135 miembros) están inmersos en causas, porcentaje que puede aumentar aún más en los próximos meses.

El caso más mediático es el de la propia presidenta del Parlament, Laura Borràs, investigada por los tribunales desde antes de ser candidata y acusada de delitos de corrupción: prevaricación, malversación, fraude electoral y falsedad documental. Según el relato de los hechos, cuando era directora de la Institución de las Letras Catalanas (ILC), Borràs troceó contratos para evitar que se tuviera que convocar concurso y fue encargando esos trabajos troceados a un amigo personal suyo, que se embolsó 260.000 euros. En el sumario existen incluso correos electrónicos de la propia Borràs a su amigo explicándose cómo debía confeccionar facturas para simular que las contrataciones eran legales.

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Cuando se supo que existía esa investigación, Borràs ya era consejera de Cultura y, como tal, llamó a su colega, el consejero de Interior, Miquel Buch, para saber qué tenían sobre ella. Cuando la jueza se enteró de esas interferencias, quitó el caso a los Mossos d’Esquadra y se lo dio a la Guardia Civil. Poco después, Borràs fue cabeza de lista de JxCat al Congreso y el caso pasó al Supremo, que pidió el suplicatorio para imputarla oficialmente, debido a las evidencias contenidas en el sumario.

Consciente de la que se le venía encima, maniobró para ser la candidata de Junts en las últimas autonómicas, con la esperanza de convertirse en presidenta de la Generalitat y blindar su situación. No pudo ser, ya que su formación fue la tercera más votada, pero consiguió ser elegida presidenta del Parlament, desde donde quiere practicar la confrontación institucional. Su caso debe pasar ahora al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), al ser aforada en esta comunidad, lo que supondrá una nueva demora en la tramitación de la causa.

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A medio plazo, puede ser inhabilitada, aunque la última semana ha maniobrado y ha mantenido contactos con los restantes partidos independentistas con el objetivo de aprobar la reforma de un artículo del reglamento del Parlament para evitar tener que ser cesada en el momento en que se abra juicio oral. Lo que pretende es que no la puedan inhabilitar hasta una condena en firme, lo que puede tardar años. En resumen, trama un cambio de la ley para beneficiarse en un futuro próximo de esa reforma.

Torrent y su cargo de 'conseller', en la picota

Roger Torrent y Eusebi Campdepadrós, como antiguos miembros de la Mesa de la Cámara, también están imputados por desobediencia, al haber dado luz verde a iniciativas a favor de la independencia y contra la Monarquía. Fiscalía les acusa de desoír las advertencias del Constitucional al permitir el debate de dos resoluciones que habían sido prohibidas. La querella se dirige también contra el ‘juntero’ Josep Costa (iba de número 17 por Barcelona y logró escaño al renunciar Carles Puigdemont, pero luego también renunció él) y la republicana Adriana Delgado, que ya no son diputados. Torrent, además, puede dejar su labor de diputado para pasar a ocupar una consejería, pero se encontrará con la justicia a corto o medio plazo y una condena puede suponerle la inhabilitación para cargo público. Las penas a las que pueden ser condenados sus compañeros son también de inhabilitación de seis meses a dos años y multa.

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La recién llegada a España Meritxell Serret, exconsejera de Agricultura huida con Carles Puigdemont en Bélgica desde el 2017, está en libertad, pero tiene pendiente una causa por desobediencia y malversación en el Tribunal Supremo, donde debe declarar el próximo mes de abril. Serret fue incluida como número 2 en la lista de ERC por Lleida el pasado 14-F. Lluís Puig, otro de los fugados que continúa en Waterloo, iba de número 9 en la lista de JxCAT y tiene pendiente cuentas con la justicia, acusado de malversación de fondos públicos, que es el delito por el que se pidió su extradición, que fue denegada por Bélgica.

La CUP también tiene escaños en el aire. Pau Juvillà, cabeza de lista por Lleida y miembro de la Mesa del Parlament merced al pacto entre los partidos independentistas, se encuentra imputado por desobediencia. En su caso, se negó a descolgar los lazos amarillos que había colocado en la ventana de su despacho del Ayuntamiento de Lleida durante la campaña electoral de las municipales de 2019. Requerido a sacar el símbolo partidista de un edificio público, se negó a ello. Debido a esa circunstancia, fue denunciado por Ciudadanos. La Fiscalía pide para él inhabilitación especial y cuatro meses de multa.

La jefa de la CUP, en el punto de mira

Su jefa de filas, Dolors Sabater, también tiene cuentas pendientes con la justicia. En enero de 2016, el pleno municipal de Badalona, ciudad de la que Sabater era alcaldesa, aprobó una moratoria que impedía otorgar licencias urbanísticas durante un año en una zona de la ciudad donde quería paralizar una obra. Según Vertice Ensanche, la empresa querellante, cometió prevaricación, ya que pretendía ayudar así a una entidad cultural, Círcol Catòlic, que estaba en ese lugar. El propietario del edificio, cuyo alquiler llegaba a su fin, ya había apalabrado con la empresa Vertice Ensanche la venta, pero la decisión del Ayuntamiento frustró la operación.

La candidata de la CUP por Tarragona, Laia Estrada, se encuentra también inmersa en un proceso judicial por desórdenes públicos, consecuencia de las algaradas en las que participó con motivo de las protestas por el Consejo de Ministros que se celebró en Barcelona el 21 de diciembre de 2018. La CUP de Tarragona emitió varios mensajes el pasado mes de diciembre (cuando su activista fue citada a declarar) afirmando que está imputada por “una operación de Estado que cuenta con la complicidad del Govern de ERC y JxCat y de los Mossos d’Esquadra”. Según las plataformas de apoyo aseguran que Estrada solo participó en una marcha pacífica por el centro de Tarragona, organizada de manera improvisada, aunque los manifestantes tiraron huevos de pintura contra la fachada de la subdelegación del Gobierno. Luego, bloquearon el acceso de la T-11, de la autovía A-27 y al Puerto de Tarragona durante una hora. Cuando fue citada en diciembre pasado, no compareció en el juzgado, pero sí manifestó que “hago uso de nuestro derecho de no colaborar con una justicia que cuando se trata de perseguir el independentismo o la disidencia política no tiene problemas para sacar adelante causas que no se aguantan por ningún sitio, pero que encuentra todos los obstáculos del mundo cuando toda perseguir la corrupción que nosotros mismos denunciamos”.

Dos pesos pesados de ERC

ERC tiene a otros dos diputados investigados: se trata de Josep Maria Jové y Lluís Salvadó. Ambos fueron detenidos el 20 de septiembre de 2017 tras los registros de las sedes de dependencias de la Generalitat, acusados de preparar el referéndum ilegal del 1 de octubre de aquel año. Jové es uno de los hombres fuertes del partido republicano: era el secretario general de Vicepresidencia y Economía, es decir, la mano derecha de Oriol Junqueras, y actualmente forma parte de la mesa de negociación entre los independentistas y el Gobierno de Pedro Sánchez. Salvadó, por su parte, era el secretario de Hacienda de la Generalitat y el encargado de poner a punto las ‘estructuras de estado’ necesarias para garantizar la viabilidad económica de la República Catalana en el momento de la separación. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) les acusa de desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos y se encuentran en libertad con fianza de 4,5 millones de euros.

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A todos los citados, cabría añadir otro diputado que no ha sido imputado, pero sobre el que pende una investigación: se trata de Francesc de Dalmases, un miembro de JxCat a quien Laura Borràs aupó a dedo hasta el puesto 15 de la lista de JxCat para que pudiese tener escaño, al no obtener suficientes apoyos en las primarias de esa formación. Dalmases aparece en el sumario del caso Voloh, que sigue el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona: era uno de los gestores de las ONG Catmon e Ingmar que recibieron millones de euros de fondos públicos y que, presuntamente, sirvieron para engrasar los engranajes del independentismo en su proceso de separación de España. Dalmases todavía no ha sido imputado en este caso, pero su socio, Víctor Terradellas, antiguo responsable de relaciones internacionales de CDC, en cambio, sí fue detenido en mayo de 2018. La investigación sigue su curso y falta conocer si las pruebas que sirvieron para imputar a Terradellas servirán también para acusar a Dalmases. En ese caso, el tema pasaría al TSJC, que debería pedir el suplicatorio al Parlament para investigar al diputado.

La legislatura, pues, se adivina convulsa: Borràs está dispuesta a meter todos los casos en el mismo saco y arremeter contra todo, acusando al Estado español de persecución política, aunque algunos de los expedientes no tengan nada que ver con la política, sino con actuaciones individuales de los diputados. Se trata de la vieja táctica de envolverse en la bandera para tapar las vergüenzas particulares de algunos, que se ha demostrado muy efectiva a la hora de camuflarse en la política.