La Fiscalía se querella contra Roger Torrent por desobediencia al Constitucional

La Fiscalía Superior de Cataluña ha presentado una querella contra el presidente del Parlament, Roger Torrent, y otros tres miembros de la mesa de la cámara catalana por supuesta desobediencia al Tribunal Constitucional. El escrito del Ministerio Público, presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se apoya en que permitieron sacar adelante diversas mociones impulsadas por el independentismo. Además de Torrent, la acusación se extiende a Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado. Si sale adelante, todos ellos podrían ser inhabilitados.

Entre las mociones que la Fiscalía recoge en su querella, a la que ha tenido acceso El Confidencial, se encuentran aquellas en las que se reivindicaba el derecho de autodeterminación y se reprobaba al Rey. En noviembre de 2019, la Fiscalía ya anunció "la incoación de diligencias de investigación a fin de valorar la posible trascendencia penal de tales decisiones" respecto a la mesa del Parlament. En enero de 2020, el Constitucional acordó además sugerir a la Fiscalía que estudiara la interposición de una querella contra Torrent.

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Advertencias desde 2015

Los hechos que la Fiscalía recoge en su escrito se remontan 2015, cuando el tribunal de garantías declaró inconstitucional la resolución que la cámara catalana había aprobado sobre "el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre [de ese año]". Apoyándose en esta decisión, el Constitucional publicó y notificó personalmente a Torrent y resto de miembros de la mesa del Parlament una serie de providencias en octubre de 2019 en las que les advertía de "su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa parlamentaria que supusiera ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluidas la penal".

Lejos de atender este aviso, JxCat, ERC y la CUP registraron el 22 de octubre en el Parlament una resolución "de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de octubre" y, con Torrent al frente, la mesa permitió su tramitación pese a contener un apartado en el que se insistía en el "derecho a la autodeterminación". Todo ello ignorando "las expresas advertencias de ilegalidad realizadas por el secretario general del Parlament, la expresa oposición de los restantes miembros de la mesa del Parlament, y a sabiendas de lo ordenado y apercibido por el Tribunal Constitucional".

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Esta tramitación permitió que la resolución fuera votada y aprobada en la cámara catalana, tras lo que el Gobierno de Pedro Sánchez recurrió al Constitucional para que declarara nulo el apartado sobre el derecho a la autodeterminación. En respuesta a esta petición, el tribunal de garantías acordó dirigirse a la Fiscalía en enero de 2010 para que determinase si el presidente del Parlament y otros de la mesa habían incurrido en un delito de desobediencia.

A esto se suma la sentencia del 17 de julio de 2019 del tribunal de garantías que declaraba inconstitucionales dos apartados de la resolución del Parlament sobre la "priorización de la agenda social y la recuperación de la convivencia". En concreto, aquellos en los que se reprobaba el papel de Felipe VI en relación con el "proceso de autodeterminación de Cataluña". En lugar de atender esta decisión, la cámara catalana sacó adelante una nueva resolución contra el Rey el 25 de julio y, una vez más, los apartados que incidían en el papel del monarca fueron anulados por el tribunal, que volvió a advertir personalmente a Torrent sobre "su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa similar".

Pese a ello, la mencionada resolución que se registró el 22 de octubre en el Parlament "de respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos del 1 de octubre" volvía a subrayar su "reprobación de la monarquía". Esta se tramitó una vez más con el beneplácito de Torrent, Costa, Campdepadrós y Delgado, lo que lleva a la Fiscalía a pedir a la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que los cite como investigados por un delito de desobediencia.