TRAS IGNORAR AL CONSTITUCIONAL

La Fiscalía investiga a Torrent por un posible delito de desobediencia

La decisión llega después de que la Mesa del Parlament haya ignorado tres notificaciones del Constitucional en las que advertía de que no podían aprobar iniciativas sobre la autodeterminación

Foto: El presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent. (EFE)
El presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent. (EFE)

La Fiscalía ya investiga a la Mesa del Parlament por desobediencia, delito que no conlleva penas de cárcel, pero sí de inhabilitación. La decisión del Ministerio Público llega después de que la cámara catalana aprobara este martes una texto en el que incide en "su voluntad de ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación", cuestión por la que el Tribunal Constitucional ya había suspendido tres iniciativas similares en las últimas semanas. Aunque el Parlament ha decidido no publicar el texto en su boletín oficial, esta precaución no ha impedido que la Fiscalía acuerde ahora "la incoación de diligencias de investigación a fin de valorar la posible trascendencia penal de tales decisiones".

El Tribunal Constitucional adelantó este martes su reunión ordinaria a las 9:30 para paralizar una moción que iba a votarse en el Parlament sobre la autodeterminación. El debate en la cámara autonómica estaba previsto para esta tarde, pero su presidente, Roger Torrent, avanzó la convocatoria a primera hora para esquivar el pronunciamiento del tribunal. En un pulso que duró varios minutos, los magistrados del Constitucional suspendieron los acuerdos de la Mesa del Parlament que permitían la tramitación de la moción, pero no pudieron evitar que los diputados catalanes la votaran al mismo tiempo en la cámara autonómica.

"En atención a las decisiones adoptadas por la Mesa del Parlament de Catalunya durante las últimas semanas y hasta el día de hoy, en el contexto de los incidentes de ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional nº 259/2015, 136/2018 y 98/2019, la Fiscalía General del Estado ha instado de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cataluña la incoación de diligencias de investigación a fin de valorar la posible trascendencia penal de tales decisiones", anuncia el Ministerio Público en un comunicado.

El cuarto aviso

La moción del Parlament, propuesta por la CUP, fue admitida a trámite la semana pasada, tras lo que el Gobierno de Pedro Sánchez procedió a su impugnación por el apartado en el que aborda "su voluntad de ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación". Aunque el Constitucional no pensaba estudiar la solicitud del Ejecutivo hasta las 10:00 de la mañana de este martes, la jugada de Torrent obligó a los magistrados a adelantar la reunión.

El motivo que adujeron para cambiar la hora es que Torrent tenía un viaje a Suiza, pero en el tribunal no tienen dudas de que el verdadero objetivo pasaba por esquivar su pronunciamiento. Desde las filas de Cs, PSC-Units y PPC también defendieron que esta modificación del orden del día era una maniobra "injustificada" y "arbitraria" que constituye "menosprecio a la institución", denuncia que no logró detener la votación.

El TC ha advertido tres veces al Parlament del riesgo de incurrir en desobediencia por iniciativas similares, cuatro si se cuenta esta última

En la reunión de las 9:30, el Constitucional acordó entonces admitir a trámite el incidente de ejecución de sentencia presentado por el Gobierno de España contra la Mesa del Parlament, suspendiendo así la vigencia de los acuerdos que permitieron tramitar la moción. El tribunal de garantías, sin embargo, no pudo evitar que a esa misma hora se estuviera votando en la cámara autonómica, donde resultó aprobado el apartado sobre la autodeterminación con los votos de JxCat, ERC y la CUP, además de la abstención de los comunes. Según fuentes parlamentarias, la 'photo finish' fue la siguiente: Torrent dijo que la moción quedaba aprobada a las 10:06 horas y los servicios jurídicos del Parlament recibieron un correo en el que se les comunicaba el acuerdo del Constitucional a las 10:09 horas.

A la espera de que se aclare si la notificación llegó antes de que se aprobara el texto, fuentes jurídicas consideran que, en cualquier caso, el Parlament ha desobedecido al tribunal, pues este ya había prohibido anteriormente que se votara cualquier moción sobre el "derecho de autodeterminación". De hecho, en poco más de un mes, el Constitucional ha advertido tres veces al Parlament del riesgo de incurrir en desobediencia por iniciativas similares. Cuatro si se cuenta esta última.

Estos avisos se han dirigido de forma directa a Torrent y al 'president' Quim Torra, como cuando el 16 de octubre se echó por tierra una moción en la que reivindicaban el "derecho de autodeterminación" y la "legitimidad de la desobediencia civil e institucional". “Se requiere al presidente del Parlamento de Cataluña, [...] así como al presidente de la Generalitat de Cataluña y demás miembros del Consejo de Gobierno, [...] de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la sentencia del Tribunal Constitucional 259/2015”, advirtió entonces el tribunal.

Desde octubre, los avisos del Constitucional se han notificado en todo momento a Torrent, al que se le ha recordado una y otra vez su "obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir”. Lo ocurrido esta mañana repite por tanto el mismo patrón: el Constitucional aprueba dos providencias con las que se suspende la vigencia de los acuerdos de la Mesa del Parlament y, al mismo tiempo, avisa al presidente de la cámara del riesgo de incurrir en este delito. Pero a diferencia de las anteriores ocasiones, la Fiscalía ha decidido ahora abrir una investigación contra la Mesa del Parlament por un posible delito de desobediencia.

Todos los pronunciamientos del Constitucional llegaban tras los correspondientes incidentes presentados por el Gobierno de España, escritos en los que también pedía a los magistrados que estudiaran a fondo el asunto para determinar si procedía deducir testimonio ante la Fiscalía. El Constitucional, sin embargo, no ha atendido esta solicitud en ninguno de los casos, lo que ha llevado al Ministerio Publico a abrir una investigación sin contar con la recomendación previa del tribunal

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