asalto a los actores sociales en cataluña

El plan de los sindicatos soberanistas: romper la caja única de la Seguridad Social

Son sindicatos de 'país', que quieren la independencia y la "liberación nacional" de Cataluña y que pretenden acabar con la hegemonía sindical de las centrales "de clase": CCOO y UGT

Foto: Manifestación en favor de la república de los derechos sociales convocada en Barcelona por la plataforma Alcem-nos, formada por la ANC y la Intersindical-CSC. (EFE)
Manifestación en favor de la república de los derechos sociales convocada en Barcelona por la plataforma Alcem-nos, formada por la ANC y la Intersindical-CSC. (EFE)

Para asaltar el mundo sindical, el independentismo ha puesto ya en marcha varias estrategias. La primera es la potenciación de los ‘sindicatos de país’, que pretenden desplazar a los ‘sindicatos de clase’, poco fiables desde el punto de vista soberanista. Lo que necesita el independentismo es un instrumento que obedezca ciegamente las consignas políticas que emanen de las organizaciones políticas o de las entidades cívicas. Propuestas atractivas como la jornada de 35 horas, un salario mínimo de 1.200 euros o políticas como la ruptura de la caja única de la Seguridad Social española son la base del nuevo sindicalismo que quiere catapultar el soberanismo.

El control del mundo sindical se pretende hacer desde varios sindicatos ‘amigos’: la Intersindical-Confederación Sindical de Cataluña (CSC), la Confederación Obrera Sindical (COS) y la CGT. El principal de ellos es la Intersindical-CSC, que se autodefine como “sindicato catalán, independentista y de clase”. Esta organización resalta que “la condición de nacional hace que no esté ligada a ningún sindicato estatal”. Para este sindicato, “es básico que los Països Catalans sean reconocidos no solo de hecho, sino también de derecho como marco normal de relaciones laborales y que estas (convenios, pactos laborales, formación, Seguridad Social…) se decidan y negocien lo más cerca posible del trabajador, en los Països Catalans, y no en Madrid o París”.

La Intersindical se arroga el derecho a postularse como “la primera fuerza sindical de obediencia nacional”, con “especial incidencia” en sectores como enseñanza, agua, banca, metal, administraciones públicas, químicas, universidades y seguros. Se declara también: “Sindicato laico, independiente, democrático y participativo. Impulsa un modelo sindical que da importancia trascendental a las secciones sindicales [los afiliados sindicales en la empresa] para que se organicen y tengan plena autonomía y decisión dentro del ámbito de su empresa”. A nivel internacional, forma parte de la Plataforma de Sindicatos de Clase de Naciones sin Estado (PSCNSE) y de la Federación Sindical Mundial, y mantiene relaciones de colaboración mutua con los vascos ELA y LAB, el gallego CIG, el sardo CSS y el corso STC.

Dirigida por un exterrorista

La Intersindical tiene entre sus principios el derecho de autodeterminación y de liberación nacional de Cataluña “como parte integrante de los Països Catalans”. También mantiene el compromiso para que el catalán sea la única lengua utilizada en “nuestra nación” y busca “la construcción de una Europa de pueblos libres y solidaria, en que la fuerza de los trabajadores y trabajadoras transforme las actuales estructuras de los estados”. El secretario general de este sindicato es Carles Sastre, un antiguo militante del Exèrcit Popular Català (Epoca) y de Terra Lliure que fue condenado por asesinar con una bomba lapa al empresario José María Bultó en 1977. Sin embargo, fue absuelto en el caso del asesinato de Joaquín Viola por falta de pruebas.

Desde la Intersindical se reivindica “un sistema catalán de Seguridad Social con caja propia”, cambiar el sistema fiscal “que perpetúa un expolio social contrario a los intereses colectivos” y competencias legislativas “en pensiones, salario mínimo, calendario laboral, empleo, formación e inmigración”. Este sindicato es el preferido por la ANC, Òmnium, PDeCAT o ERC. Para las huelgas del pasado 3 de octubre y 8 de noviembre, fue la Intersindical la que hizo valer sus credenciales sindicales con el objetivo de solicitar los permisos gubernativos correspondientes.

Con posterioridad, la patronal Fomento del Trabajo interpuso una denuncia por entender que la huelga del 8 de noviembre no era laboral sino política, pero los tribunales dieron la razón a la Intersindical este lunes. También es este sindicato el que se quiere para solicitar otro permiso de huelga general cuya principal reivindicación será la exigencia de liberación de los políticos encarcelados y el cierre de los sumarios relacionados con el 1 de octubre. Sin embargo, todavía no se han dado las condiciones sociales para que el paro pueda ser un éxito y los independentistas están a la espera de que el ambiente en la calle se caliente todavía más.

A la izquierda de la Intersindical se sitúa la COS, que es la referencia de la CUP en el mundo sindical. Este pequeño sindicato tiene representación importante en unas pocas empresas (entre ellas, Transportes Metropolitanos de Barcelona, Bomberos o la Universidad de Barcelona), pero poca incidencia real en el mundo del trabajo. Aun así, fiel a la tradición de la izquierda independentista, es pródigo en documentos estratégicos.

Meter a la abuela en el piquete

Uno de ellos se titula ‘El puesto de trabajo como espacio de intervención política’, y en él se afirma que la intervención política desde los lugares de trabajo es una “tarea prioritaria para cualquier organización que aspire a las emancipaciones social y nacional del Pueblo Trabajador”. Asegura que jamás “la superación de la actual situación de explotación se podrá dar ciñéndonos exclusivamente a la legalidad vigente”. Este sindicato se autodefine como organización sindical “de clase, socialista y feminista de los Països Catalans”, además de tener como objetivo “un sindicalismo anticapitalista para los Països Catalans”, aunque aboga por un “sindicalismo de clase y nacional”.

Los radicales sostienen que tiene una gran trascendencia política y que “abundar o extender las luchas laborales de la militancia de la izquierda independentista prestigia nuestra combatividad y significación en la lucha sociolaboral. Un eje que, por otro lado, es prioritario para la izquierda independentista es fortalecer uno de los elementos que tradicionalmente han garantizado el crecimiento sociológico y político de las organizaciones socialistas, que es la fortaleza del vínculo de organizaciones políticas o sindicales”.

Explica la COS que “la tradicional dinámica y el planteamiento del conflicto/huelga/negociación es a veces excesivamente previsible para la empresa, que puede encontrar fórmulas para criminalizarla y anularla”. En lugar de ello, se han de estudiar “variantes”, como “saber buscar lo que es más lesivo para el empresario, si atacar la esfera económica (asegurando el éxito de la huelga en aquellos sectores clave de la empresa) o directamente provocando una lesión en la imagen de la empresa (punto típico en las grandes empresas o corporaciones)”. En esta estrategia, subraya que en los pequeños pueblos y ciudades es “más importante llevar las dinámicas de lucha fuera de los centros de trabajo; de esta manera, se refuerzan las dinámicas de control social y de repudio comunitario contra el empresario. En las huelgas, es importante introducir en el piquete movilizador a la abuela, los hermanos, las amistades y los compañeros y compañeras de los puntos de información laboral, oficinas de derechos sociales, centros sociales, asambleas de parados…”.

Agua pasada para CCOO y UGT

Para los sindicatos tradicionales, la estrategia seguida por los ‘sindicatos de país’ no es preocupante. “Está volviendo a aparecer la idea de utilizar los sindicatos como correa de transmisión de la política. Esa idea se utilizó hace décadas, de tal modo que había una relación orgánica entre UGT y el PSOE y entre CCOO y el PCE. Pero hace mucho tiempo que los sindicatos nos hemos desprendido de esa idea de la transmisión y declaramos nuestra independencia y la pluralidad de nuestra afiliación”, explica a El Confidencial Montse Ros, secretaria de Organización y portavoz de CCOO en Cataluña.

También Laura Pelay, vicesecretaria general de la UGT catalana, señala que estos movimientos no les preocupan demasiado y que no teme las bajas que puedan producirse. “Nosotros no damos números de bajas. Es cierto que hubo peticiones de bajas y hemos llamado uno por uno a cada afiliado que quería dejarlo por haber participado en manifestaciones políticas. El 90% de la gente lo entendió. Pero también es verdad que se nos afilió gente por el mismo motivo por el que otra se dio de baja”, argumenta. Y añade: “Tenemos una altísima rotación de afiliados. Los intentos estériles de meter en barrena a los sindicatos nos dan igual. La gente quiere respuestas a sus problemas y no posicionarse a favor o en contra”.

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