LA CONSTITUCIÓN PROHíBE CUALQUIER FRAGMENTACIÓN

La absurda (y falsa) polémica sobre la caja única de la Seguridad Social

El debate sobre la ruptura de la caja única de la Seguridad Social es recurrente. Pero el TC ha zanjado en numerosas ocasiones el asunto. La Carta Magna lo prohíbe taxativamente

Foto: Fátima Báñez durante una visita a 'El Confidencial'. (Carmen Castellón)
Fátima Báñez durante una visita a 'El Confidencial'. (Carmen Castellón)

El monstruo del lago Ness, como se sabe, emerge envuelto en su misteriosa oscuridad cuando lo cree oportuno. Pero hay otro monstruo, el de la ruptura de la caja única de la Seguridad Social, que surge de las tinieblas parlamentarias en fecha previsible. En concreto, unos días antes del debate anual de totalidad de los Presupuestos Generales del Estado.

Normalmente, durante la última semana de octubre. Aunque como este Gobierno se ha acostumbrado, como el monstruo, a presentar los Presupuestos cuando lo cree oportuno —incumpliendo de forma clamorosa el mandato constitucional—, en esta ocasión Nessie ha aparecido en abril, cuando las noches son ya más cortas.

Las fechas son importantes, porque es probable que el año que viene —y a la vista de que tensar los problemas territoriales de España da votos— se vuelva a hablar de la ruptura de la caja única de la Seguridad Social, un asunto ya zanjado en numerosas ocasiones por el Tribunal Constitucional —y hasta por el sentido que común, que diría Rajoy—, pero que emerge periódicamente alentado por alguna prensa y partidos que buscan engordar sus caladeros de votantes.

Es probable que el año que viene se vuelva a hablar de la ruptura de la caja única de la Seguridad Social, un asunto ya zanjado por el Tribunal Constitucional

Lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en numerosas sentencias —y en tres de ellas de forma diáfana (1989, 1996 y 2013)— es que el sistema español de Seguridad Social es de caja única, lo que significa, lisa y llanamente, que trabajadores y empresarios cotizan, y esa recaudación va a un fondo común que, posteriormente, se reparte con un doble criterio: respetando una cierta proporcionalidad (nunca es perfecta) entre lo cotizado y lo percibido, y dejando un margen para que cada Gobierno tome sus propias decisiones en el marco de las políticas públicas que considere oportunas.

En palabras del Tribunal Constitucional (sentencia de 1989), “el principio de unidad presupuestaria de la Seguridad Social significa la unidad de titularidad (…) puesto que, si faltara un único titular de los recursos financieros del sistema público de aseguramiento social, tanto para operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias, no podría preservarse la vigencia efectiva de los principios de caja única y de solidaridad financiera, ni, consecuentemente, la unidad del sistema”.

Es decir, el factor territorial no cuenta a la hora de repartir los recursos: las pensiones no se territorializan más allá de conocer el domicilio de los beneficiarios y dónde se producen las cotizaciones, lo cual es, en realidad, un registro contable. Entre otras cosas, porque un ciudadano puede recibir ahora su pensión en Cataluña o el País Vasco y haber cotizado durante sus años de vida laboral en Valencia o Madrid (o viceversa). Y de ahí que romper la caja única no solo sería una estupidez política, sino también económica.

Rendimientos ficticios

En España, el sistema de reparto no es de cuentas nocionales, como en Suecia, lo que significa que no existen cuentas virtuales e individualizadas en las que cada trabajador registra sus aportaciones, lo que le permite conocer los rendimientos ficticios (se tiene una noción) que dichas cotizaciones generan a lo largo de la vida laboral. Aquí todo va a un fondo común: la célebre caja única.

En el caso del Estatuto gallego se matiza que esta recepción se hará (artículo 33) “sin perjuicio de la caja única”. Una especie de voluntarismo político

El resurgir del monstruo probablemente tenga que ver con el hecho de que en dos estatutos de Autonomía —el del País Vasco y Galicia— se menciona la gestión del régimen económico de la Seguridad Social como una de las competencias autonómicas. Si bien en el caso del Estatuto gallego se matiza que esta recepción se hará (artículo 33) “sin perjuicio de la caja única”. Una especie de voluntarismo político, pero poco más.

El caso del País Vasco es más complicado, porque lo que históricamente ha reclamado el PNV es el cumplimiento de la disposición transitoria quinta del Estatuto de Gernika, que establece que Euskadi “asumirá la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad, según los procedimientos, plazos y compromisos que, por una ordenada gestión, se contengan en tales convenios”.

Es decir, se señala un instrumento —las comisiones mixtas— que ningún Gobierno se ha atrevido a poner en marcha. Entre otras cosas, porque la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional no deja lugar a dudas sobre la imposibilidad de romper la caja única. Tan solo, y de manera adicional, se aceptan funciones complementarias en la gestión económica de la Seguridad Social, pero siempre que “no puedan comprometer la unidad del sistema o perturbar su funcionamiento económico uniforme, ni cuestionar la titularidad estatal de todos los recursos de la Seguridad Social o engendrar directa o indirectamente desigualdades entre los ciudadanos”. Mas claro, agua.

Otra cosa es la gestión de algunos recursos complementarios vinculados a la Seguridad Social, como los que puso en marcha Andalucía

El caso vasco es todavía más singular si se tiene en cuenta que en el acuerdo de legislatura suscrito en 2016 entre el PNV y el Partido Socialista de Euskadi se remite, precisamente, al Estatuto de Gernika para reclamar una competencia que nunca podrá llegar salvo que se reforme la Constitución, lo que explica que en este asunto el PSOE se ponga de perfil, mientras que Ciudadanos vea la luz electoral cada vez que alguien mencione nuevas concesiones para los nacionalistas.

Otra cosa distinta es la gestión de algunos recursos complementarios vinculados a la Seguridad Social, como los que puso en marcha Andalucía —enfrentada con el primer Gobierno Aznar— a finales de los años noventa, cuando planteó un incremento adicional a las pensiones no contributivas respecto de la subida que aprobó el Ejecutivo.

En aquella ocasión, el Constitucional dio la razón a Andalucía, ya que la asistencia social es una competencia autonómica, pero dejando bien claro que las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación de la Seguridad Social forman parte del patrimonio de la Seguridad Social y se integran en la llamada 'caja única del sistema'. Es decir, que Nessi tendrá que esperar unos meses —PGE de 2019— para volver a emerger del fondo del lago.

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