El 1-O y la respuesta judicial abren un boquete en los sindicatos

El proyectado referéndum del 1-O y, sobre todo, la respuesta judicial al 'procés' han abierto un boquete en el mundo sindical, que hasta ahora, como sostiene un veterano líder sindical, había pretendido “ponerse de perfil”.

El detonante ha sido un comunicado conjunto firmado por las federaciones de UGT y CCOO en Cataluña en el que se condena “la conculcación de derechos civiles y las medidas de ámbito penal que se están llevando a cabo en Cataluña”. Ambos sindicatos exigen en el comunicado “que se dejen de violar derechos como el de manifestación, reunión, el derecho a la información y al secreto de las comunicaciones”.

La nota se produjo 'en caliente'. Es decir, en medio de fuertes tensiones vividas este miércoles en algunas calles de Barcelona, y coincide en el tiempo con un acto celebrado ayer en el que veteranos sindicalistas —de CCOO, UGT y USO— han decidido defender el no a la independencia.

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El manifiesto, impulsado por un antiguo secretario general de CCOO en Cataluña, José Luis López Bulla, está suscrito, entre otros, por Antonio Gutiérrez, Manuel Zaguirre (ex secretario general de USO), Isabel López i Chamosa (exdiputada del PSC) y sindicalistas y dirigentes de la izquierda como Isidor Boix, Dolors Hernández, Joaquín González Muntadas, Josép Maria Rañé, 'exconseller' de Trabajo de la Generalitat, o Lali Vintró, exdirigente del PSUC.

El argumento central del manifiesto es que la independencia de Cataluña “debilitaría gravemente la cohesión y la fuerza de la clase trabajadora en un momento histórico decisivo”. Además, dicen los firmantes del manifiesto, “comprometería también el desafío de culminar el proyecto histórico de Unión Europea con la Europa social, solidaria y federal”.

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Esta visión sindical, sin embargo, contrasta con los movimientos que han producido en los últimos años tanto UGT como CCOO en Cataluña, donde se han volcado en el derecho a decidir. Es decir, la consideración de Cataluña como sujeto político y no el conjunto del territorio español, como proclama la Constitución. Por lo tanto, hay un cambio generacional que explica la actitud de los sindicatos ante la independencia.

Las dos centrales en Cataluña, de hecho, han formado parte del bloque independentista, hasta el punto de que suscribieron un acuerdo estratégico con la Asamblea Nacional de Cataluña para sacar adelante la consulta del 9-N. Posteriormente, firmaron otro acuerdo similar con Òmnium, otra organización independentista que forma parte del enjambre de organizaciones sociales y políticas que impulsan el proceso de autodeterminación y el referéndum del 1-O.

Entre UGT y ERC

Los dos sindicatos, sin embargo, han seguido en los últimos meses, con ocasión de su renovación, caminos diferentes. Mientras que el nuevo líder de CCOO Cataluña, Javier Pacheco, es ajeno al mundo independentista (al contrario que su antecesor, Juan Carlos Gallego, paradójicamente protegido político del diputado Joan Coscubiela), el secretario general de UGT Cataluña que sustituyó a José María Álvarez está plenamente inserto en el soberanismo. De hecho, Camil Ros fue el responsable durante dos años (1996-98) de las juventudes de ERC. Varios dirigentes de UGT, igualmente, formaron parte del Govern, como la exconsejera de Presidencia Neus Munté.

Pepe Álvarez, durante sus largos años como secretario general de UGT en Cataluña, defendió abiertamente el derecho a decidir, y aunque desde que accedió a la secretaría general ha querido mantenerse al margen, lo cierto es que muchos de sus adversarios dentro del sindicato le recuerdan ahora su pasado. Entre otras cosas, porque los estatutos de UGT dejan meridianamente claro que tanto la confederación como las federaciones agrupadas “proclaman su adhesión y defensa del orden fundamental democrático del Estado español”. Y, por lo tanto, cualquier veleidad independentista conculca los estatutos confederales.

El debate en CCOO, por el contrario, es más sosegado. El sindicato de Unai Sordo ha apostado por la creación de una ponencia constitucional para abordar los problemas territoriales de España, lo que supone abrir una negociación que, necesariamente, asegura, debe culminar con una “solución política”. Y de ahí que haya hecho un llamamiento “tanto al cese de las actuaciones jurídico-policiales como a la suspensión del proceso hacia el 1 de octubre para habilitar un marco democrático y de normalidad para el ejercicio de la política”. CCOO de Cataluña, incluso, ha abierto un espacio para asesorar a los trabajadores que puedan verse involucrados en el 1-O.