Vuelven los tambores de guerra por el trasvase del Ebro en Aragón, pero Azcón cierra el grifo

Pere Aragonès aseguró el domingo que el trasvase de aguas del Ebro no se contemplaba "en ningún caso" como medida contra la sequía. Pocas horas después, se supo que la Generalitat había pedido a la Confederación Hidrográfica un caudal de cinco hectómetros cúbicos para regar 5.000 hectáreas de viñedos y olivos en el Priorato, en Tarragona. La solicitud ya ha provocado la reacción pública del Ejecutivo de Aragón y de la mayoría de las fuerzas políticas regionales. Desde hace semanas, las formaciones siguen con recelo los movimientos que se plantean en Cataluña para hacer uso de los recursos hídricos.

Tras divulgarse la demanda del Govern, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, advertía de que rechazarían desde su equipo cualquier trasvase que signifique sacar aguas de la cuenca hidrográfica del Ebro. "Aquí no sobra agua", recordaba, a la vez que instaba al PSOE aragonés a formar un frente común contra esta nueva intentona. A ese respecto, los socialistas mostraron la “posición inequívoca” de su partido, contraria a cualquier trasvase, y señalaron que fue la formación quien paró el Plan Hidrológico Nacional de 2001 con José María Aznar. Asimismo, el Partido Aragonés (PAR) señaló que “no permitirá un trasvase del Ebro para regar en Cataluña mientras en Aragón los campos mueren de sed". Chunta Aragonesista, Aragón Existe e IU, por su parte, se manifestaron en los mismos términos. Como los regantes y ecologistas. Solo Vox se desmarcó.

En este caso, se trata de una obra de 60 millones para abastecer embalses del Priorato. Por un lado, desde el municipio de García —en la Ribera de Ebro— hasta el embalse de Siurana. Y, por otro, la conexión del pantano de Margalef con la red del canal Garrigues Sur. Azcón ya ha advertido de que lo va a combatir en todos sus frentes, ya que “supone una amenaza real", dada la "dependencia del Gobierno de Pedro Sánchez de los independentistas”.

La amenaza del trasvase del Ebro a Barcelona había vuelto a escena en diciembre con la propuesta del Observatorio del Agua de Cataluña de construir una tubería desde Tarragona a la Ciudad Condal. Se planteó como una medida para afrontar la sequía que sufre la comunidad, de modo que se plantea conectar la cuenca, desde el Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT) —que distribuye el agua del minitrasvase desde los años ochenta desde el Ebro a Camp de Tarragona— con las del Ter y del Llobregat (cuencas internas de Cataluña) para asegurar el suministro a Barcelona y Girona si persiste la falta de precipitaciones.

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Pere Aragonès respondió que, a falta de trasvase, abordarán la falta de agua con otras soluciones como el uso de barcos. Pero, a la vez, gestionaban esa petición para el Priorato, que según su propio conseller, además de la petición de nuevos caudales, conlleva trasvase entre cuencas. En paralelo, en Aragón, ante la sucesión de informaciones y pronunciamientos, ya cundía la preocupación, abonada por el actual escenario político de concesiones.

En el caso de ERC, con esas aguas para riegos. Y aunque Aragonès haya tratado de evitar por todos los medios reabrir un debate que incendia las comarcas del Delta y sería muy lesivo para sus intereses electorales, no es el caso de Junts.

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El pasado día 8, todos los partidos con representación en el Ayuntamiento de Tortosa hacían suyo el rechazo de la Plataforma de Defensa del Ebro a la unión de cuencas, alegando las necesidades de preservar el Delta, siempre con poco caudal. Pero Junts, pocos días antes, se abstenía en una moción de los comunes en el Parlament que pedía afianzar el compromiso contra el trasvase, y que sí secundaron PSC, ERC y CUP.

Trasvase, conexión, interconexión

“Primero era trasvase; después, minitrasvase; luego, trasvase otra vez. En 2008, conexión entre cuencas y, ahora, interconexión mallada de redes y desvío de aguas. Pero es lo mismo de siempre: llevar aguas fuera de la cuenca y, al final, a Barcelona", explica un técnico del Gobierno. Que añade: "Ahora se impulsa con la sequía, pero, una vez activado, el trasvase es fuente de crecimiento de territorios más ricos y de demanda insaciable, a costa de las cuencas cedentes y menos desarrolladas. Y se rompe la unidad de la cuenca, que no es de fácil equilibrio, ya que el Ebro es un río mediterráneo, de comportamiento irregular, con muchas etapas de sequía”.

Los nuevos intentos implican conectar dos cuencas de administraciones diferentes, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y la Agencia Catalana del Aigua (ACA), la primera con reservas y la segunda, al borde de la emergencia. Pero esa circunstancia es excepcional y, de hecho, para lanzar las propuestas, han tenido que esperar a que el Ebro mejorara sus registros.

“Se esgrime —indica el mismo experto— que las cuencas internas de Cataluña están al 16,8% de su capacidad frente al 62% que registra el Ebro, y que incluso Mequinenza, el gran embalse situado en Aragón, en el límite con la comunidad catalana, está en el 81%". Sin embargo, remarca que esto no siempre es así: "La media de las reservas de las cuencas internas de Cataluña en los últimos 10 años ha sido del 69,2%, mientras que las del Ebro se quedaban en el 64,1%". Y ese mismo gran pantano de Mequinenza, el año anterior, se quedó en el 22%, prosigue, e incluso estuvo "a punto de tener que parar la central hidroeléctrica por primera vez en sus más de 50 años de funcionamiento". Hace apenas unos meses que "se han regenerado”.

Inquietud en Aragón

Por eso la inquietud crece en Aragón ante el riesgo de que las aguas del Ebro sean moneda de negociación, especialmente en el caso de Junts. Aunque sus representantes en el Delta lo hayan rechazado, su abstención en la moción del Parlament lo evidencia. Ahora, por la sequía, pero igualmente de cara al futuro. También como una escenificación para denunciar la poca capacidad de gestión del Gobierno de Esquerra, contra el que arrecian las críticas por no haber ejecutado las infraestructuras necesarias. Un conjunto de circunstancias que hace temer que esta concesión sea el siguiente apoyo a la gobernabilidad de Sánchez.

A la sequía y el contexto político se ha sumado el cambio a final de diciembre del presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Ahora es Carlos Arrazola (Barcelona, 1969), químico de formación y anterior comisario de aguas, pero de un perfil más técnico que político. La CHE es una institución muy jerarquizada, perteneciente al Ministerio de Transición Ecológica; aunque la ministra es declaradamente antitrasvasista, las concesiones al independentismo están siendo tan elevadas que, con la excusa de la sequía, nada es descartable.

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Ante el proyecto de llevar agua al Priorato, el propio conseller de la Generalitat explicó el domingo a los regantes que, aunque costosa, la CHE “la ve con buenos ojos”. El ministerio puede autorizar directamente concesiones de un hectómetro cúbico. Cuando se trata de un caudal de entre tres y cinco, puede hacerlo el Consejo de Ministros, que sería este caso. Para más de cinco hectómetros cúbicos, ya hace falta una ley. Ante las explicaciones del conseller, la CHE explicó que el plan del Priorato no está contemplado en los proyectos previstos hasta 2027. A partir de esa fecha, todas las comunidades podrán plantear sus propuestas bajo los criterios de sostenibilidad: garantía de agua, viabilidad ambiental, existencia de derecho y existencia de financiación.

La autorización de 2008, suspendida… por lluvias

En Aragón, recuerdan que una situación similar se vivió en 2008, cuando, tras un periodo prolongado de falta de agua, el entonces tripartito de PSC, ERC e Iniciativa arrancó del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero un real decreto que ampliaba la limitación geográfica a la provincia de Tarragona del trasvase de 1981. Se aprobó el 18 de abril y permitía prolongarlo a Barcelona por sequía sostenida, calificada de "emergencia nacional".

El coste de conectar la red del CAT con la red del sistema Ter-Llobregat se estimaba en 180 millones e incluso se adjudicó a un consorcio de compañías. Pero el mes de mayo resultó sorpresivamente tan lluvioso que, en pocos días, las cuencas internas alcanzaron el 60% de su capacidad. Y como el decreto vinculaba su ejecución a la persistencia de la sequía, el 6 de junio de 2008 se suspendía la vigencia, aunque no se derogaba.

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Contra el decreto de autorización de la utilización de aguas del Ebro en Barcelona actuó el entonces justicia de Aragón, Fernando García Vicente, que instó al Gobierno de Aragón a plantear un recurso de inconstitucionalidad por haberlo dictado sin el informe preceptivo de la comunidad autónoma, que debe hacerlo ante cualquier propuesta de obra hidráulica o de transferencia que afecte a su territorio. La iniciativa complicó la posición del entonces presidente de Aragón, el socialista Marcelino Iglesias, que se acogió a exigir la anulación si la emergencia desaparecía, como finalmente ocurrió.

Ante los proyectos ahora en escena, es de nuevo preceptivo el informe del Gobierno de Aragón, obligación recogida en el Estatuto, que en su artículo 19 mandata velar para evitar la trasferencia entre cuencas: “Corresponde a los poderes públicos aragoneses, en los términos que establece este documento y de acuerdo con el principio de unidad de cuenca, la Constitución, la legislación estatal y la normativa comunitaria aplicables, velar especialmente para evitar transferencias de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la comunidad autónoma que afecten a intereses de sostenibilidad, atendiendo a los derechos de las generaciones presentes y futuras”.

"Interconexión mallada de redes"

El proyecto de los ingenieros se presenta como una "interconexión mallada de redes" que "permita resolver situaciones puntuales y de emergencia, reversible y que se regule de forma transparente, con un sistema de compensaciones ambientales y garantías territoriales". La obra consistiría en una canalización de 65 kilómetros de longitud, entre El Vendrell y Olérdola, paralela a la AP7, de un diámetro de 1,3 metros como máximo para llevar las aguas del Ebro que llegan al CAT a la red Ter-Llobregat.

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Para hacerlo realidad, el Gobierno tendría que modificar de nuevo la Ley 18/81 para suprimir el límite geográfico a la provincia de Tarragona y permitir que llegaran a la de Barcelona, como se hizo en 2008. Los defensores del proyecto esgrimen que únicamente tomarían los caudales que no se consumen de la concesión actual del minitrasvase. El CAT tiene concedidos cuatro metros cúbicos por segundo, de los que hoy se usan entre 2,4 en invierno y 3,7 en verano. Si los cuatro metros cúbicos por segundo fluyesen continuamente y hubiera una presa, se generaría un embalse equivalente al de San Salvador, de 120 hectómetros cúbicos.

Los embalses de las cuencas internas de Cataluña Ter y Llobregat están al 16,8%, y entran en situación de emergencia por debajo del 16%. El medio que ahora tiene más visos de utilizarse para paliar la sequía es llevar recursos en barcos desde Tarragona, una medida de eficacia muy limitada. En 2008, costó 21 millones de euros mensuales: aunque solo llegó un buque, no pudieron anularse los contratos hasta agosto y la ACA pagó 80 millones de euros. La alternativa de las desaladoras va al ralentí por el elevado coste que supone producir agua potable.