La última crecida del Ebro confirma la urgencia de reordenar el territorio

Estamos muy acostumbrados a clasificar de “históricos” los peligros naturales que se están desarrollando en los últimos años en nuestro país. Pero no siempre merecen este calificativo. Esta última crecida del Ebro ha sido extraordinaria, pero no histórica. Nada que ver con crecidas más importantes ocurridas en esta cuenca fluvial en lo que llevamos de siglo, como las de 2003 y, sobre todo, 2015.

La vivida estos días de diciembre de 2021 ha sido una crecida muy controlada. Comenzó con energía en el tramo alto (Navarra) y prosiguió como inundación masiva con velocidad elevada en el tramo medio hasta llegar a los grandes embalses de cola. Por tanto, salvo los importantes daños causados por los ríos tributarios de Navarra por su margen derecha, la crecida del Ebro desde Tudela a Zaragoza ha inundado lo que habitualmente suele inundar el Ebro en este tipo de crecidas sin llegar ni mucho menos a los umbrales de 2015.

Sin mapas de riesgo y sin prohibición real de ocupación de las áreas de riesgo no se reducirá el riesgo de inundación de forma efectiva

Por supuesto que para los propietarios de las casas y campos inundados por las aguas del Ebro estos días, esta inundación, como cualquier otra vivida, genera un verdadero drama. Todo el trabajo del año se pierde, y muchos enseres se vuelven inservibles. La ayuda económica debe paliar en lo posible estos daños. Afortunadamente, no se han producido victimas humanas.

En España, este tipo de inundaciones que denominamos 'masivas' no suelen causar la pérdida de vidas humanas. Se van anunciando en los sistemas de alerta hidrológica con tiempo suficiente para poder activar los mecanismos de aviso y evacuación de protección civil. Nada que ver con las crecidas relámpago, frecuentes en el litoral mediterráneo, que todos los años siguen causando víctimas mortales debido al escaso tiempo de reacción entre la lluvia torrencial y la crecida desorbitada de ríos y barrancos.

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Ahora, junto al resarcimiento de los daños causados por los peligros naturales, debe producirse la reflexión sobre las causas reales que están detrás de este tipo de episodios meteorológicos o hidrológicos extremos. En España se ha avanzado mucho en el pronóstico meteorológico (AEMET) y en el aviso hidrológico gracias a los sistemas automáticos de información hidrológica que funcionan en las Demarcaciones Hidrográficas.

Esto ha permitido disminuir la cifra de víctimas mortales por inundaciones de forma muy importante. La “gota fría” de octubre de 1982 en la cuenca del Júcar, con la rotura de la presa de Tous, activó la mejora de estos sistemas de predicción y alerta, con resultados excelentes desde entonces.

Pero sigue siendo un problema la parte “territorial” de estos fenómenos. La política hidráulica para la reducción del peligro de crecidas ha apostado, tradicionalmente, por la obra de infraestructura en los cauces o márgenes. Presas de contención, instalación de motas, encauzamiento de tramos del río, desvío de cursos fluviales han sido las actuaciones habituales en estos casos. Y en muchas ocasiones necesarias.

Gracias a ello también se han evitado víctimas humanas y daños económicos en viviendas, equipamientos, infraestructuras y actividades económicas implantadas en los territorios potencialmente afectables. Pero los episodios de inundación ocurridos en las dos últimas décadas en nuestro país, han evidenciado que ni incluso las obras hidráulicas de contención de avenidas fluviales han resultado efectivas en muchos casos. O, por el contrario, han tenido el efecto contrario.

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Una vez el caudal de crecida de un río desborda las motas o rebasa la capacidad de contención de una presa o unos márgenes hormigonados, las aguas causan más daño porque no pueden regresar al cauce natural de los ríos y permanecen en el territorio fluvial mucho más tiempo, generando perdidas económicas más elevadas.

Junto a las obras hidráulicas, se han desarrollado acciones de ordenación del territorio para la reducción del riesgo. Algunas Comunidades Autónomas de nuestro país han aprobado planes de reducción del riesgo de inundación a partir de medidas efectivas de planificación urbana y territorial. Estos planes contemplan la elaboración de cartografías de riesgo o el manejo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables y la aprobación de normas que prohíben ocupar con usos urbanos (viviendas, equipamientos importantes) aquellas zonas que presenten alto riesgo de inundación en los mapas elaborados.

Es un avance importante. Pero no debemos olvidar que esto puede ayudar a reducir la ocupación del territorio fluvial a futuro; es decir, van a permitir que el riesgo no siga aumentando, si realmente se cumple la norma. La última versión de la Ley del Suelo estatal de 2015, que obliga a incorporar mapas de riesgo en los procesos urbanísticos, y la modificación en 2016 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, han dejado un mensaje claro para la promoción urbanística y para las administraciones competentes en temas territoriales, en materia de reducción del riesgo de inundación.

Aun así, queda mucho territorio que está mal ocupado, indebidamente ocupado, en zonas de riesgo. Ocupaciones a veces históricas y en otras ocasiones incomprensiblemente recientes en valles y llanuras de inundación donde los ríos cuando crecen inundan todo lo que encuentran a su paso. Porque el territorio fluvial, de facto, es propiedad de los ríos, aunque, de iure, el ser humano se lo haya apropiado. Y nadie se atreve a llevar a cabo expropiaciones en zonas de alto riesgo de inundación que estén ocupadas por usos del suelo que supongan peligro evidente para la vida humana. El resultado es que las inundaciones en España siguen siendo inevitables.

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Es imposible, hoy por hoy, desocupar el territorio fluvial. Se necesitaría un cambio legislativo importante, radical, y una voluntad política unánime. Y ni una cosa ni la otra se va a conseguir en España en el corto plazo.

Al menos debe quedar la enseñanza que nos ofrecen estos episodios de inundación, que se pueden sintetizar en este decálogo de observaciones a tener en cuenta:

1. Que los ríos crecen y se desbordan y que ese funcionamiento es lo normal en un cauce fluvial
2. Que estos episodios cada vez están siendo más habituales en el contexto de cambio climático que vivimos y ello nos obliga a tomar medidas.
3. Que el dragado de los ríos no es la solución al problema de las inundaciones. El problema es la ocupación indebida del territorio fluvial. El dragado. puede ser una medida puntual en áreas concretas, especialmente en la desembocadura de los ríos para favorecer la evacuación al mar del agua de crecida.
4. Que el agua de crecida no se puede trasvasar como aprovechan algunas voces interesadas y con poco conocimiento de la dinámica fluvial en estos episodios de avenida fluvial. Las aguas de crecida deben ir al mar para permitir el funcionamiento natural de los ríos y los procesos ecológicos de los espacios de desembocadura y del litoral próximo.
5. Que la apuesta por la reducción del riesgo de inundación debe pasar por la ordenación racional del territorio, cumpliendo a rajatabla la actual Ley del Suelo de 2015.
6. Que los mapas de riesgo de inundación deben ser rigurosos y deben estar elaborados por aquellos técnicos o científicos con formación específica en análisis de riesgo (geógrafos, geólogos, ambientalistas, ingenieros geólogos, ingenieros hidráulicos). Recordemos que de estos mapas depende la salvaguarda de la vida humana.
7. Que las medidas de ordenación del territorio deben permitir, como principio fundamental, no aumentar más el riesgo de inundación. Deben prohibir radicalmente los intentos de ocupación urbanística de las áreas inundables.
8. Que la inversión en predicción meteorológica, aviso hidrológico y protección civil debe aumentar en los próximos años porque, como se ha señalado, estos eventos van a ir a más debido al cambio climático.
9. Que es imprescindible educar a toda la población para el riesgo y no solo en las escuelas. El fomento de la educación para el riesgo es una obligación ética de las administraciones públicas, máxime si queremos cumplir la máxima de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los próximos años.
10. Y que debemos apostar por una comunicación del riesgo, en los medios de comunicación y redes sociales, que sea sencilla y veraz, que evite el titular llamativo y catastrofista, que comunique educando, transmitiendo enseñanzas que sirvan como principio fundamental para la salvaguarda de la vida humana.

En España, la alteración importante que ha experimentado nuestro territorio en el último medio siglo, ha elevado el nivel de riesgo frente a los peligros naturales, especialmente frente a las inundaciones, porque hemos actuado imprudentemente sobre el medio natural, ocupando espacios que no debíamos haber invadido con usos urbanos, equipamientos e infraestructuras.

La naturaleza ha vuelto a demostrar que, en la batalla fomentada por el ser humano por el dominio del medio físico, siempre gana, por mucho dinero que gastemos para intentar controlarla. Las inundaciones se han convertido en un fenómeno inevitable en nuestro país debido a la acción humana indebida sobre el territorio fluvial. Mientras no se reconozca este hecho, las soluciones para reducir el riesgo no se orientarán de forma correcta.

Los ríos no se pueden dominar por la fuerza. Es el ser humano el que debe adaptar sus actuaciones en el territorio fluvial para que la convivencia con los ríos sea lo menos traumática posible cuando estos se comportan con fiereza. Y esto va a ser cada vez más frecuente.