Por qué ya no se construyen pantanos en España para gestionar el agua

Se ha vuelto tan poco sexy hablar de pantanos, o presas, que en la literatura administrativa y la jerga oficial se ha creado el eufemismo 'obras de regulación' para referirse a los antaño reyes del informativo del Nodo. España, potencia mundial en embalses con 1.200 lo que la sitúa líder en Europa vive, sin embargo, una sequía en la construcción de nuevas infraestructuras de este tipo. La normativa de agua emanada de Bruselas y vigente desde inicios de siglo, la apuesta por la desalación tras la derogación del Plan Hidrológico Nacional, la presión ecologista y la crisis económica que laminó los recursos para obras públicas han sido una tormenta perfecta para estos proyectos.

Las confederaciones hidrográficas, especialmente Ebro, Guadalquivir y Duero, tienen 'pintados' en sus planes de cuenca al menos 17 nuevos pantanos en el horizonte del año 2033. Todos son competencia del Estado, que debería invertir alrededor de 800 millones para levantarlos todos, según un informe de la patronal de constructoras Seopan realizado por Sener. Algunos son para prevenir inundaciones, otros para almacenamiento para suministro y riego, y otros son recrecimiento de presas ya existentes. El ministerio de Transición Ecológica, que ha asumido las competencias sobre Agua, no ha respondido a las cuestiones de El Confidencial para este reportaje.

La Directiva Marco de Agua aprobada por la Comisión Europea en 2000 es señalada por regantes e ingenierías como un punto de inflexión en contra de los tradicionales proyectos de acumulación de agua realizados en España. "Se ha pasado a ignorar la cantidad de agua y a valorar fundamentalmente la calidad. Pero en España, si en verano podemos dar de beber a 70 millones de personas al mes debido al turismo, es gracias a las presas y embalses: conservan el 45% del agua de lluvia. Y lo que creemos es que se puede aumentar la capacidad embalsada hasta los 70.000 hectómetros cúbicos, desde los 54.000 actuales", resume Andrés del Campo, líder de los regantes españoles agrupados en Fenacore.

Carlos Benítez, portavoz de la patronal de ingenierías de obras públicas Fídex, añade que a la Directiva de Agua hay que sumarle la de Inundaciones. "Esta última prioriza obras que afecten a los cauces, como llanuras para retener artificialmente el agua, frente a los tradicionales pantanos. La cuestión clave a día de hoy, en cuanto a regulación, es que es más complejo hacer encajar un nuevo embalse dentro de la gestión de una cuenca, Bruselas ha elevado la exigencia. Hay planes de cuenca que apuestan por ellos, avanzan muy lentos, pero creemos que es más por problemas presupuestarios que otra cosa".

Ecologistas en Acción, y otras organizaciones, llevan exigiendo en paralelo desde hace años la destrucción de presas en desuso, con fallos o que se han revelado inservibles. Identifican una quincena, como este medio ha informado. La construcción (potencial) de embalses para otros 16.000 hectómetros cúbicos es considerada en cualquier caso por regantes y expertos de Fídex como una cifra de máximos, "sería rizar el rizo, pero no tenemos por qué llegar necesariamente", resume Del Campo.

Desde la organización de grandes productores agrarios Asaja, su presidente en Andalucía, Ricardo Serra, pone el acento en "no generar expectativas sobre nuevas zonas de regadío, se va a aumentar el déficit hídrico en esa zona, la administración debe ser consciente de que nuevos regadíos exigen en muchos casos embalses. Por supuesto sin olvidar que el 65% del empleo agrario se concentra en el 15% de la tierra cultivable que tiene riego".

Los agricultores piden a la administración dotar de embalses los nuevos regadíos, y las ingenierías exigen analizar primero si regar será sostenible

Desde las ingenierías van más allá que Serra y señalan que no se deben generar situaciones como la de Murcia, donde se han sobreexplotado las aguas subterráneas y ahora la demanda ya no se puede cubrir y se está en la tesitura de perder hectáreas agrarias, o aumentar la desalación o confiar en nuevos trasvases. "Regadío, sí, está claro la riqueza que genera, pero allí donde sea sostenible, para evitar crear problemas futuros", señala Carlos Benítez.

Pensando en términos globales, Del Campo pone cifras de la ONU (de la FAO) que indican que el aumento de la población solo podrá ser alimentada por la tierra agraria si esta eleva entre un 40 y un 60 % en el horizonte de 2050. "Esto solo es posible con biotecnología y con riego. Una hectárea de riego equivale de media a seis de secano, pero por ejemplo la de una hectárea de cultivo intensivo puede llegar a equivaler a 40 de secano", abunda el líder regante. España usó 15.000 hectómetros cúbicos para riego agrícola en 2016, últimas cifras disponibles y que fueron similares a las del año anterior.

De las principales actuaciones incluidas en los planes de cuenca, y por tanto ajustadas a la legalidad, hay 14 proyectos que el informe indica que no se habían iniciado a cierre de 2016. Otros dos, en el Ebro, tenían planificación de algunas obras, y en otro caso (Acolea, Huelva), están paradas. Todas, las 17, son competencia del Estado en lo que a su construcción se refiere. La inversión para toda la política de Aguas que incluye también abastecimiento, depuración, conducciones o ingeniería, según datos de Seopan recogidos de los presupuestos del Estado, pasó de 1.920 a 960 millones entre 2013 y 2016.

Una reivindicación unánime de las organizaciones que representan a los usuarios agrícolas del agua es la de que se pueda retomar la iniciativa de un Plan Hidrológico Nacional. "La desalación no ha funcionado, incluso nos arriesgamos a sanciones europeas por esos proyectos, y además de presas también hay pendientes una veintena de trasvases. Las sequías que padecemos son pluviométricas, no hidrológicas gracias a las obras de regulación. Con el cambio climático, que trae lluvia torrencial y sequías más largas, aún más necesarias".

No todo son presas

En Andalucía saben bien lo que es tener que convivir, agricultura y medio ambiente, en el siglo XXI con la gestión hídrica de la desembocadura del Guadalquivir. Se trata de la convivencia del parque de Doñana con arroceros (en Sevilla) y con freseros y cultivadores de fruto rojo (Huelva). En el primer caso, señala Ricardo Serra de Asaja, si se modernizara el último tramo de los regadíos para no coger el agua directamente del río "se ahorraría muchísima agua y no habría que desaguar para empujar aguas abajo el tapón salino y poder regar el arroz". Además, Serra pide facilitar la construcción de balsas en las orillas que permitan recoger agua en las grandes avenidas, como las de la pasada primavera, lo que le acerca en este punto a la filosofía europea de mejorar la gestión de los excedentes de agua en inundaciones.

Distinta es la solución para surtir a la eclosión de cultivos de frutos rojos en la corona norte del parque de Doñana, con numerosos casos de ilegalidades en la captación de agua con pozos no declarados. Se ha planificado para ello un trasvase desde la futura nueva presa de Alcolea, cuyas obras están paradas por problemas con la constructora Sacyr tras ejecutarse solo un 20%. La organización ecologista WWF ha denunciado que se tenga que construir esta infraestructura (52 millones de presupuesto base), ha criticado que es un despilfarro y que trata de solucionar un problema de pozos ilegales, una demanda de agua que se viene demostrando no sostenible.

A una escala micro, hay proyectos ilusionantes por su capacidad de ser replicados, y que al mismo tiempo muestran el potencial del regadío agrario. La cooperativa olivarera Santa Teresa de Osuna (18.000 habitantes, Sevilla) ha pedido usar parte de las aguas depuradas de la estación municipal para poner en riesgo mil hectáreas. Sumadas a las tres mil que ya tiene, se podrá garantizar todo el suministro de determinados tipos de aceituna como la negra. Esas cuatro mil hectáreas son el corazón de las 18.000 con que en total cuentan sus 500 socios. Algunos estudios indican que el agua depurada cubre ya el 10% del total de agua usada para riego a escala mundial.