Las comunidades y el gobierno central se siguen tirando el agua a la cabeza

Las lluvias de la primavera han avivado una nueva guerra del agua entre las comunidades autónomas. Por un lado, Castilla-La Mancha, cedente de recursos hídricos de la cuenca del Tajo. Por otro, las receptoras, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, dependientes de la canalización a través del Segura. Y todas ellas con el Gobierno.

El pasado mes de octubre, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) presentó un borrador de Real Decreto para modificar las reglas de funcionamiento del trasvase Tajo-Segura (TS) –vigentes desde 2013– con la idea de reducir el volumen de agua transferible de 38 a 27 hectómetros cúbicos (hm³) cuando la situación de los embalses desde los que se pasa agua de una cuenca hidrográfica a otra esté en "situación 2".

El trasvase Tajo-Segura podría ser la punta del iceberg de un problema a escala mundial: el de la escasez de agua

En la actualidad, el nivel 2 establece que cuando las existencias conjuntas de los embalses de Entrepeñas y Buendía están por debajo de 1.300 hm³, pero por encima de nivel 3 –de 586 a 688 hm³ (según los meses)–, se autoriza de manera automática una transferencia mensual de 38 hm³.

El secretario de Estado de Medio Ambiente del MITECO, Hugo Morán, aseguró la semana pasada que la modificación de las reglas de explotación del Tajo-Segura beneficiará tanto a la cuenca cedente como a la receptora y defendió que esta modificación obedece "estrictamente" a una recomendación técnica con la que el Gobierno busca dar una respuesta "más razonable" a las necesidades de ambas.

A fecha de 20 de abril, la reserva hidráulica nacional estaba al 61,6%, mientras que los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, perdieron en la última semana 7,42 hm³ y se sitúan en este momento en los 858,65 hm³; es decir, al 34,10% de su capacidad total.

El secretario de Estado criticó asimismo que en 2013 se fijaron las reglas del trasvase "desoyendo" las recomendaciones técnicas que apuntaban que en el nivel 2 la transferencia no debía rebasar los 30hm³, porque de hacerlo se podía colocar al sistema en una situación excepcional, "buena parte del tiempo a lo largo del año hidrológico".

Así, aseguró que eso ha redundado primero, en reducir las reservas disponibles en cabecera y, en segundo lugar, no permitir actuar con una "predictibilidad suficiente". Morán califica de "política" aquella decisión adoptada por el Gobierno del PP y expone que "se ha demostrado errónea, equivocada" porque cerca de la mitad del tiempo el sistema se encuentra en ese caso.

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A. H.

De este modo justifica la intención del Ejecutivo, que atiende "al criterio técnico", pero ha aclarado que esta modificación no supone dar carpetazo al TS. "Como país no podemos permitirnos el lujo de prescindir de una infraestructura de estas características, y mucho menos cuando vamos a escenarios provocados por el cambio climático, que requieren que el país disponga de todas las herramientas a su alcance para evitar que se produzcan situaciones de desabastecimiento", valoró.

La decisión no ha gustado especialmente a las comunidades afectadas, y dos de ellas (Murcia y Andalucía) han hecho un bloque conjunto. El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha defendido que la situación "no tiene que ser una guerra de banderas, sino de arbitrar las mejores soluciones" basadas en las mejores soluciones y ha apostado por generar una "atmósfera favorable a un acuerdo", porque reconoce que el agua también tiene una "parte identitaria". Puig lamenta así "muchas declaraciones que tienen que ver con tintes nacionalistas de todo tipo y victimismos".

En Castilla-La Mancha, la comunidad cedente, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, afea el "frente común" establecido por Murcia y Andalucía. En su opinión, tiene "una finalidad mediática" más que una "voluntad real" de resolver los problemas y beneficiar a los ciudadanos. A su juicio, "la realidad" va a "obligar" a negociar a las comunidades implicadas en el trasvase, ya que "la climatología es la que es, el agua de la cuenca del Tajo es la que es y las precipitaciones son las que son".

Este mismo lunes, los presidentes de Andalucía, Juanma Moreno, y de Murcia, Fernando López Miras, escenificaron unidad en una reunión para defender el trasvase y emitieron una declaración institucional a la que invitaron a sumarse a Ximo Puig, quien, por su parte, se negó a participar en un "aquelarre".

"Lo que queremos es que haya desde el Gobierno de España una visión amplia para que entienda que la solidaridad interterritorial es algo que nos beneficia a todos como país", trasladó Moreno respecto a la aportación al empleo y el PIB que genera la transferencia hídrica al sureste peninsular. López Miras, por su parte, destacó que los 42 años de funcionamiento del trasvase han permitido hacer "más España" a través de una agricultura que ha hecho "un uso eficiente" del recurso y ha convertido a la región en "líder europeo en exportaciones hortofrutícolas".

Tras esta reunión, el presidente manchego, Emiliano García-Page, tachó de visión "cortoplacista" el frente murciano-andaluz para que el trasvase Tajo-Segura se quede "intacto". "Los derechos –al agua– los tenemos todos, y con carácter preferente aquellos territorios donde la naturaleza colocó los ríos. Lo contrario es hacer trampas", opina.

Mientras, desde Compromís, el diputado Joan Baldoví presentó hace una semana una Proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que pide la paralización "inmediata" de toda modificación de las normas del trasvase hasta que no se apruebe el plan hidrológico nacional y que los cambios sean acordados con los regantes e instituciones afectadas. "No se puede poner en peligro la Vega Baja y Murcia, una parte importante del territorio valenciano que depende de esos caudales trasvasados".

Sumideros de carbono

A toda esta guerra política se suma el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), que concluye que los cultivos regados por el trasvase absorben cada año 1,2 millones de toneladas de CO2, lo que equivale a las emisiones anuales generadas por 161.078 personas en España.

El informe 'Balance de carbono de las zonas regables del trasvase Tajo-Segura', presentado este mismo miércoles por SCRATS y la Universidad Politécnica de Cartagena, estima que si se considerara la incorporación de agua marina desalinizada equivalente al actual volumen de agua procedente del trasvase, la capacidad del regadío como sumidero de CO2 disminuiría en más de un 10% y en un escenario hipotético de sustitución total del suministro del trasvase por agua desalada, dicha capacidad se vería reducida en más del 40%.

En definitiva, la 'guerra' del agua sigue sin resolverse décadas después, mientras el acceso al recurso será cada vez más conflictivo, como confirman las estadísticas de la Agencia Estatal de Meteorología, que lleva años detallando cómo década a década el volumen de precipitaciones sigue cayendo, y en medio de un escenario de cambio climático, cuyas proyecciones apuntan a que las situaciones de sequía se agravarán en el futuro. Mientras tanto, el trasvase Tajo-Segura podría ser la punta del iceberg de un problema a escala mundial, el de la escasez de agua, que se extiende por el planeta con gran rapidez y que de acuerdo con organismos multilaterales puede agravar los conflictos sociales y contribuir a las migraciones climáticas, especialmente en las zonas más vulnerables a los efectos del cambio climático.