El presidente de Confederación Hidrográfica que sucumbió a la Pokémon

Cuando han pasado más de 10 años desde que se desatara en Galicia la Operación Pokémon, por la que fueron imputadas cerca de un centenar de personas, una de ellas soporta los principales cargos y penas. Se trata de Francisco Fernández Liñares, exconcejal de Lugo y expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, puestos desde los que cometió delitos probados y presuntos que lo convierten en el acusado y condenado de mayor relevancia en el caso que investigó la mayor trama de corrupción destapada en Galicia. Hasta siete alcaldes llegaron a estar imputados, entre ellos el de Lugo, Xosé López Orozco. Hoy solo queda Liñares con perfil político. A falta de que se celebren los juicios por la pieza principal y por la adjudicación de la ORA, el Supremo lo acaba de condenar por soborno y prevaricación.

El pronunciamiento del TS agota la vía judicial de una de las piezas más destacadas de la Pokémon, cuando todavía está pendiente de juicio la principal de todas ellas, que sentará en el banquillo a Liñares y otras diez personas por la adjudicación del servicio de grúa municipal en la capital luguesa, en la que él llegó al cargo de teniente de alcalde. La Fiscalía pide para él una condena de nueve años y medio de cárcel y 32 años de inhabilitación por violación de secretos, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales, así como una multa de 950.000 euros. La apertura del juicio oral llega desinflada después de provocar en 2012 un cataclismo en la clase política gallega, aunque algunas de sus ramas, como las referidas a las empresas Vendex y Aquagest, se extendieron a otras comunidades autónomas y salpicaron a altos cargos de distintos partidos, en especial el PP y el PSOE.

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Además de la pieza principal, también está pendiente de juicio para Liñares una tercera causa motivada por la adjudicación presuntamente fraudulenta del servicio de la ORA de Lugo, otro de los sumarios segregados del caso Pokémon. Se le acusa junto a otros tres investigados de amañar en 2008 el concurso y adjudicarlo de forma irregular. Presuntamente actuó "como interlocutor político del Ayuntamiento de Lugo" para hacer efectiva la adjudicación al grupo empresarial Vendex, a cambio de "la ilícita contraprestación de 3.500 euros a devengar cada mes, sumando 42.000 euros al año". También en este caso, Orozco fue exculpado.

Sobre Liñares, un personaje muy próximo a Orozco, el Supremo confirmó la semana pasada penas de cuatro años y medio de cárcel por un delito continuado de cohecho y ocho y medio de inhabilitación por prevaricación, por la adjudicación de obras a empresarios con los que se había puesto de acuerdo a cambio de dinero o de prestaciones de trabajo en sus propiedades. El fallo del TS considera probado que el político socialista contravino lo establecido en la Ley del Sector Público, que obliga a los órganos de contratación a velar por que todos los licitadores reciban igual trato y a no facilitar, de forma discriminatoria, información que pueda dar ventajas a determinados licitadores con respecto al resto.

El fallo del Supremo revela irregularidades en el procedimiento de adjudicación negociado que empleaba en su etapa al frente de la Confederación Hidrográfica, que según la Ley de Contratos del Sector Público permite contratar obras cuyo valor estimado sea inferior a un millón de euros e impone la obligación de solicitar ofertas al menos a tres empresas. Pero el político lucense se ponía de acuerdo con los representantes de varias entidades para las adjudicaciones a empresas previamente seleccionadas, como era conocido por los empresarios concurrentes a la licitación.

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La sentencia, que es una ponencia del magistrado Pablo Llarena, considera que Liñares estableció un turno para que los distintos empresarios concertados rotaran a la hora de presentar el precio más bajo en los sucesivos concursos, de modo que fue adjudicando los diferentes contratos a aquellos empresarios que estuvieran dispuestos a pagarle por las adjudicaciones. Hasta ahí la prevaricación. En cuanto al delito de cohecho, el TS relata como hechos probados que Liñares manipulaba los procesos de contratación a cambio de dinero o de prestaciones de trabajo en sus propiedades. En la sentencia de la Audiencia provincial de Lugo se consideraron probadas entregas de dinero que oscilaban entre los 15.000 y los 20.000 euros, aunque alguno de los contratistas reconoció cuantías mayores.

La Sala estima parcialmente el recurso de casación interpuesto por el condenado contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo que le impuso una pena de 5 años de prisión por el delito de cohecho y 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación. También estima el recurso por la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del condenado por falta de motivación de las penas impuestas, lo que implica la rebaja de la pena que le había impuesto la Audiencia Provincial de Lugo.

Liñares fue concejal en Lugo entre 1999 y 2008, cuando cesó para ocupar la presidencia de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, en el que permaneció hasta la victoria del PP en las elecciones generales de 2011. Solo un año después se convertía en uno de los detenidos de la Operación Pokémon, desatada por la entonces titular del juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, que en 2020 fue apartada por el Consejo General del Poder Judicial y suspendida de empleo y sueldo por las dilación de las instrucciones.