La sustituta de Lara zanja en 2 meses 7 años de investigación por corrupción en Santiago
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lara, inhabilitada por demoras injustificadas

La sustituta de Lara zanja en 2 meses 7 años de investigación por corrupción en Santiago

La juez critica a la instructora por someter a “indefensión” a los 11 investigados, entre ellos dos excalcaldes del Partido Popular

Foto: La magistrada Pilar de Lara, instructora de varias causas de corrupción como el caso Pokemon,  sancionada por retrasos injustificados (EFE)
La magistrada Pilar de Lara, instructora de varias causas de corrupción como el caso Pokemon, sancionada por retrasos injustificados (EFE)

Siete años de investigaciones sobre la supuesta corrupción en el Ayuntamiento de Santiago han tardado exactamente dos meses en recibir carpetazo. Es el tiempo transcurrido desde que el caso, que instruyó la juez de Lugo Pilar de Lara, recayera como pieza separada en los juzgados de la capital gallega.

Allí, la magistrada Ana López Suevos ha decretado el archivo de la causa, en un auto en el que critica con dureza la instrucción de De Lara, inhabilitada desde el 31 de enero precisamente por la demora en la instrucción de distintos sumarios.

Foto: El secretario general del PSdeG-PSOE, Pachi Vázquez. (EFE)

El caso Pokemon afecta al mandato del alcalde Gerardo Conde Roa, del PP, que gobernó Santiago entre junio de 2011 y abril del 2012. Aborda cuestiones como un concurso de ayuda en el hogar, regalos a autoridades, la licitación de la ORA y la grúa y la retirada de sanciones a vehículos en Santiago, así como los concursos de limpieza en varios institutos y en la propia casa consistorial, entre otras.

De Lara abrió la causa como consecuencia de las investigaciones generales de la Operación Carioca, iniciada en 2011. Pocos días antes de que se consumara la sanción a De Lara, auténtico látigo desde su juzgado número 1 de Lugo de políticos de distinto signo durante la última década, la Fiscalía de Lugo propuso que el sumario se repartiera entre los distintos ayuntamientos afectados, iniciativa que fue respaldada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago decretó el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones en un auto firmado el pasado 23 de abril. Su titular deja sin efecto las medidas preventivas adoptadas respecto a los 11 investigados, entre ellos el exalcalde Conde Roa, junto a varios concejales y funcionarios municipales, en un auto en el que sostiene que le resulta imposible “determinar con exactitud qué hechos delictivos se atribuye a cada uno de los sospechosos” o “conocer la línea de investigación” llevada a cabo en Lugo.

La magistrada santiaguesa recuerda en su auto que ya en mayo de 2018 había recibido la causa, después de que la instructora de Lugo se inhibiese a su favor. Entonces rechazó hacerse cargo del caso, que el pasado mes de febrero le fue atribuido por el alto tribunal gallego.

Foto: El fiscal jefe de Lugo, Juan José Begué. (EFE)

López Suevos explica que durante los cuatro años transcurridos desde que se decretó la inhibición, en Lugo se continuaron practicando diligencias. Por ello, considera que su juzgado “se encuentra imposibilitado para conocer cuál es el objeto de la causa, pues tanto los hechos como los delitos pueden haberse descartado o confirmado o incluso añadido otros nuevos, así como el número e identidad de los posibles sospechosos, aunque no habían sido formalmente imputados”.

La juez insiste en que procesalmente “se actuó con el criterio contrario a la lógica de tramitación”, pues sostiene que en lugar de llevar a cabo una breve instrucción e inhibirse al juzgado de Santiago, lo que se hizo fue dictar un auto de inhibición, pero se siguió instruyendo la causa cuatro años más en Lugo. También resalta que a los denunciados se les causó una “total indefensión”, ya que estuvieron sometidos “a medidas preventivas que restringieron su libertad personal”. La magistrada afirma que se les ocasionó “incertidumbre y angustia”, “por encontrarse inmersos en un proceso judicial del que resulta imposible determinar con exactitud qué hechos delictivos se les atribuyen a cada uno de ellos”.

Foto: Pilar de Lara (Fotomontaje de Vanitatis)

En la pieza santiaguesa de la Pokemon, De Lara apuntaba a una presunta financiación irregular del PP de la capital gallega en el año 2011, cuando logró a la alcaldía. Gerardo Conde Roa, su sucesor, Ángel Currás, y el que fuera concejal de Seguridad, Albino Vázquez, eran cuestionados por la juez de Lugo por el origen de casi 27.000 euros ingresados en dos cuentas del partido, casi en su totalidad durante la campaña de las elecciones municipales de aquel año. De Lara citó como investigados a los 11 implicados en el caso, aunque no llegó a atribuirles ningún delito en concreto.

Conde Roa no dimitió como alcalde de Santiago por la Pokemon, sino por una condena por fraude fiscal de 291.000 euros en la venta de una promoción de viviendas. Fue sustituido por Ángel Currás, que abandonó la alcaldía dos años después por su implicación en el caso ahora archivado y en otro de supuesto acoso a un policía local. La condena colectiva de otros siete concejales del PP en aquella corporación obligó a dejar la alcaldía en manos del entonces conselleiro de la Xunta de Feijóo Agustín Hernández, que se había presentado en el puesto número 25 de la candidatura.

Después de instruir durante 12 años los sumarios más sonados de corrupción en Galicia, De Lara fue destituida el pasado 30 de enero y separada de sus macrocausas contra políticos y empresarios, para cumplir la sanción de siete meses y un día que le impuso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por “retrasos injustificados”. La sanción lleva aparejada la pérdida de destino en el Juzgado de Instrucción 1 de Lugo, a pesar de la alegación presentada por la juez ante los “graves e irreversibles” perjuicios que causaría.

A De Lara se le atribuyó una falta muy grave de desatención en el ejercicio de las competencias judiciales, debido al “abandono de los más elementales deberes que deben presidir el desarrollo de la instrucción penal”.

La resolución denuncia “un método de instrucción no ya alejado del estándar sino completamente al margen de una atención y control al que está obligado el juez de instrucción”. Según el CGPJ, se aprecian en las causas que tramitaba la magistrada “paralizaciones o largos períodos de inactividad, ausencia de resolución sobre diligencias de instrucción o ausencia de resoluciones procedentes en plazos mínimamente razonables”.

También se le atribuyeron procedimientos “prospectivos y por ello inadecuados”, como recopilación ingente de documentos, desorden cronológico en la formación de autos o falta de exigencia al personal del juzgado del oportuno cumplimiento de sus obligaciones.

Operación Pokémon Corrupción CGPJ
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