Apartan a la jueza de las macrocausas gallegas por "falta de supervisión"

De nada le ha servido el recurso que presentó en mayo. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha desestimado las alegaciones de la jueza de Lugo, Pilar de Lara, la de las macrocausas y los sumarios contra la corrupción, y confirma la sanción que la comisión disciplinaria le impuso en marzo de siete meses y un día sin empleo y sueldo, lo que conlleva la pérdida de destino. El organismo instructor le atribuye "descontrol y falta de supervisión" de los asuntos bajo su jurisdicción y "persistencia de la conducta infractora durante más de tres años". Agotada la vía administrativa, la magistrada más mediática de Galicia ha anunciado que recurrirá al Tribunal Supremo.

La resolución, que confirma la comisión de una falta muy grave prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial, está repleta de duras acusaciones contra De Lara, a la que recrimina "el número de asuntos afectados" y "la injustificada paralización de las actuaciones durante años", lo que a entender de la comisión "pone de manifiesto la intencionalidad" de su actitud. También le reprocha la negativa repercusión de este proceder "en derechos fundamentales ajenos, la perturbación ocasionada en el funcionamiento de la Administración de Justicia y en su imagen, así como su trascendencia y su repercusión social".

La "necesidad de poner remedio mediante la adopción de medidas de refuerzo (lo que de por sí implica un perjuicio) y la falta de competencia demostrada para la gestión de la instrucción" son otros argumentos a los que apela el Poder Judicial, que los considera "factores que agravan la culpabilidad, contribuyen a apreciar ese superior nivel de reprochabilidad que caracteriza a la falta muy grave y justifican la proporcionalidad de la sanción impuesta con su medida accesoria, de ineludible aplicación".

Responsable de instrucciones como las Pokemon, Pulpo, Cóndor, Cebra, Garañón y parte de la Campeón, Pilar de Lara acapara los focos desde que irrumpió en 2009 con la Carioca, una actuación contra una supuesta red de prostitución y corrupción con más de 80 detenidos, entre ellos guardias civiles, policías y responsables de Extranjería. Una década después, la instrucción sigue abierta y la fiscalía quiere reducir a tres los encausados. Desde su pequeño juzgado de Lugo se impulsaron otras macrocausas que han implicado a conocidos empresarios, alcaldes, 'conselleiros' de la Xunta y a su propio presidente, Alberto Núñez Feijóo, que se libró finalmente por decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

El Consejo General del Poder Judicial le abrió expediente el 31 de octubre de 2018 por "retrasos injustificados" y "decisiones que han ocasionado un ficticio incremento del volumen de trabajo". En su comparecencia ante la comisión que vio su caso, en noviembre de 2018, el abogado de la jueza, Agustín Azparren, apeló a la falta de medios y a las deficientes condiciones en las que desarrolla su trabajo, insuficientes en su opinión para el volumen de macrocausas que atiende su juzgado, el número 1 de la capital lucense. Azparren también culpó de las dilaciones a los tiempos de espera de informes y documentos que deben aportar otros organismos, entidades bancarias o incluso países extranjeros.

Su defensa apeló a la falta de medios y a las deficientes condiciones en las que desarrolla su trabajo, insuficientes para el volumen de causas

La jueza detalló en un auto, relativo a la Pulpo —sobre supuestas irregularidades en un programa de la Diputación y acoso laboral—, la situación en la que trabaja. Así, relató que el juzgado dispone "de una máquina multifuncional, que sirve las funciones de impresora, fax, fotocopiadora y escaneadora, que se atasca continuamente y se estropea con elevada frecuencia", y carece de sistemas que le permitan fotocopiar y digitalizar más de 20 folios al mismo tiempo. El propio CGPJ reconoció en 2013 que el juzgado de Lugo necesitaba al menos cuatro funcionarios adicionales y un segundo juez de refuerzo mientras no se concluyesen la Carioca y la Pokemon, pero ni se atendieron esas peticiones ni se han cubierto las sustituciones por las bajas.

Todos los argumentos de la jueza han sido en vano. En una resolución de más de 100 folios, la comisión del CGPJ lamenta la "conducta reprochable" de la jueza, porque "desde mediados de 2015 se aprecian en cada una de las causas que tramitaba disfunciones", como paralizaciones o largos periodos de inactividad, ausencia de resolución sobre diligencias de instrucción y ausencia de dictado de resoluciones procedentes en plazos mínimamente razonables, entre otras. "No se sanciona un especial método de llevar la instrucción, sino precisamente la ausencia de método alguno en atención a los fines que persigue la instrucción, por la dejación de funciones inherentes al cargo de juez instructor", añade.

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Pablo López. Vigo

Atribuye además la comisión disciplinaria a De Lara el incumplimiento del deber de emitir informes mensuales, "lo que solo hizo desde abril de 2017, tras ser advertida". En el periodo de la "conductora infractora sancionada", desde junio de 2015 hasta la apertura del expediente, la titular del juzgado número 1 de Lugo "apenas avanzó la tramitación y resolución de las causas complejas, aunque algunas diligencias fueran archivadas", expone el órgano judicial

Pese a que la sanción conlleva la pérdida de la plaza en Lugo, De Lara seguirá al frente del juzgado en tanto no se resuelva su recurso ante el Tribunal Supremo. La jueza tratará de cerrar las principales causas que instruye, como la Carioca o la Pokemon —contra la supuesta corrupción en distintos ayuntamientos— antes del mes de enero, cuando se calcula que el TS decidirá sobre su sanción. Su abogado explicó que agotará el plazo para la presentación del recurso, para retrasar así al máximo la resolución judicial. "Cuantas menos macrocausas queden pendientes, mejor", señaló Azparren. "Vamos a intentar acabar todo lo que tenga y para eso tenemos este margen de tiempo". En todo caso, la sanción no implica la nulidad de ninguna de las instrucciones de De Lara, que, de confirmarse la sanción, pasarían al juez que ocupe la plaza.