los cursos e formación, para núñez bolaños

El TSJA asigna a Alaya los ERE y es apartada del resto de macrocausas

El TSJA resuelve el reparto del trabajo en el juzgado sevillano tras la llegada de la nueva titular y deja a su antecesora al frente de las causas que iban más avanzadas y con menos recorrido

Foto: La juez Mercedes Alaya. (EFE)
La juez Mercedes Alaya. (EFE)

No se sabe si la juez Mercedes Alaya estará conforme y aceptará el reparto o renunciará a la comisión de servicio de seis meses que ha solicitado al CGPJ antes de ascender a su nueva plaza en la Audiencia de Sevilla. Desde luego el reparto que ha aprobado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) no cumple en absoluto con sus aspiraciones. Si había un caso en el que la famosa juez tenía puesta la vista es en la presunta estafa de los cursos de formación. Un fraude en el que ha estimado un posible desvío de hasta 3.000 milllones de euros públicos y en el que lleva enfrascada los últimos meses. Su intención era mantenerse al frente de esta jugosa instrucción, donde ya ha imputado a tres exconsejeros del Gobierno andaluz, y asumir además la última cruzada que emprendió contra la Junta y que se refiere a los avales fallidos a empresas. Alaya había expresado su disposición a dejar los ERE, una instrucción en la que ha trabajado los últimos cuatro años y que considera más que encarrilada.

Este miércoles la magistrada acudirá a tomar posesión oficial de su nuevo cargo ante el TSJA en su sede de Granada. Se despejará si acepta el reparto y continúa pendiente de su prórroga o si tira la toalla y se retira a su plaza de la Audiencia de Sevilla. El único triunfo que se ha anotado la juez es que el Alto Tribunal andaluz ha descartado que sea la nueva titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, quien decida sobre el recurso que pide la división en varias piezas del caso ERE. Esa era la intención de la nueva instructora, que había pedido mantener el caso de las ayudas sociolaborales fraudulentas sin incluir en el reparto hasta que decidiera si se dividía la macrocausa, lo que conllevaría un importante cambio de rumbo, o seguía en una sola causa. El TSJA alega motivos de “celeridad y eficacia” para no cambiar los ERE de manos y será de nuevo Alaya la que resuelva sobre su división. Anticorrupción ha pedido en hasta seis ocasiones escindir la macrocausa ante el riesgo de prescripción de delitos en los últimos cuatro años. El criterio asumido por el Alto Tribunal andaluz es dejar en manos de Alaya las causas de mayor antigüedad. Culminará también el delito societario de Mercasevilla, origen de los ERE, y los últimos coletazos del caso Betis.

La magistrada María Núñez Bolaños. (EFE)
La magistrada María Núñez Bolaños. (EFE)

A partir de hoy será Núñez Bolaños la que se ponga al frente de los cursos de formación y de los avales fallidos a empresas desde la Junta de Andalucía. La magistrada ya impuso su criterio cuando en una de las primeras decisiones al aterrizar en el juzgado anuló un auto de Alaya que pedía estrechar el cerco sobre las empresas del exconsejero Ángel Ojeda, que se pudo embolsar hasta 33 millones de euros de los cursos en poco más de un año. Núñez Bolaños reclamó a la Guardia Civil un informe completo de las investigaciones en curso con un claro deseo de ponerse al frente de que la que sin duda será en los próximos meses la causa estrella de los tribunales sevillanos.

Alaya centró su mirada en el presunto fraude de los cursos de formación hace ya meses. Comenzó a construir su hipótesis delictiva de la mano de un funcionario de la Junta adscrito durante años a este departamento y que relató de primera mano todo un compendio de irregularidades e ilegalidades en la gestión de estos voluminosos fondos durante años. Ha imputado a tres exconsejeros, Antonio Fernández, Antonio Ávila y Manuel Recio, todos también investigados en los ERE, además de a Ojeda, y a once jefes de servicio. Hace casi un año, Alaya volvía a acorralar a la Junta reclamando cientos de documentos y abría el camino para indagar por qué durante años se libró a las empresas de justificar el destino de fondos de formación que podrían sumar los 3.000 millones de euros. Su pulso con la Udef de la Policía Nacional para quedarse la investigación, que ya este cuerpo había asumido desde varios juzgados andaluces, llegó al Ministerio del Interior.

 

Andalucía

El redactor recomienda

Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
5 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios