Moreno enmienda la plana a Montero y recupera 70 edificios que ella vendió en 2014

La Junta de Andalucía firmará en los próximos días un contrato para deshacer la "ruinosa operación" que, en palabras del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, le dejó en un cajón la anterior consejera de Hacienda y hoy ministra María Jesús Montero, cuya gestión ha criticado abiertamente en una comparecencia sin preguntas este lunes en Sevilla.

Como ya anunció hace un mes El Confidencial, el Gobierno andaluz ha llegado a un acuerdo con el fondo WP Carey para recomprarle los 70 edificios que la anterior administración socialista de la Junta le vendió en el año 2014 por 300 millones de euros para conseguir liquidez en un momento de crisis y asfixia de la administración autonómica.

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Aquel acuerdo obligaba a la Junta a alquilar esos edificios por 20 años, lo que supondría unos 708 millones de euros hasta 2034. Pasado este tiempo, la Junta tendría que renegociar un nuevo precio para el alquiler de las sedes o buscar una solución que permitiera reubicar a más de 8.500 empleados públicos. Además, la administración andaluza se comprometía a costear el mantenimiento de estos edificios estos 20 años.

Sin embargo, la Consejería de Hacienda de la Junta, que dirige Carolina España, ha llegado a un acuerdo para revertir aquella "herencia envenenada" de su antecesora. Hasta la fecha, la administración andaluza ha pagado 279 millones por el alquiler de estos edificios en estos años. Ahora pagará otros 328 millones por recuperar su propiedad, lo que suma 607 millones de euros.

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Juanma Moreno ha recordado que este acuerdo, que se reflejará en los presupuestos andaluces de 2024, supone un ahorro de más de 100 millones sobre aquella operación y recupera además patrimonio de todos los andaluces, entre ellos las sedes centrales de las consejerías de Salud, Agricultura o Asuntos Sociales, donde realizó este lunes el anuncio.

El presidente andaluz no ha escatimado adjetivos para denunciar la "caótica" y "deficiente" gestión de la actual ministra de Hacienda en su etapa como consejera de la Junta, con decisiones que califica como contrarios a los intereses de los andaluces. No es el único que lo ha criticado. La propia Cámara de Cuentas ya denunció en el año 2017, siendo presidenta andaluza Susana Díaz, los graves perjuicios económicos que la operación de Sale & Lease back (venta con arriendo posterior) suponía para las arcas públicas andaluzas.

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Además, Moreno ha presumido de que la compra de estos inmuebles es posible "gracias a la buena gestión de las finanzas públicas llevada a cabo por el Gobierno andaluz, que ha permitido disponer de liquidez suficiente para comprar los edificios, debido a la importante reducción de los pagos de amortización de deuda".

Financiación autonómica

El anuncio del presidente andaluz no es el único frente que la Junta ha abierto este lunes contra María Jesús Montero. La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, acudió este lunes a un foro organizado por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) sobre el modelo de financiación autonómica.

La representante del Gobierno andaluz, acompañada del presidente de la CEA, Javier González de Lara, volvió a reclamar un cambio del modelo de financiación y a denunciar que Andalucía es la región más perjudicada por el actual sistema, junto a la Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla La Mancha.

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La consejera ha recordado que cuando María Jesús Montero era consejera defendió en el Parlamento andaluz reclamar al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, 4.000 millones de euros, algo que apoyó el PP de Juanma Moreno. Sin embargo, tras convertirse en ministra, no ha atendido la petición que ella mismo hizo como consejera.

Carolina España ha explicado que Andalucía ha perdido más de 12.000 millones de euros desde el año 2010 por este modelo de financiación, unos 1.000 millones cada año. "Es una media de aproximadamente 130 euros al año menos por cada andaluz", ha apuntado la consejera.

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Además, ha reiterado la petición de la Junta de que hasta que se logre un acuerdo se apruebe, al menos, un Fondo Transitorio de Nivelación, que tendría que aportar unos 2.000 millones de euros anuales para las comunidades más perjudicadas, de los que la mitad deberían ser para Andalucía.

Tanto la consejera como el presidente de los empresarios andaluces han reclamado "la cohesión territorial y el respecto a los principios constitucionales que lo presiden: la unidad y la solidaridad desde la suficiencia y la corresponsabilidad".

En este sentido, y ante las reclamaciones de los independentistas catalanes, González de Lara ha defendido "un sistema que verdaderamente garantice en igualdad de condiciones el funcionamiento de los servicios públicos básicos en todo el territorio del Estado".

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La ponencia inaugural de este foro ha corrido a cargo del director de la Fundación Estudios de Economía Aplicada (FEDEA). Bajo el título "La necesaria reforma del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común", el profesor Ángel de la Fuente ha destacado la importancia del sistema de financiación regional, "no solo por la importancia de los servicios que prestan las Comunidades Autónomas sino también por su función esencial a la hora de reconciliar los principios constitucionales de igualdad y autonomía y de alinear los incentivos de las distintas administraciones con los de los ciudadanos".

De la Fuente ha repasado los principales problemas que presenta el sistema actual, avanzando algunas propuestas para resolverlos que deberían guiar su reforma. Entre ellos, en su opinión, "destacan un reparto poco equitativo de los recursos entre territorios, que habría que resolver lo antes posible, posiblemente mediante la creación de un fondo transitorio de nivelación para reforzar de forma inmediata los recursos de las comunidades peor financiadas, y un claro déficit de responsabilidad fiscal por parte de unas Comunidades Autónomas a las que habría que forzar a acostumbrase a subir impuestos si quieren gastar más, en lugar de a reclamar más recursos al Gobierno central sin coste político alguno para ellas".