La lluvia de millones para Doñana abre una disputa entre los afectados por la ley de regadíos

El acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Gobierno por Doñana supondría una lluvia de millones en Huelva. A los 356 anunciados hace un año por el Ministerio de Transición Ecológica en su plan de regeneración ambiental para el Parque, se suma ahora una aportación similar que, si las negociaciones llegan a buen puerto, elevará a 700 millones la inversión del Estado en el entorno del lugar. Este segundo paquete buscará el desarrollo económico de la Corona Norte tras la paralización de la polémica ley para ampliar regadíos e inevitablemente abrirá una disputa entre los afectados por la norma, que empiezan a plantear las primeras propuestas alternativas a la recalificación de 750 hectáreas.

Ambas administraciones se han dado una semana de plazo para reunir a todos los agentes implicados: alcaldes, colectivos sociales, agricultores o ecologistas. El objetivo es consensuar un plan con medidas concretas en un mes, aunque tanto la Junta como el Gobierno asumen que será imposible contentar a todos. Pese al conflicto de intereses, las partes afectadas celebran la "nueva etapa" y muestran su predisposición a dialogar. Más aún con la promesa de 350 millones. Además, sugerirán ideas complementarias al cultivo de fresa intensiva, un negocio pujante difícil de sustituir: desde buscar otra ubicación a los invernaderos que iban a ser regularizados, pasando por invertir en industrias complementarias o diversificar el tejido productivo.

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El presidente andaluz, Juanma Moreno, viene reclamando desde hace meses más inversión del Estado en obras hidráulicas para garantizar el abastecimiento en Huelva. Esta petición estará entre sus prioridades, según confirman fuentes de la Junta, aunque la ministra trasladó su intención de evitar proyectos que conlleven "más agua". El trasvase del Tinto-Odiel-Piedras, una de las obras más esperadas en la zona, pretende reducir los pinchazos en el acuífero y el Gobierno central siempre rechazó la posibilidad de aprovecharlo para otorgar más permisos de riego cuando culminaran los trabajos.

El alcalde socialista de Moguer, uno de los municipios con más hectáreas afectadas, defiende varias "soluciones intermedias". La primera de ellas sería la reubicación de los invernaderos: sacarlos del entorno de Doñana y llevar los regadíos a suelos de secano sin uso en estos momentos. "A nadie le conviene que desaparezca esta actividad económica", adelanta Gustavo Cuéllar (PSOE). La plataforma de regantes afectados por la ley de la Junta ya rechazó la posibilidad de una permuta hace unos meses.

El alcalde socialista de Moguer plantea reubicar los regadíos fuera del entorno del Parque

Entre los propios agricultores también hay división de opiniones. Los regantes de Almonte, que ya se mostraron en contra de la ley, pretenden que las inversiones vayan destinadas a "infraestructuras hidráulicas por terminar", de las cuales se beneficiarían al tener permisos de regadío. "Si alguien está autorizado para hablar de cultivos sostenibles, somos nosotros", manifiesta Manuel Delgado, portavoz de la asociación de agricultores Puerta Doñana, que concentra más del 50% del suelo regable en la Confederación Hidrográfica. Tras conocer el acuerdo entre administraciones, el portavoz de los propietarios que iban a ser beneficiados por la ley de la Junta, Julio Díaz, reclamó "soluciones viables y consensuadas", aunque evitó poner sobre la mesa otras opciones. Hasta ahora, los regantes de la Corona Norte siempre habían priorizado la tramitación de la norma.

Otra de las soluciones planteadas en los últimos meses ha sido la compra de las hectáreas afectadas. Sin embargo, las fuentes consultadas coinciden en la complejidad de la operación. En municipios como Lucena del Puerto, los terrenos afectados ya se ubican en monte público, aunque estén cedidos, y tampoco disponen permisos para riego que el Estado pudiese comprar. Además, la distancia entre los terrenos que pretendían ser regularizados impide un proyecto común. "¿Qué hace el Estado con tres hectáreas en un punto, cinco en otro y cuatro en otro?", se pregunta Juanjo Carmona, de WWF.

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Todas las partes consultadas ponen sobre la mesa otra alternativa: la transformación del tejido productivo en la zona. No solo generar las fresas, sino invertir el dinero en una alternativa a la producción masiva. Desde abrir fábricas para no solo plantar, sino envasar y comercializar otros cultivos, hasta abrir centros de I+D+i especializados en frutos rojos. "Seguro que la gente querría trabajar y no ocurriría como en la campaña de la fresa, cuando tenemos que buscar gente de otros países", añade Carmona. El exalcalde de Lucena del Puerto plantea el potencial de las plantas de biomasa. Su municipio recaudó más de medio millón de euros en dos años gracias a la venta de pinos y eucaliptos talados "para mantener limpio el monte". "Hay opciones de economía verde", plantea.

El alcalde de Moguer apuesta también en la diversificación hacia otros sectores. Un plan de inversiones, "pero esta vez cierto". Se refiere al Plan de la Fresa aprobado en 2014, cuando cientos de hectáreas se quedaron sin la calificación de suelo regable. De ahí surge la polémica ley, aunque aquel documento también planteaba actuaciones por valor de 57 millones de euros. "Se pretendían optimizar regadíos, consumir menos agua, crear espacios peatonales para el turismo…", expone el ex regidor de Lucena. La mayoría de estas medidas siguen sin ejecutar, aunque Moreno se ha comprometido ahora a retomar este proyecto heredado del PSOE.

Los ecologistas piden invertir dinero público en el mantenimiento de fincas de secano

Los ecologistas también piden aprovechar los recursos para garantizar la biodiversidad del Parque. Desde WWF sugieren invertir en el mantenimiento de fincas de secano, como puede ser el olivar, con dinero público. "Si hay que afrontar costes importantes en infraestructuras hidráulicas, ¿cuánto nos va a costar cada kilo de fresa? Sale más barato apostar por fincas de secano, apoyadas con dinero público, para mantener una red de biodiversidad en el entorno del Parque”, insiste Carmona, quien pide basar las decisiones en “datos científicos". "Los que tienen que hablar son los técnicos", concluye