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¿Qué pasa en Doñana? Agricultores, regadíos, la queja de Bruselas y un acuífero seco
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El Ejecutivo irá al TC

¿Qué pasa en Doñana? Agricultores, regadíos, la queja de Bruselas y un acuífero seco

La proposición de ley de PP y Vox para reordenar los cultivos del entorno del parque genera una nueva bronca entre el Gobierno central y la Junta. En 2014 fueron legalizadas 9.400 hectáreas y se quedaron fuera 700

Foto: Agricultores celebran en el Parlamento la tramitación de la ley de cultivos del entorno de Doñana. (EFE / José Manuel Vidal)
Agricultores celebran en el Parlamento la tramitación de la ley de cultivos del entorno de Doñana. (EFE / José Manuel Vidal)

En Almonte, Moguer, Bonares, Lucena del Puerto y Rociana del Condado viven 65.263 personas, pero la proposición de ley que ordena las zonas agrícolas de esos cinco pueblos de Huelva ha llegado a Bruselas, al Washington Post y ha generado una formidable bronca política entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía. El motivo hay que buscarlo en Doñana, un símbolo medioambiental que está rodeado por miles de hectáreas de cultivos de frutos rojos, un sector que, según la patronal, genera 100.000 empleos y hasta el 8% del PIB andaluz. La disyuntiva entre conservar el humedal onubense y ampliar en unos cientos de hectáreas los cultivos es la clave de bóveda de este conflicto que puede acabar con nuevas multas para España por el incumplimiento de una sentencia del TJUE.

¿Qué dice la ley?

El texto presentado por PP y Vox es muy similar al que ya registraron en la pasada legislatura, con el apoyo, entonces, de Ciudadanos. El objetivo último de la norma es recalificar una serie de terrenos localizados en la llamada Corona Norte Forestal de Doñana. La ordenación del territorio en esa zona, situada a 30 kilómetros del corazón del parque, quedó fijada en 2014 en el denominado como Plan de la Fresa. Entonces se permitió el cultivo de frutos rojos, de regadío, en 9.400 hectáreas en los cinco municipios, pero hubo varios cientos de hectáreas que se quedaron fuera.

Foto: Maribel Mora, diputada de Adelante Andalucía, vierte arena de Doñana sobre el escaño de Juanma Moreno. (EFE/José Manuel Vidal)

Lo que argumentan los agricultores de esas zonas es que tienen derechos históricos de riego, aunque en el momento en el que se ordenó la corona norte tenían plantados cultivos de secano. Hay dudas sobre la cantidad exacta de superficie afectada, ya que ni el Gobierno andaluz, ni el PP ni Vox lo incluyen en el texto. La excusa es que debe ser una oficina técnica quien valore caso por caso la situación de las fincas para recalificar el terreno como regable. Pero la propia Junta admitió en febrero de 2022, en su respuesta a Bruselas, que eran 748 hectáreas las susceptibles de ser regularizadas

¿Por que el Gobierno andaluz dice que no tiene que ver con Doñana?

El principal argumento es que las fincas están a “30 kilómetros” del parque, como han explicado hoy desde San Telmo y como ha defendido el PP en uno de los debates parlamentarios que se han sustanciado en el Pleno de esta semana. Pero la defensa de populares, Vox y el propio Ejecutivo pasa por afirmar que la ley no alude a los derechos de agua, sino a la calificación urbanística del suelo. Esto es así, y lo admiten en la Junta, porque la concesión de derechos de riego corresponde a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que depende del Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera.

placeholder Flamencos en una de las lagunas secas del parque de Doñana. (EFE)
Flamencos en una de las lagunas secas del parque de Doñana. (EFE)

El nuevo texto, a diferencia del primero, incluye un blindaje expreso del acuífero que hay bajo Doñana y del que se nutre el parque natural. Cualquier posibilidad de ampliar los regadíos, según la ley, dependerá de la llegada hipotética de agua en superficie. El Gobierno andaluz, PP y Vox aseguran que esto será posible cuando se concluyan las infraestructuras hidráulicas previstas en el trasvase aprobado en 2018 y que contempla el paso de 19,9 hectómetros cúbicos desde la demarcación del Tinto-Odiel Piedras a la del Guadalquivir, que es donde está Doñana.

¿Puede llegar más agua?

La norma del citado trasvase incluye la culminación de obras como la del túnel de San Silvestre o el recrecimiento de la presa de Alcolea. De momento, sólo llegan 8 hectómetros cúbicos, pero hay que tener en cuenta que la norma contempla el reparto de todos los recursos hídricos entre los agricultores que ya están asentados en las 9.400 hectáreas regularizadas en 2014. Cuando se finalicen las obras, una meta que todavía no tiene fecha, habrá agua para Almonte y para Lucena del Puerto, pero también para abastecimiento humano.

Foto: Aspecto actual de la laguna de Santa Olalla, la mayor de las lagunas permanentes de Doñana. (Reuters/CSIC)

Las tesis que defiende el Gobierno central es que todo el agua que se aporte al entorno de Doñana debe servir para nutrir los cultivos ya permitidos y avanzar en la rehabilitación del acuífero que hay bajo el parque natural. Para ello, el Ministerio de Transición Ecológica presentó hace unos meses en Almonte un plan más de 300 millones de inversión. Aquí hay un paquete de 100 millones que contempla incluso la compra de fincas en la zona y la adquisición de derechos de riego para seguir restando presión al acuífero.

Esa es una de las posibles soluciones y es una clave en la recalificación que han impulsado PP y Vox con la bendición del Gobierno, ya que un terreno con derechos de riego tiene más valor que uno donde el cultivo es de secano. Nadie en la Junta habla de esta posibilidad en público, ya que se centran en defender que cualquier posibilidad de ampliar los regadíos está aparejada a la llegada de más agua. En San Telmo insisten una y otra vez en que la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras es excedentaria y lo seguirá siendo porque la provincia onubense es la más húmeda de Andalucía y la que tiene los embalses en una mejor situación.

¿Por qué Bruselas ha reaccionado en contra?

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenó a España en junio de 2021 por el incumplimiento de la Directiva de Aguas y de la Directiva de Hábitats. Cuando PP, Cs y Vox registraron el texto en el otoño de 2021, la reacción de la Comisión Europea fue una consecuencia de esta condena. Según la carta remitida por Florika Fink-Hooijer, directora general de Medio Ambiente, la norma va en contra el cumplimiento de esta condena. Por este motivo, su aprobación definitiva redundaría en una nueva denuncia de la Comisión ante el TJUE que podría desembocar en la imposición de multas millonarias contra España. El pasado 21 de marzo, Bruselas emitió una segunda carta en los mismos términos.

¿Cuáles son los próximos pasos?

El Gobierno andaluz se va a reunir con el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevičius, para defender la proposición de ley. De forma paralela, el texto va a avanzar en su tramitación durante las próximas semanas. Hay que tener en cuenta que PP y Vox han impulsado el trámite por la vía de urgencia, lo que permitirá la aprobación definitiva del texto a finales de julio o principios de septiembre, como muy tarde. El Gobierno andaluz se ha mostrado este jueves favorable a negociar la norma con la oposición para limarla, aunque parece complicado que la oposición de izquierdas se preste.

La Junta ya acudió a Bruselas en marzo de 2022 para defender su cumplimiento de la condena del TJUE por la situación de Doñana

Una vez que el texto entre en vigor, el Ejecutivo central tendrá posibilidad de cumplir su amenaza y llevar la ley al Tribunal Constitucional. El Ministerio de Transición Ecológica considera que tiene todas las de ganar en una denuncia por invasión de competencias. Además, al llevarlo al TC, el Gobierno puede paralizar la aplicación del texto mientras el tribunal de garantías resuelva la situación.

En Almonte, Moguer, Bonares, Lucena del Puerto y Rociana del Condado viven 65.263 personas, pero la proposición de ley que ordena las zonas agrícolas de esos cinco pueblos de Huelva ha llegado a Bruselas, al Washington Post y ha generado una formidable bronca política entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía. El motivo hay que buscarlo en Doñana, un símbolo medioambiental que está rodeado por miles de hectáreas de cultivos de frutos rojos, un sector que, según la patronal, genera 100.000 empleos y hasta el 8% del PIB andaluz. La disyuntiva entre conservar el humedal onubense y ampliar en unos cientos de hectáreas los cultivos es la clave de bóveda de este conflicto que puede acabar con nuevas multas para España por el incumplimiento de una sentencia del TJUE.

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