Moreno paraliza la ley de Doñana a cambio de un plan de 350 millones del Gobierno

El PP de Juanma Moreno paralizará de nuevo la ley de ampliación de regadíos de Doñana para abrir una “nueva etapa” de diálogo con el Gobierno central. El presidente andaluz ha acordado posponer la aprobación de la norma, con la que pretendía recalificar 750 hectáreas en la Corona Norte de Doñana, y ha anunciado junto a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, una serie de reuniones durante las próximas semanas para buscar una solución alternativa. A cambio, el Ejecutivo central invertirá 350 millones de euros para un nuevo plan de desarrollo económico y social en el entorno del parque natural.

El Gobierno central y la Junta de Andalucía prepararán un “marco de actuaciones alternativas” para el desarrollo "territorial y social" de la zona tras meses. El objetivo es garantizar la protección medioambiental sin frenar el "desarrollo económico" y el "progreso", una postura defendida por el presidente andaluz en los últimos meses. En el plazo de un mes, anunciarán las nuevas medidas acordadas con los interesados, aunque ambas administraciones han acelerado los contactos en los últimos días tras meses de confrontación. En "no más de una semana", mantendrán encuentros con agricultores y otros representantes del territorio que quieran conocer los detalles y plantear propuestas para repartir el dinero.

Ya ha habido contactos con los agricultores, que reciben el plan con "expectación"

El anuncio llega a menos de 24 horas de la reunión de portavoces en el Parlamento autonómico en el que se iba a incluir la inclusión de la norma en el próximo pleno. Anteriormente, el PP había retrasado su aprobación en dos ocasiones; la última, con la excusa de no hacerla coincidir con la investidura de Feijóo, el martes pasado. Aunque ambas administraciones han evitado concretar los proyectos que se ejecutarán a cambio, el objetivo es buscar alternativas económicas para los agricultores, con los que ya ha habido contactos y han recibido la inversión del Gobierno central con "expectación". Los grupos de trabajo estarán encabezados por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, en el caso de la Junta, y por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, por parte del Gobierno. Los representantes parten de "ángulos de visión muy distintos", según reconocieron ambas partes, aunque la lluvia de millones del Ejecutivo central ha acercado posturas en los últimos días.

La Junta de Andalucía allanó el camino al acuerdo unas horas antes de la reunión. El portavoz del Gobierno de Juanma Moreno se abrió a retirar la polémica ley de regadíos si el Ejecutivo de Sánchez ofrecía una alternativa que beneficiase a los agricultores. Su línea roja, según apuntó el portavoz, era encontrar una alternativa que ayudase a las familias de la Corona Norte que se encuentran en una “situación injusta y de indefensión”. La del ministerio, que no haya "ni media hectárea más reconocida como regadío". La ley pretendía dar una solución a los perjudicados por la ordenación del territorio de 2014. Entonces, cientos de hectáreas de los municipios onubenses de Almonte, Moguer, Bonares, Lucena del Puerto y Rociana del Condado se quedaron fuera del Plan de la Fresa. Los agricultores defendían sus derechos históricos de riego y la Junta pretendía recalificar unas 750 hectáreas, multiplicando así el valor de los terrenos. Ahora, está dispuesto a dar marcha atrás.

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Carlos Rocha. Sevilla

La reunión se había anunciado por el ministerio la noche anterior. De hecho, la Junta de Andalucía evitó incluirla en la agenda del presidente hasta esa misma mañana, cuando el portavoz confirmó el encuentro entre administraciones. Fuentes de San Telmo explican que el Gobierno andaluz había forzado a la ministra a mantener un encuentro con los agricultores afectados antes de reunirse con el presidente en Sevilla. La cita entre Ribera y Moreno se produjo tras varios meses de enfrentamiento político por esta iniciativa entre la Junta y el Gobierno central, que había anunciado su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional si el Parlamento andaluz la aprobaba en sus términos actuales.

La UE había trasladado su preocupación por la tramitación y amenazaba con sanciones

El presidente andaluz reconoció que los procesos electorales en los últimos meses habían dificultado el diálogo entre administraciones. El PP arrasó en Huelva a raíz de la tramitación de la ley, obteniendo unos resultados históricos en las últimas elecciones municipales. Durante su comparecencia, Moreno evitó poner "líneas rojas", aunque planteó un plazo de un mes para concretar los detalles del acuerdo y suspender definitivamente la ley. “Nunca podremos contentar al 100% de los afectados”, reconoció el presidente andaluz. El PP, pese a que gobierna con mayoría en Andalucía, tramita esta ley con el apoyo de Vox, que cargó contra Moreno tras conocer el acuerdo. A su juicio, posponer la tramitación "castiga" a los agricultores de la zona, donde ambos partidos compiten por el voto rural.

La ministra situó los límites de la negociación en la "legislación vigente" e insistió en la repercusión internacional de Doñana. "Nos miran los españoles, pero también desde fuera del país", advirtió la ministra en referencia a las advertencias de la Unión Europea, que había trasladado su preocupación por la tramitación de la norma. También al rechazo de la comunidad científica y de la Unesco, así como la amenaza de sanciones por parte de Bruselas. “Esto no nos lo tienen que decir los tribunales, ni la Comisión Europea, ni nadie”, afirmó Ribera.