Viaje a la batalla por el agua de Doñana: "Los agricultores no somos culpables de la sequía"

"Antes hacían la vista gorda y ahora están más encima", adelanta el trabajador de una plantación en el término municipal de Lucena del Puerto (Huelva), a 30 kilómetros de Doñana. El terreno está catalogado como suelo de secano sin permiso de riego, pero la realidad es otra: hay tres plantaciones de frutos rojos que reciben abundante agua. Según denuncian los ecologistas de WWF, estamos en una de las fincas que podrían verse beneficiadas por la ley que abre la puerta a regularizar unas 750 hectáreas de regadío en la zona. Estas zonas se quedaron fuera del reparto de 2014, que contó con el aval de la Junta, el Gobierno y Bruselas, pero PP y Vox, con el aval del Gobierno, quieren reabrir el debate. El dueño no tarda ni cinco minutos en aparecer: alguien ha avisado de que hay periodistas en su parcela y amenaza con denunciar a la Guardia Civil.

Son días de tensión en la Corona Norte de Doñana —Almonte, Moguer, Bonares, Lucena del Puerto y Rociana del Condado—, donde los agricultores evitan hablar con la prensa y dan el aviso si ven desconocidos por la zona. Se sienten señalados y estigmatizados ("no somos ladrones de agua") y repiten el argumentario con el que han logrado impulsar una ampliación de regadíos mientras el emblema medioambiental del país agoniza. "Los agricultores no somos los culpables de la sequía", "Huelva es la tercera provincia de España donde más llueve" y "Doñana no puede subsistir a costa nuestra", repiten insistentemente los afectados, en medio de un conflicto de administraciones que ha convertido a esta comarca onubense en el epicentro de la batalla electoral del 28-M en Andalucía. De fondo, la posibilidad de que la Unión Europea vuelva a multar a España por el deterioro de la situación del humedal onubense.

La ley para reordenar los cultivos del entorno del parque natural ha puesto en el foco a cinco municipios que, lejos de sufrir la grave crisis del campo andaluz, rozan el pleno empleo —tienen menos de un 10% de paro— y gozan de una cierta pujanza económica. La Corona Norte aglutina el 80% de las exportaciones de frutos rojos en España, un negocio muy rentable. Solo durante la campaña de 2021/2022, las ventas de Huelva al extranjero alcanzaron los 1.392 millones de euros.

Sin embargo, esa rentabilidad depende de unos regadíos mermados por las limitaciones y amenazados por el reparto del agua en los próximos años. "Aquí no podemos competir ni con turismo, ni con industria. El 90% de la población vive de la agricultura y, si no podemos competir con ella, ¿qué vamos a hacer?", se pregunta el alcalde independiente de Lucena del Puerto, el municipio con más hectáreas potencialmente beneficiarias de la ley junto a Bonares. Su caso refleja bien la complejidad de un conflicto entendido en la comarca como una batalla identitaria.

Manuel Mora (1966) heredó una finca con concesión de agua y explotada por sus padres durante décadas, aunque a día de hoy está catalogada como tierra de secano, lo que le impide plantar los cultivos más rentables. El llamado Plan de la Fresa, que es lo que PP y Vox quieren reformar ahora, se aprobó en 2014, pero a partir de datos tomados en 2004. Para elaborarlo, se hizo una fotografía aérea para determinar qué suelos eran de regadío y cuáles de secano, pero la foto fue en julio y, según explica Mora, a esas alturas del año ya había recogido los plásticos del invernadero. Que esas fotos no reflejaron la realidad de los terrenos es un argumento repetido por muchos afectados casi 20 años después. El alcalde no tiene intención de cultivar, pero solicitará la calificación de suelo regable "por respeto a mis padres" y por "orgullo".

Lucena del Puerto es el tercer municipio con mayor renta per cápita de la provincia de Huelva. Tiene unos 3.200 habitantes, de los que 1.500 son extranjeros —más los no censados— y unos 800, empresarios. Aunque teme que las cifras han empeorado recientemente, el alcalde reconoce la "pujanza económica" pese a la "pérdida de población autóctona". Sin embargo, su pueblo, dice, sufre "una inmensa tristeza". "Los vecinos me lloran en la calle porque les sancionan o les quitan la parcela; aquí lo que hay son deudas", añade.

El origen del problema

"El problema generado en 2014 destrozó la vida de muchos pequeños agricultores", resume Julio Díaz, portavoz de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado. El Plan de la Fresa estaba destinado a consolidar la ordenación del territorio en la zona, que dejó fuera 1.600 hectáreas de cultivos. La actualización de la norma aprobada en el Parlamento andaluz devolvería la condición de suelo regable a unas 750, aunque la cifra es solo una estimación de la Junta porque aún no se han concretado los criterios. Tras leer la ley, los ecologistas de WWF creen que serían muchas más.

La idea es beneficiar a unas 650 familias, la mayoría propietaria de más terrenos que sí disponen de permisos —actualmente hay 9.300 hectáreas de regadío en total—. Se trata de propietarios que comenzaron a plantar en suelos de secano entre 2004 y 2014, años de desarrollo del Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD). En ese periodo, los fallos de aplicación del POTAD llegaron a provocar que terrenos considerados de secano recibieran subvenciones europeas para cultivos regables, según apuntan los afectados.

El portavoz de los regantes defiende con vehemencia a la Junta de Andalucía y pone la pelota en el tejado del Gobierno central, encargado de ejecutar los trasvases que permitirán llevar más agua a la zona. Julio Díaz, exparlamentario andaluz de Ciudadanos por Huelva, responde con contundencia a todas las preguntas, salvo a una. Actualmente, ¿de dónde sacan el agua los cultivos sin permiso de riego que cultivan frutos rojos y esperan recalificar sus terrenos? "Depende de la casuística". Según apunta, algunos usan aguas regeneradas y otros se "arriesgan" trasladando agua de los suelos donde sí tienen permisos.

El agricultor de Almonte Manuel Delgado ofrece una lectura distinta. "Algunos llevan 10 o 15 años regando ilegalmente pinchando agua del acuífero y ahora se les va a premiar", sentencia el portavoz de Agricultores Puerta Doñana, una asociación en contra de la ley. Según explica, en la zona hay pozos ilegales ocultos entre pinos o bajo los invernaderos. Desde 2018 se han cerrado casi 1.200. "Es cierto que hubo fallos de aplicación en el plan de ordenación, pero hubo más de 600 modificaciones", recuerda. "Hay injusticias, pero no son 1.600 hectáreas de injusticias. Se talaron pinos o eucaliptos para plantar frutos rojos y muchos sabían que lo estaban haciendo mal… Eso no son injusticias, son piratas pegando pelotazos", añade.

Este pequeño grupo de agricultores, acusados de traición y amenazados, son los únicos que plantan cara al relato oficial. Anticipan una competencia feroz por el agua de Doñana, salvo que el Gobierno central ejecute un desarrollo de infraestructuras sin precedentes. La Junta, encargada de la ordenación del territorio, otorgará la condición de suelos regables que revalorizará las parcelas beneficiadas y permitirá a los propietarios solicitar agua para riego a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), asignada al Ministerio de Transición Ecológica. La ley blinda el acuífero vinculando los futuros regadíos al agua en superficie, pero el reparto depende del Estado. En la comarca, todos miran a Madrid.

El problema es que en Madrid no hay ninguna intención de que el agua que llegue al entorno de Doñana vaya a servir para ampliar la superficie de hectáreas de regadío. Cuando concluyan todas las obras pendientes se culminará el reparto de los 19,99 hectolitros contemplados en la ley del trasvase aprobada por el Congreso en 2018 con el apoyo de PP y PSOE. Esta norma contempla la llegada de agua a la cuenca del Guadalquivir desde la del Tinto-Odiel-Piedras. La tesis del Gobierno andaluz es que en esta demarcación, que depende de la Junta, hay un excedente de agua que puede servir para solucionar la papeleta a los agricultores del Condado de Huelva.

Ese es el origen técnico de la pugna, pero la batalla ha trascendido a la política en el contexto preelectoral. Pedro Sánchez como Juanma Moreno han convertido la polémica en un asunto central de la campaña. El líder socialista ha atisbado una vía de agua en el Gobierno andaluz y quiere aprovecharla por el simbolismo que tiene Doñana. La reacción de Bruselas, que amenaza con nuevas multas a España por el deterioro del acuífero de Doñana, le da argumentos de peso al jefe del Ejecutivo para su estrategia. Pero Moreno también tiene munición ante el rechazo del Gobierno central, ya que le permite presentarse como el defensor de los intereses de la comunidad ante la Moncloa, a la que acusan de intentar aplicar un "155 ecológico".

Rechazo al PSOE

"La ministra Teresa Ribera miente: hay agua para todos, pero tiene que ejecutar el trasvase aprobado en 2018 —un proyecto que contempla el paso de 20 hectómetros cúbicos a la parte de Doñana— y solo con las depuradoras de la zona podría incorporar 40 hectómetros cúbicos de aguas regeneradas", explica el portavoz de los regantes afectados, Julio Díaz. Según el Gobierno central, los planes para ampliar el agua disponible pretendían reducir los pinchazos en el acuífero de las plantaciones que ya tienen permiso para conservar el humedal de Doñana. Si en la ecuación entran más hectáreas de regadío, será difícil limitar las extracciones a corto plazo.

"En las calles hay un rechazo claro al Gobierno central. Somos un pueblo de izquierdas, pero percibo un viraje al voto de derechas porque estamos hartos", explica el alcalde de Lucena. Ex de Izquierda Unida, tras la aprobación del proyecto de ley se fundió en un abrazo con el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP). "Hoy nos has devuelto la dignidad", le dijo emocionado.

Recientemente, varios alcaldes socialistas de la comarca evitaron reunirse con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera (PSOE), que presentó en Almonte un plan de 300 millones de inversión para la zona. El paquete contempla una partida de 100 millones de euros para la compra de fincas para adquirir derechos de riego y reducir la presión sobre el acuífero; una vez conseguida la recalificación de regadíos, los beneficiarios de la ley de la Junta verían incrementado el valor de sus plantaciones.

No hay que olvidar que en la primera ocasión que PP y Vox impulsaron la norma, en la pasada legislatura, el PSOE andaluz se abstuvo para enfado de Ribera. Juan Espadas, líder regional de los socialistas, defendió la necesidad de dar una "oportunidad" al diálogo para solucionar el problema de los agricultores y, a la vez, garantizar la protección de Doñana. Aquella decisión provocó un cisma dentro del PSOE que ha desaparecido ahora, año y medio después, ya que los socialistas andaluces se han alineado con las tesis de Moncloa y acusan a la Junta de "engañar" a los agricultores con la promesa de que llegará más agua.

Durante la conversación, el alcalde de Lucena del Puerto carga insistentemente contra los socialistas. "¿Quién quemó Doñana? ¡La quemaron ellos [el PSOE] cuando estaban en la Junta! ¡El incendio en el que tuve que sacar a mis padres por Huelva fue su responsabilidad directa!", llega a expresar el alcalde de Independientes por Huelva, que no se presenta a la reelección, visiblemente alterado.

En la calle, la crítica al Gobierno central y el aplauso a la apuesta de la Junta por los agricultores afectados están extendidos. "La cuestión se ha radicalizado y eso es un problema", susurra un vecino de la minoría que no trabaja en el campo, obstinado en que nadie le escuche. "No voy a dar la cara porque aquí nos conocemos todos, pero entiendo la postura del Gobierno central. Hay sequía y yo no quiero tener cortes de agua para que a ellos les vaya bien en el campo", concluye.