Moreno y Sánchez cavan sus trincheras electorales en Doñana con la Unión Europea de árbitro

"Doñana no se toca". En un mitin en Burgos, a cientos de kilómetros del humedal andaluz, Pedro Sánchez decidió el miércoles a última hora meterse de lleno en la pugna por la marisma onubense. “Nadie desde un ático en el paseo de la Castellana va a venir a decirnos qué podemos y qué no podemos hacer”. La contestación de Juanma Moreno le llegó unas horas después desde el Parlamento andaluz, que ha vivido un pleno casi monográfico en los últimos dos días a raíz de la ley de ordenación de los cultivos del Condado de Huelva. Esta norma, pensada para solucionar el problema con los regadíos de “unas decenas” de agricultores en cinco pueblos en los que viven 65.000 personas, se ha convertido en la principal trinchera del 28-M andaluz.

Las reacciones de Sánchez y Moreno dan buena cuenta de la situación, que ya tuvo un primer capítulo antes de las andaluzas de 2022. Como entonces, es muy relevante el papel que juega Bruselas en esta pugna. La Comisión Europea ha advertido a España en dos ocasiones por esta ley, que decayó en su primer intento por el adelanto electoral del 19-J, pero ha vuelto al tablero en la legislatura de la mayoría absoluta de Moreno. Cualquier ampliación de regadíos, recuerda, va en contra de una sentencia de 2021 en la que el Tribunal de Justicia de la UE condenó al país por la situación del agua y los hábitats de Doñana.

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El Gobierno central, con el Ministerio de Transición Ecológica como punta de lanza, cuenta con ese arsenal comunitario para justificar su rechazo al plan de los cultivos que han impulsado PP y Vox en el Parlamento autonómico con las bendiciones del Ejecutivo andaluz. Sánchez no ha dejado pasar la ocasión de utilizar un símbolo medioambiental como Doñana para dar alas a su partido en Andalucía. El PSOE andaluz no pasa por su mejor momento, pero incluso a su líder, Juan Espadas, se le vio más suelto en el pleno, aupado en el gran rechazo que ha generado la norma de los populares.

Al rechazo de Bruselas hay que sumar el del Ejecutivo central, más allá del eslogan de Sánchez en Burgos. La titular de Transición Ecológica dejó claro el miércoles que usará “todas las medidas constitucionales y comunitarias” para evitar que la ley entre en vigor. Esto se traduce en un recurso al Tribunal Constitucional que puede paralizar el texto por invasión de competencias. Pero hay que tener en cuenta que esto no puede ocurrir, como mínimo, hasta julio. Es el tiempo que durará el camino parlamentario de la ley, que verá acortados sus plazos gracias a que se tramita por la vía de urgencia.

La precampaña y la campaña de las municipales en Andalucía tendrán de fondo el ruido sobre Doñana. El PSOE no va a dejar de airear el asunto ahora que ha visto una posible debilidad en Moreno. Pero el propio presidente de la Junta también está aprovechando la polémica al presentarse como garante de los intereses de su comunidad. No es una carta nueva en la baraja del malagueño, que ya la usó con su apuesta por la bajada fiscal, en el debate sobre la financiación autonómica o, más recientemente, al denunciar la “persecución hostil” que ha detectado desde Cataluña.

Esta práctica era habitual en el arsenal de su antecesora, Susana Díaz. También la ha utilizado más recientemente el socialista Ximo Puig con el trasvase del Tajo-Segura. No es extraño que los barones autonómicos confronten con el Gobierno central, ni siquiera si tiene el mismo color político. Pero esta lucha adquiere más relevancia si se tiene en cuenta que hay unas elecciones municipales dentro de mes y medio. Como ocurrió en 2022, PP y Vox han resucitado el asunto de los regadíos de Doñana en la proximidad de las urnas. Y esto tiene sentido si se tiene en cuenta que los populares creen que esta polémica no tiene un efecto inminente más allá de la zona afectada.

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Hay que recordar que fue Vox quien presionó en esta legislatura con la proposición de ley que decayó con el adelanto electoral. Los de Santiago Abascal la registraron a principios de año para obligar al PP a posicionarse, ya que los populares habían optado inicialmente por enfriar la ley. De fondo está el compromiso con los agricultores del entorno de Doñana que no tienen derecho a riego. Según dijo el propio Juanma Moreno en el pleno del jueves, son “unas decenas” de familias las que se quedaron fuera del plan de la fresa de 2014. La promesa que el PP incluyó en su programa electoral es a lo que aluden las distintas fuentes populares consultadas cuando se les pregunta por la razón que hay detrás del blindaje de una norma que ha cosechado una contestación tan importante.

El efecto electoral

El PSOE andaluz ha dejado atrás las dudas y está alineado con el rechazo a la ley que marca Teresa Ribera. Y los socialistas consideran que lo que hay detrás del empeño de Moreno es una lucha con Vox por la primacía en el voto del campo. En el entorno del presidente, rechazan esta tesis e insisten en ese compromiso adquirido y en su derecho a impulsar un texto que iba en su programa electoral y, por lo tanto, tiene el apoyo social de una mayoría absoluta.

Lo que hay en juego, en puridad, son los concejales de cinco pueblos donde viven 65.000 personas, la mayoría repartidas entre Almonte (25.000) y Moguer (22.000). El PSOE gobierna en Moguer, Bonares y Rociana del Condado, mientras que en Almonte están en el Gobierno junto a la izquierda y en Lucena del Puerto el alcalde es independiente. Distintas fuentes afirman que los ediles que se eligen en estas localidades no son determinantes para las mayorías de la Diputación de Huelva, uno de los objetos de deseo del PP en su intento de ampliar su poder municipal en Andalucía. Los socialistas incluso creen que les puede beneficiar, ya que el voto urbano es más propicio al discurso ecologista que abandera el PSOE y la mayor parte de diputados provinciales en Huelva salen de la capital.

En San Telmo, restan importancia al efecto que pueda tener esta pugna en sus resultados del 28-M, pero admiten que si las elecciones fueran autonómicas, sería un problema para Moreno. Sobre todo si se tiene en cuenta el esfuerzo que ha dedicado el malagueño en labrarse su perfil conservacionista. Quienes conocen al presidente de la Junta reconocen su interés genuino por los asuntos ambientales, pero su empeño en aprobar esta ley está poniendo en riesgo esta imagen.

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Moreno creó una Consejería de Sostenibilidad, habla de la “revolución verde” e incluso ofreció Andalucía para albergar la cumbre del clima de la ONU en 2025. El Gobierno andaluz ha creado un organismo de seguimiento de la sequía del más alto nivel y el malagueño bautizó su segundo mandato como “la legislatura del agua”. Todo esto queda empañado por la defensa de una ley que ha recibido un sonoro rechazo de la UE, del Gobierno central, de los ecologistas y, también, de la comunidad científica. El director de la Estación Biológica de Doñana, Eloy Revilla, desgranó en el Consejo de Participación de Doñana, celebrado el pasado lunes, un estudio que revela que la mitad de las lagunas del espacio natural se han secado.

A la reunión de este organismo acudieron el titular andaluz de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Ambos han replicado en las últimas horas la misma pugna que sus jefes de filas, acusándose ambos de no tener voluntad de diálogo. Una paradoja, sobre todo si se acude al diario de sesiones del Parlamento andaluz, que este jueves vio cómo se aprobaba una proposición no de ley del PSOE que aboga por la convocatoria de la comisión bilateral Junta-Gobierno para abordar esta situación. La iniciativa contó con los votos a favor de socialistas y populares, que han cerrado el pleno más crispado de la legislatura. Una sesión que comenzó con Maribel Mora, de Adelante Andalucía, vertiendo arena de Doñana sobre el escaño del presidente de la Junta. Más material para las trincheras.