Moncloa vuelve a llevar a Juanma Moreno al Constitucional, ahora por los regadíos de Doñana

Nuevo frente entre el Gobierno central y la Junta de Juanma Moreno por la ley que ordena los regadíos en el entorno de Doñana. El Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene intención de llevar la norma al Tribunal Constitucional en el momento en que se apruebe de forma definitiva. Será la cuarta norma impulsada por Andalucía recurrida por Sánchez desde que el malagueño llegó a San Telmo. Moreno, por su parte, ha hecho lo propio con la creación del impuesto a las grandes fortunas. La Junta llegó a pedir la suspensión cautelar del gravamen a las grandes fortunas y ha anunciado su intención de hacer lo propio con la ley de vivienda.

"Doñana no se toca" porque es "patrimonio de todos los españoles", ha dicho el propio Pedro Sánchez en un acto en Burgos, pocas horas después de que el Parlamento andaluz diera luz verde este miércoles a la ley de ordenación de los regadíos del entorno de Doñana con los votos de PP y Vox. Los 72 votos que suman ambos partidos son más que suficientes para que se tramite una norma que tiene en su contra a la comunidad científica, a las autoridades europeas y al Gobierno central. Antes del trámite, Teresa Ribera recordó a la Junta que utilizará "todas las medidas constitucionales y europeas" para parar esta nueva regulación, que abre la puerta a ampliar los derechos de riego en el Condado de Huelva.

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Es la fórmula que ha utilizado la ministra de Transición Ecológica para advertir al Ejecutivo andaluz, que sigue con su plan, pese al enorme rechazo, de que irá al Tribunal Constitucional una vez que la norma se apruebe de forma definitiva. Esto no será antes de julio, pero el anuncio de Ribera es muy poco halagüeño para esta ley, ya que el Gobierno tiene la potestad de paralizar una norma si considera que se vulneran sus competencias. Según las tesis del equipo de Ribera, la ley que se ha abordado en el Parlamento andaluz este miércoles alude a la concesión de derechos de agua, una potestad de su ministerio, de la mano de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Es la segunda vez que un texto sobre este asunto se aborda en la Cámara regional, pero ha habido varios cambios respecto a la primera ocasión, en el otoño de 2021. En este año y medio, el Gobierno de Juanma Moreno ha pasado de evitar pronunciarse sobre esta norma, que decayó con el adelanto electoral, a defenderla a capa y espada. Es cierto que el Ejecutivo popular, ya con mayoría absoluta, tampoco ha emitido su posicionamiento sobre la proposición de ley, como suele hacer con las iniciativas legislativas que salen de los grupos parlamentarios. Pero tanto Moreno como el consejero de Sostenibilidad y portavoz, Ramón Fernández-Pacheco, han defendido la necesidad de aprobar esta ley.

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En la pasada legislatura, el Gobierno andaluz insistía una y otra vez en que se trataba de una iniciativa de los grupos parlamentarios y no del Ejecutivo. Con esa fórmula, eludía la responsabilidad sobre un asunto que provocó, en su momento, sonoras críticas de Bruselas. Y las ha vuelto a provocar, con una nueva carta de la directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer, que amenaza con una nueva multa a España por incumplir la sentencia del TJUE que condenó a España por infringir las directivas de aguas y hábitats en Doñana.

Este rechazo va de la mano del que lanzó el lunes la mayor parte de los miembros del Consejo de Participación de Doñana, organismo que rige el parque y que cuenta con la presencia de Miguel Delibes de Castro, exjefe de la Estación Biológica de Doñana. Eloy Revilla, el actual director, dio cuenta de una investigación que advierte sobre la desecación de la mitad de las lagunas permanentes del humedal “más importante de Europa”.

En esta ocasión, la defensa de San Telmo se centra en dejar claro que esta norma no alude a los derechos de agua ni amnistía a ningún pozo ilegal. El mismo argumento es el que ha utilizado el diputado popular que ha intervenido en el debate, Manuel Andrés González, presidente del PP de Huelva. Como el portavoz de Vox, el también onubense Rafael Segovia, han acusado de “mentir” a la oposición cuando aseguran que la norma es perjudicial para Doñana. “Es una solución que no cruza las líneas rojas de Doñana”, ha garantizado González en su discurso.

748 hectáreas legalizables

Es cierto que la ley ha sufrido varios cambios entre su versión de 2021 y la de 2023, como la inclusión de una oficina técnica, como reclamó el PSOE, para analizar caso por caso la situación de las explotaciones del entorno. Con ese argumento, el de la necesidad de examinar todas las fincas y sus posibles derechos de agua, ni el PP, ni Vox, ni el Gobierno andaluz se aventuran a dar un número exacto de las hectáreas que podrían convertirse en regables. Inicialmente, se habló de unas 1.400, pero la propia Junta, en la pasada legislatura, informó a Bruselas de que el área afectada sería de un máximo de 748,62 hectáreas.

El quid de la cuestión en todo este asunto es quién está facultado para dar los derechos de agua. Es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, cuya titular, Teresa Ribera, ha achacado la apuesta de la Junta por esta ley a la “arrogancia del señorito” de Juanma Moreno. Esa calificación da pistas de la intención nula que hay en el Gobierno de Pedro Sánchez de ampliar los derechos de riego en el entorno de Doñana. Toda el agua que llegue a la zona, como está previsto en la ley del trasvase aprobada en 2018 en el Congreso de los Diputados, irá a los agricultores que ya tienen los derechos concedidos y a seguir restaurando el acuífero que nutre el humedal onubense.

“Lamentablemente, les están engañando, no hay agua, y esta solución no lleva a ninguna parte”, ha defendido la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, respecto a esta realidad. “Les mienten a conciencia”, ha abundado el socialista Mario Jiménez. Es lógico que los responsables regionales de PSOE y UP coincidan con las tesis del Gobierno central, igual que ocurre con Adelante Andalucía. La portavoz de la formación andalucista, Maribel Mora, ha protagonizado el momento más llamativo del debate al verter un vaso con arena de Doñana encima del escaño de Juanma Moreno, que no ha estado presente en ningún momento del debate.

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Sí estaban presentes un colectivo de agricultores de los cinco pueblos afectados por esta norma (Almonte, Moguer, Bonares, Lucena del Puerto y Rociana del Condado). En el plenario había varios, pero la mayor parte se quedaron a las puertas del antiguo Hospital de las Cinco Llagas, sede del legislativo andaluz. Allí, con una pantalla y dos altavoces, siguieron el debate, que se crispó por momentos con el gesto de Mora, reprendido duramente por el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre.

También fue muy criticado Mario Jiménez, onubense de Moguer, que también intervino en el debate de la pasada legislatura. Entonces, el PSOE se abstuvo en un intento, dijo entonces Juan Espadas, por dar una oportunidad al Gobierno y buscar una solución dialogada. Ahora los socialistas han votado en contra con la consigna de Ribera de que no habrá agua para más agricultura ni cuando se terminen las infraestructuras que permitirán completar el trasvase, que es a lo que se agarran PP y Vox.

La ley se tramita por la vía de urgencia, por lo que quedará aprobada en verano, pero los derechos de agua todavía pueden tardar años en llegar

No hay previsión de que esto ocurra de forma inminente, ya que proyectos como el túnel de San Silvestre todavía necesitan años para su culminación. Por eso, la izquierda acusa de electoralismo a PP y Vox cuando impulsan esta ley por segunda vez en año y medio y lo hacen por la vía de urgencia. Esto significa que la ley quedará aprobada en julio, al final de este periodo de sesiones, o en septiembre, al principio del próximo. Será entonces cuando comience la batalla legal anunciada por el Gobierno central, que tiene intención de acudir al Tribunal Constitucional, convencido de que la norma es contraria a la ley estatal y al derecho comunitario, como ha dicho este miércoles Félix Bolaños.