Moreno tropieza de nuevo con Doñana y culpa al Gobierno de la reacción de Bruselas

Cuando Bruselas levantó la voz, en noviembre de 2021, por el intento de PP, Cs y Vox de reordenar los regadíos del entorno de Doñana, el Gobierno de Juanma Moreno se limitó a decir que se trataba de una iniciativa del Parlamento. Ni siquiera emitió el posicionamiento que el Ejecutivo suele tomar con las normas que llegan de la Cámara. Año y medio después, la reacción ha sido bien distinta. Aunque se trata de una proposición de ley de PP y Vox y no un proyecto que sale de San Telmo, el consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández Pacheco, se ha implicado en la defensa del texto, convencido de que no tiene afección al acuífero que alimenta el gran humedal andaluz. Y por eso señala al Gobierno central para explicarse la reacción airada de la Comisión Europea, que ha vuelto a amenazar con multar a España si el texto se aprueba y abre la puerta a ampliar los regadíos en el Condado de Huelva.

El Gobierno de Juanma Moreno tropieza de nuevo en la piedra de Doñana y lo hace solo a dos meses de las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Todo ello a pesar de que el nuevo texto "salvaguarda ahora y para el futuro" al acuífero, según Fernández Pacheco, que se ha ofrecido a ir a Bruselas a "explicar que esta proposición de ley no va del acuífero". La tesis del Gobierno pasa por defender que la norma se limita a calificar el suelo y abre la puerta que los terrenos sean regables después de un análisis individualizado. Y, sobre todo, con la condición de que el agua de riego sea superficial, para lo que deben finalizarse una serie de infraestructuras que todavía están en proyecto.

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El nuevo texto, ha defendido el consejero portavoz y de Sostenibilidad, tiene una serie de salvaguardas que no estaban en el texto original. Y en la Junta estaban convencidos de que esas modificaciones podrían acabar con las dudas de Bruselas. No ha sido así y la directora general de Medio Ambiente, Florika Fink-Hooijer, ha vuelto a remitir una carta en unos términos similares a la primera.

La alta funcionaria europea ha recordado que esta proposición de ley puede ir contra la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que condenó a España en 2021 por incumplir las directivas de agua y hábitat en Doñana. Y ha vuelto a emplear palabras tan gruesas como "inquietud y estupefacción" por la reactivación de un texto que supondría una "violación flagrante" de esa sentencia. La respuesta de Bruselas a la aprobación del texto sería una denuncia, esta vez sí, aparejada a multas económicas.

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Ante esta amenaza, el Gobierno andaluz no contempla revisar el texto, todavía en tramitación en el Parlamento. Fernández Pacheco ha defendido que la carta se dirige al Reino de España, por lo que es el Ejecutivo central el principal interlocutor de la Comisión Europea. "El Gobierno de España no está contribuyendo", se ha quejado Fernández Pacheco, que ha acusado a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de "verter exactitudes". "No me extraña que en Bruselas estén preocupados", ha zanjado el político del PP, que se ha ofrecido a acompañar a Ribera a la capital comunitaria para explicar que el texto no perjudica a Doñana.

El Gobierno andaluz fue a Bruselas

Lo llamativo es que una representación de la Junta, comandada por el viceconsejero de Sostenibilidad, ya acudió a Bruselas el pasado 8 de febrero para verse con el director general de Biodiversidad de la Comisión Europea, el portugués Humberto Delgado. Este encuentro no calmó las aguas y en la Junta consideran que esto responde a la falta de unidad que llega a la UE. Por eso, en San Telmo se quejan en privado de que el Gobierno central no tiene intención de llegar a un acuerdo y por eso no convoca las reuniones a las que se ha comprometido, siempre según el Gobierno andaluz. Y todo ello a pesar de que "todas las administraciones tenemos claro que el acuífero no se toca".

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Siendo eso cierto, hay una diferencia entre la posición del Gobierno central y la del autonómico que no es baladí. Ambos están de acuerdo en que tiene que llegar más agua en superficie al entorno de Doñana. La disparidad está en que el Ejecutivo de Juanma Moreno avala que parte de esa agua sirva para ampliar los regadíos a los agricultores que tenían derecho antes de la actual ordenación y en Transición Ecológica no están por la labor. Toda el agua, según el plan que presentó Ribera en Almonte, debe ser precisamente para favorecer la restauración de las masas de agua que hay bajo Doñana.

Y en medio de esta división hay un trasfondo político azuzado por la cercanía de las municipales. Incluso en el PSOE, a pesar de la postura de Ribera, hay voces que piden una solución para los agricutores de Moguer, Almonte, Bonares, Lucena del Puerto y Rociana del Condado que sea compatible con la conservación del parque. En estas cinco localidades onubenses, las afectadas por la ley, el PP arrasó en las elecciones autonómicas del pasado junio. Tres de los alcaldes son socialistas y se juegan su reválida el 28 de mayo, lo que explica las prisas del PP y Vox, que han propuesto la tramitación por la vía de urgencia tras comprometerse con la plataforma de regantes del Condado de Huelva a impulsar esta norma.