Bruselas vuelve a amenazar con multas por el plan de regadíos de la Junta en Doñana

La historia se repite con los regadíos del entorno de Doñana y la preocupación de Bruselas sobre el parque natural andaluz. La Comisión Europea ha remitido una carta al Gobierno español para advertir que la norma impulsada por PP y Vox que contempla la reordenación de los cultivos en el Condado de Huelva puede acarrear sanciones al país. La misiva parte de la dirección general de Medio Ambiente de la Comisión, al igual que en la pasada legislatura, cuando PP, Cs y Vox ya intentaron aprobar un texto muy similar. En el Ejecutivo andaluz de Juanma Moreno eran optimistas sobre la respuesta de Bruselas al nuevo texto, pero la historia se ha repetido punto por punto.

La alta funcionaria Florika Fink-Hooijer recuerda que en la carta que envió en enero de 2022 ya mostró su "inquietud y estupefacción" por los riesgos que entraña el texto para el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que en 2021 condenó a España por la situación de Doñana. El texto tiene como destinatario a Marcos Alonso, responsable de la Representación Permanente de España en Bruselas (Reper), al que recuerda que la norma que está en tramitación en el Parlamento andaluz puede ser una "violación flagrante" de la sentencia del Tribunal de Justicia europeo.

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En la misiva, la responsable de la dirección general de Medio Ambiente de la Comisión quiere saber qué medidas ha tomado el Gobierno para que la nueva proposición de ley no afecte al cumplimiento de la citada sentencia. España fue condenada por el incumplimiento de la directiva de aguas y de hábitats, y Bruselas ha puesto el foco precisamente en las posibles captaciones hídricas del acuífero que nutre el humedal andaluz. Lo llamativo es que aquí hay total sintonía entre la UE y el Gobierno central, que en su plan para Doñana no contempla la posibilidad de ampliar los regadíos en ningún caso.

El plan de Transición Ecológica, anunciado por Teresa Ribera a finales del año pasado, contempla la llegada de más agua a la zona, lo mismo que quiere la Junta, pero no la concesión de más derechos de agua a agricultores. Los nuevos recursos que deben llegar cuando finalicen las infraestructuras proyectadas deben servir, según el Ejecutivo central, para restaurar el acuífero de Doñana. Esta propuesta tiene también voces críticas dentro del PSOE en Huelva, ya que los socialistas locales consideran que debe buscarse una solución para algunos agricultores de la zona.

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En su carta, la UE insiste en que la sobreexplotación continuada del acuífero "amenaza gravemente" la viabilidad de la actividad económica de la comarca, en especial de los cultivos de regadío. Es llamativo que ese argumento sea similar al que utilizan en PP y Vox para defender su texto legislativo, que, a diferencia del original, cuenta con el apoyo explícito del Gobierno de Juanma Moreno. El portavoz y consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, insiste una y otra vez en que la nueva norma no va aparejada a la concesión de derechos de agua a los agricultores. Esto, insisten, solo ocurrirá cuando llegue agua en superficie y que depende de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), gestionada por el Gobierno central.

Fernández Pacheco defendió a su llegada a la Junta la búsqueda de una solución acordada con el Gobierno central para revisar la ordenación de los regadíos del Condado de Huelva. Incluso hubo una delegación de su consejería que acudió a Bruselas para reunirse con altos funcionarios de la dirección de Medio Ambiente que ahora vuelve a amenazar a España por la norma andaluza. Ni ese encuentro ni las explicaciones que la Junta dio en la anterior polémica, asegurando que la protección de Doñana está por encima de todo, han convencido a Bruselas. Tampoco el hecho de que la nueva ley incluya una oficina técnica para analizar caso por caso la situación de las parcelas ha librado a la Junta de este nuevo tirón de orejas.

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El impulso del nuevo texto, registrado a principios de este mes en el Parlamento y que se tramitará por la vía de urgencia, vuelve a coincidir con una precampaña electoral. En este caso son las municipales del 28 de mayo, cuya cercanía ha apremiado a PP y Vox a volver a registrar la polémica norma ante la presión de los regantes del Condado de Huelva. El PP asegura que intentó negociar con el PSOE y con el Gobierno central, con quien el propio Fernández Pacheco mantuvo una reunión antes del registro de la proposición de ley. La tesis del departamento que dirige Teresa Ribera era, precisamente, la posibilidad de que Bruselas volviera a reaccionar de forma airada, como ha acabado ocurriendo.

Posible multa

“De prosperar la tramitación de esta propuesta en los términos que han sido anunciados, se estaría produciendo una violación flagrante de lo dispuesto en la sentencia del Tribunal de Justicia”, asegura en la carta. Advierte, en este sentido, de que la Comisión tomaría en consideración la “adopción de todas las medidas necesarias, incluyendo la interposición de un nuevo recurso ante el Tribunal de Justicia en el que solicitaría que se impongan sanciones pecuniarias”.

Además, insta a ejecutar la sentencia del tribunal de Justicia de junio de 2021 para proteger los valores naturales de Doñana y sostiene que la aprobación de la proposición de ley del Partido Popular, del pasado 3 de marzo, "agravaría significativamente la situación de las masas de agua y de los espacios protegidos de Doñana".