Moreno bendice la ley de regadíos de Doñana pese al rechazo de Ribera y la amenaza de Bruselas

El Gobierno andaluz de Juanma Moreno ha cambiado su posición con la nueva ley sobre la ordenación de los regadíos de Doñana respecto a su primera versión. Cuando PP y Vox registraron el texto original, la reacción del Ejecutivo regional a la norma consistía en recordar que se trataba de una iniciativa de los grupos parlamentarios, ajena a San Telmo. Tanto fue así que no llegaron a emitir el informe para calificar favorable o negativamente el texto, como suele ocurrir con las proposiciones de ley que llegan de la Cámara. Esta vez la situación es distinta. El consejero de Sostenibilidad y portavoz, Ramón Fernández Pacheco, se ha implicado en la defensa de la iniciativa de forma explícita. "Estamos convencidos de que no se perjudica a Doñana", ha sentenciado el dirigente popular este martes, tras el Consejo de Gobierno

PP y Vox registraron el pasado viernes en el Parlamento una ley que, como recuerdan ambos partidos, no otorga derechos de riego a los agricultores que ahora mismo no los tienen en la llamada Corona Norte Forestal de Doñana. Fernández Pacheco ha insistido en esta idea, uno de los argumentos de los partidos y el Ejecutivo andaluz para defender el texto. El efecto último de la ley, la posible llegada de aguas a esos agricultores que el portavoz ha cifrado en "650 familias", solo se hará realidad si se construyen unas infraestructuras que lleven agua en superficie al Condado de Huelva. Cuando llegue ese momento, todavía será necesario que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) conceda derechos de riego a esas parcelas. Y este organismo depende del Ministerio de Transición Ecológica, que ha mostrado su rechazo tajante al texto que está en tramitación en el legislativo andaluz.

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La tesis de los grupos proponentes y el Ejecutivo de Juanma Moreno es que la aprobación del texto dará "seguridad jurídica" a los agricultores de las cinco localidades afectadas: Moguer, Almonte, Bonares, Rociana del Condado y Lucena del Puerto. La norma tiene carácter urbanístico, ya que plantea la revisión de la ordenación del territorio en el entorno de Doñana para revisar qué tipo de parcela tienen los agricultores, forestal o agrícola. La actual radiografía se realizó en 2014 en el llamado Plan de la Fresa que PP y Vox quieren retocar con la nueva proposición de ley.

La apuesta por el diálogo que inauguró Fernández-Pacheco no ha llegado a buen puerto después de que la reunión que mantuvo con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, naufragase. El responsable del Ejecutivo central pidió al portavoz que no registrase el texto, ya que considera que es contrario a la protección del parque natural, a pesar de que ambas administraciones apuestan por que llegue más agua al Condado de Huelva. El Gobierno de Pedro Sánchez presentó un plan para llevar más agua superficial al entorno de Doñana y así cumplir con las exigencias de Bruselas sobre el acuífero que hay bajo el humedal. Pero el departamento de Transición Ecológica no tiene intención alguna de que esa agua sirva para ampliar la cantidad de hectáreas regables, que es lo que reclaman los agricultores que han impulsado la polémica proposición de ley.

En el PSOE andaluz, igual que en el Gobierno, muestran su rechazo a la fórmula elegida por los populares y reclaman un acuerdo entre administraciones. Y aunque las dos, la central y la autonómica, defienden esa necesidad, las posturas están justo en el mismo punto que hace año y medio, cuando PP y Vox registraron el primer texto. Los socialistas rechazan además que la norma se esté tramitando en el Parlamento por la vía de urgencia, lo que permitirá que la ley esté aprobada antes de que la Cámara se vaya de vacaciones en agosto. Estas prisas extrañan a la oposición, ya que la filosofía del texto, según afirman desde PP, Vox y la Junta, no supondrá el aumento de los derechos de riego en un plazo corto. Y hay que tener en cuenta que la polémica ha resucitado justo a dos meses de las elecciones municipales del 28 de mayo.

La carta de Bruselas

De fondo está la posibilidad de que la Unión Europea vuelva a responder airada a la idea, como ya hizo la primera vez. Fernández-Pacheco no se ha pronunciado al respecto, más allá de sugerir que el conflicto que mantienen los dos gobiernos no ayuda a que Bruselas no esté alerta. El viceconsejero de Sostenibilidad, Sergio Arjona, y el director general de Espacios Protegidos, José Enrique Borrallo, se vieron el 8 de febrero con Umberto Delgado, el director general de Biodiversidad de la Comisión Europea, para abordar la situación. Es cierto que Bruselas no tiene que pronunciarse sobre este texto, pero planea la posibilidad, aseguran desde la oposición.

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Los grupos proponentes y el Gobierno de Juanma Moreno confían en que esto no ocurra y la tramitación avanzará sin problemas en el Parlamento. Los 58 diputados del PP ya son garantía de ello, pero además hay que tener en cuenta a los 14 de Vox. Los populares han incluido en el texto algunas de las enmiendas que el PSOE defendió en la tramitación de la pasada legislatura. Lo más destacado de estas novedades es la oficina técnica que evaluará, caso a caso, la situación de las parcelas para decidir cuáles podrían derechos de agua en virtud a los usos históricos del suelo.

Los socialistas no han definido su posición, pero el equipo de Juan Espadas, alineado con el Gobierno central, está en el rechazo a la toma en consideración de la nueva proposición de ley a pesar de estos guiños. Además de negar cualquier negociación previa, el PSOE andaluz reclama que sea el Gobierno de Juanma Moreno quien impulse la norma y no los grupos parlamentarios. En esto no ha cambiado la postura de San Telmo, aunque las explicaciones no quedan muy claras.