La Junta se reunirá con Bruselas para aclarar sus planes sobre Doñana tras las advertencias

La Junta de Andalucía quiere explicar en Bruselas su plan para regularizar 750 hectáreas de cultivos de frutos rojos en la corona norte de Doñana, una iniciativa que han presentado el PP y Vox en el Parlamento andaluz y que cuenta con el rechazo expreso del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez. El viaje se efectuará también tras las advertencias de la Comisión Europea a las multas a las que se puede enfrentar España si no se preserva el parque. Esta mañana, un portavoz de la Comisión ha señalado que la institución tomará “medidas adicionales” si son necesarias para que el país cumpla con el dictamen de la Justicia europea, en referencia a una sentencia de 2021 por la que ya fue condenado.

Una delegación del Gobierno andaluz acudirá la primera semana de mayo a Bruselas para reunirse con el Gabinete del comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, con el objetivo de explicarle de primera mano su proyecto para regularizar los terrenos de cultivos en los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado. Así lo ha avanzado este jueves el secretario general de Acción Exterior de la Junta de Andalucía, Enric Millo, en el transcurso de una charla-coloquio de la Asociación Española de Directivos (AED) que ha tenido lugar en CaixaForum Sevilla.

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El representante de la Administración andaluza ha defendido la necesidad de que la Junta vaya a Bruselas a explicar su posición directamente y “sin intermediarios”, en relación con la posición beligerante que mantiene el Ministerio de Transición Ecológica sobre la regularización de esos terrenos de cultivos. Millo ha explicado a El Confidencial que la reunión se producirá el 3 de mayo en Bruselas, pero desconoce aún quién encabezará la delegación de la Junta, aunque podría ser el consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco.

No es la primera vez que el Gobierno andaluz viaja a Bruselas para explicar su posición respecto a Doñana. Hace poco más de un año, fue la entonces consejera de Agricultura y Medio Ambiente, Carmen Crespo, la que se entrevistó directamente con el comisario europeo para informarle sobre este plan.

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El secretario general de Acción Exterior de la Junta se ha referido también a la posible afectación a la imagen de Andalucía y al sector de los frutos rojos de Huelva por esta polémica, algo que considera que "no debe afectar", y ha enfatizado que “el primer interesado, más que el resto de España y Europa, en proteger esta zona es Andalucía, y entender esto al revés es no entender nada o querer premeditadamente hacer daño”.

Un viejo conflicto

La Comisión Europea mantiene un largo pulso con España por la cuestión de Doñana, después de que en 2021 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictara que España incumplía las normas europeas en materia de protección de aguas y de hábitats. Desde entonces, el Ejecutivo comunitario ha presionado para que el Gobierno tome medidas, y en 2022 enviaron una carta de notificación formal, pidiendo explicaciones a Madrid. Un portavoz de la Comisión Europea ha explicado que, en estos momentos, los técnicos comunitarios analizan la respuesta ofrecida por el Gobierno a aquella carta en la que le solicitaban "aplicar las medidas necesarias para respetar este fallo del TJUE".

“El conocimiento científico y técnico disponible proporciona pruebas sólidas de los efectos adversos de la sobreexplotación de las aguas subterráneas sobre los ecosistemas de Doñana”, ha señalado un portavoz del Ejecutivo comunitario, que ha añadido que la institución tomará “medidas adicionales” si son necesarias para que España cumpla con el dictamen de la Justicia europea. Dichas medidas adicionales dentro de un procedimiento de infracción son las multas diarias que la Comisión puede solicitar al TJUE si España sigue incumpliendo su decisión. En todo caso, los portavoces han evitado hacer comentarios sobre las decisiones de la Junta en las últimas horas, señalando que les falta información al respecto.

Pero, aunque los portavoces no quieran entrar a valorar los últimos acontecimientos, la Comisión sigue de cerca el asunto, especialmente Florika Fink-Hooijer, directora general de Medio Ambiente, que ya ha enviado una misiva en la que alertaba de tomar medidas en contra de la sentencia del TJUE de 2021.

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La cuestión también ha llegado a Bruselas porque Iratxe García, presidenta de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, ha anunciado esta mañana que su grupo organizará un viaje a Doñana con eurodiputados para evaluar la situación. Ese viaje, que fuentes socialistas aseguran que estará compuesto por miembros de varios partidos políticos, no tiene efectos prácticos reales, y es un instrumento de presión política. García también ha explicado que solicitará reuniones urgentes con Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea, y con Virginijus Sinkevičius, comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca.