La Junta y el Gobierno, sin un plan conjunto para salvar Doñana: “Nos dieron un portazo”

La Junta de Andalucía abrió a principios de legislatura la negociación para comprar uno de los espacios más importantes para la biodiversidad de Doñana: la finca Veta La Palma, un humedal artificial amenazado por el cierre de las piscifactorías y cuyo agua, procedente del río Guadalquivir, supone una alternativa a la sequía para más de 300.000 aves acuáticas. Era una recomendación del director del Parque Natural y el Ejecutivo andaluz lo mantuvo en secreto hasta este martes, cuando Juanma Moreno anunció un acuerdo para comprar 7.500 hectáreas y dar un golpe de efecto en la polémica por Doñana.

El proyecto aspira a ser el mayor hito ambiental de los últimos 45 años. El objetivo es otorgar la máxima protección a este espacio y aumentar en un 14% la superficie del Parque Nacional, aunque la adhesión del espacio requeriría del visto bueno del Ministerio de Transición Ecológica. “Estamos convencidos de que van a estar de acuerdo”, manifestó el portavoz del Gobierno andaluz tras ser preguntado sobre si el Ministerio estaba al tanto de la operación.

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El proyecto evidencia la falta de coordinación entre ambas administraciones, pese a que el humedal se encuentra en su peor momento y a los intentos por separado para salvarlo. Hace menos de un año, la Junta de Andalucía, gestora del Parque, ya mostró su descontento porque el Gobierno central no contase con el autonómico para la elaboración de su plan de choque. El Ministerio de Transición Ecológica anunció entonces un marco de actuaciones prioritarias y 356 millones de euros de inversión. Meses más tarde, la ley autonómica para ampliar regadíos en Doñana provocaría un enfrentamiento frontal entre Sevilla y Madrid, que podría recrudecerse en las próximas semanas por la reactivación de los trámites.

La ministra Teresa Ribera alabó ayer la compra de la finca, pero recordó que es "insuficiente" y que "no tiene incidencia" a la hora de "reducir la presión sobre el acuífero". Además, a su juicio, esta propuesta debería poder formar parte del plan de choque anunciado por el Estado, que "no ha contado hasta la fecha con ninguna contribución por parte del gobierno autonómico, que es quien debe gestionar Doñana".

El director de la Estación, Eloy Revilla, pide un plan único a ambas administraciones

El director de la Estación Biológica de Doñana, Eloy Revilla, advirtió de la necesidad de coordinar las medidas para frenar el deterioro del mayor humedal de Europa. “Las distintas administraciones deben generar un plan único para diseñar esos planes a gran escala, a medio plazo, dentro de lo que el Consejo de Participación de Doñana ha denominado Doñana 2030, para que la efectividad sea lo mayor posible", expuso.

Una operación rentable

El Gobierno andaluz pretende financiar esta compra con fondos europeos y ha pedido al Estado flexibilidad para poder gestionar los recursos. “Antes de que se desatara la tormenta sobre el Parque Nacional planteamos reuniones bilaterales para trabajar juntos. Nosotros tocamos la puerta y ellos dieron el portazo”, recordó el portavoz del Ejecutivo y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco.

Fuentes del Gobierno autonómico destacan la necesidad de mantener en secreto la negociación para comprar los terrenos a las empresas, que ya estaban cerradas, a un buen precio. Los técnicos de la Consejería determinaron qué espacios podían ser más interesantes para el Parque, cerrando una oferta por 70 millones. Las mismas fuentes destacan la rentabilidad de la operación y la comparan con la realizada por el Estado en 2015, cuando el Gobierno central compró 922 hectáreas de la finca Los Mimbrales, en Aznalcázar, por 49,8 millones de euros. Entonces se pagaron 53.000 euros por hectárea y ahora, por menos de 10.000.

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La Junta pretende gestionar directamente el espacio, aunque no ha cerrado aún los detalles del proyecto. Supondrá, según explicó el portavoz del Gobierno andaluz, un “coste recurrente” todos los años. “No tenemos un cálculo exacto, pero será un dinero bien invertido y haremos lo que tengamos que hacer para mejorar las condiciones ecológicas para la biodiversidad y los visitantes”, apuntó Fernández-Pacheco.