¿Quién tiene la culpa de la sequía? Andalucía tensa la batalla por el agua

“La sequía marcará el debate político y territorial en nuestro país durante los próximos años”. Desde el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez expuso hace cinco meses una idea que el ciclo electoral ha venido a confirmar. La batalla del agua ganará peso conforme vaya convirtiéndose en un recurso cada vez más escaso. Y Andalucía, la comunidad más expuesta al cambio climático, es el mejor ejemplo: con los pantanos al 20% de su capacidad, la gestión hídrica ya protagoniza el debate político y será determinante en los próximos meses.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, erró esta semana en su intento de lograr un gran pacto de mínimos con la oposición en esta materia. El barón popular reunió a todos los grupos con representación en el Parlamento autonómico en busca de “diálogo” y “consenso”, pero no logró obtener un respaldo mayoritario para uno de sus grandes proyectos: pelear en Bruselas por un reconocimiento como territorio más seco de Europa para obtener más fondos de la Unión Europea.

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Fuentes del Gobierno andaluz se muestran optimistas y esperan rubricar el apoyo de la oposición a cuestiones concretas en las próximas semanas. Sin embargo, la batalla partidista dificulta el consenso. Un acuerdo en materia de gestión hidríca significaría hoy mucho más que el apoyo a una petición concreta para reclamar más inversiones en el territorio. Y es que desde hace meses, PP y PSOE, la Junta de Andalucía y el Gobierno central pelean por ganar el relato sobre quién es el culpable de la falta de agua.

El principal punto de desencuentro es la ampliación de regadíos de Doñana, una ley que supone el principal talón de aquiles del Gobierno andaluz y que, pese a la “mano tendida” de Juanma Moreno, el PP se niega a retirar. "Hubo posibilidad de modificarla, pero nadie presentó enmiendas", defendió el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, tras la ronda de encuentros de Moreno, en la que tres de los cinco portavoces pidieron la retirada de la norma.

El fuego cruzado es constante y se recrudecerá con la ley de regadíos en Doñana

La izquierda siempre defendió que la ley, presentada por PP y Vox por la vía de urgencia, debía ser impulsada por el Ejecutivo andaluz. Desde el PP esperan que la norma se apruebe definitivamente en el mes de octubre, a pesar del recurso que impondrá el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez ante el Tribunal Constitucional para paralizarla de inmediato. Los socialistas auguran una victoria en los juzgados, aunque los populares se mantienen firmes en cumplir con su compromiso con los regantes tras una incontestable victoria electoral en Huelva.

Si Pedro Sánchez logra la investidura, el debate sobre la norma recrudecerá el conflicto con el Gobierno central. De hecho, salvo algunas voces que proponen dejar a un lado la batalla partidista, el fuego cruzado ha sido una constante este verano. A diario, miembros del PP y representantes de la Junta de Andalucía reclaman al Estado más inversiones públicas y la aceleración de obras hidráulicas clave, como es el caso de la presa de Alcolea o las obras del túnel de San Silvestre, en Huelva.

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“Sánchez lleva cinco años en Moncloa sin hacer absolutamente nada por los problemas hidráulicos de Andalucía”, llegó a afirmar esta semana el portavoz del Ejecutivo andaluz, que habla de "maltrato injustificado" del Gobierno central a Andalucía, con 33 obras de competencia estatal que "ya deberían haberse impulsado".

Desde el PSOE andaluz intentan contrarrestar el discurso del agravio que marcará la mayoría absoluta de Moreno si no hay cambio de inquilino en la Moncloa. “Esto no conduce a ninguna parte y es un discurso improductivo”, reprochó el secretario general de los socialistas, Juan Espadas, quien puso sobre la mesa tres condiciones para ganar "credibilidad" e ir de la mano de Moreno a pedir más fondos a Bruselas: acudir con un plan transversal para adaptar a Andalucía al cambio climático; ejecutar las inversiones en materia de agua ya aprobadas –el Gobierno andaluz no ha concluido ninguna de las obras de emergencias aprobadas en 2020-; y retirar una ley de regadíos que ya fue criticada por Bruselas por los posibles efectos en el Parque Natural de Doñana.

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Su posición es compartida por el bloque de la izquierda. "Esa ley debilita cualquier posición que se mantenga ante las instituciones europeas", advirtió la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto. Mientras, por el flanco derecho, el líder de Vox en Andalucía, que ha elevado el tono contra Moreno en los últimos meses, presiona al PP con la necesidad de desatascar la ley “cuanto antes”. La tramitación continuará en las próximas semanas y volverá a poner en el foco nacional la polémica, aunque la gestión hídrica ya marca el día a día de la política andaluza.