Bruselas reitera su preocupación ante la Junta por la ley de Doñana: "Va en la mala dirección"

La Junta de Andalucía ha intentado cerrar el frente abierto por las dudas de la Comisión Europea respecto a la nueva ley de Doñana, pero en Bruselas mantienen la preocupación expresada en las últimas semanas. La norma, que ya ha generado un choque frontal entre la Junta y el Gobierno central, también ha llamado la atención de Bruselas, que considera que va en la dirección contraria a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 2021 que pedía proteger mejor Doñana. Para intentar abordar las dudas de la Comisión Europea, una delegación de la Junta ha viajado a la capital comunitaria este lunes y se ha reunido con Virginijus Sinkevicius, comisario de Medio Ambiente.

Ramón Fernández-Pacheco, consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, ha agradecido a Sinkevicius el encuentro y durante el mismo, que ha durado cerca de una hora, ha explicado la nueva norma sobre regadíos al comisario. “Hemos acudido a esta reunión con la verdad como único instrumento y como único arma con el que defendernos frente a este ataque continuo y al aluvión de descalificaciones y mentiras del Gobierno de España”, ha asegurado Fernández-Pacheco ante los medios de comunicación tras finalizar la reunión.

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Juanma Moreno, presidente de la Junta, señaló en las últimas horas que esperaba que Sinkevicius explicara “en qué no está de acuerdo de los 25 folios” de la iniciativa parlamentaria, y eso es precisamente lo que ha hecho el equipo del comisario. Un portavoz de la Comisión Europea ha señalado que, durante el encuentro Sinkevicius, ha subrayado la preocupación del Ejecutivo comunitario, expresada ya en una carta recientemente por Florika Fink-Hooijer, directora general de Medio Ambiente. “El comisario recordó que a la Comisión le preocupa profundamente que la legislación andaluza propuesta, de adoptarse como se ha propuesto, pueda degradar el humedal protegido de Doñana”, ha explicado un portavoz de la institución europea.

El consejero, sin embargo, ha señalado que la mayoría de la reunión con Sinkevicius se ha centrado en el cumplimiento de la sentencia del TJUE de 2021, que, según el representante de la Junta, depende en un “80%” del Gobierno central. Una sentencia que un portavoz de la Comisión Europea recuerda que ya no se está cumpliendo, “incluso sin el probable impacto negativo de la legislación propuesta, que parece ir en la dirección opuesta”.

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En la carta de Fink-Hooijer, la directora general señalaba que “la aprobación de una propuesta del cariz de la presentada el pasado 3 de marzo agravaría significativamente la situación de las masas de agua y de los espacios protegidos de Doñana. Por otra parte, la sobreexplotación continuada en el tiempo del acuífero amenaza gravemente la propia viabilidad de la actividad económica de la comarca del entorno de Doñana, en particular de los cultivos de regadío”, señalaba en su misiva.

“El argumento de la Junta sigue siendo que no afecta a las aguas subterráneas, que solo afecta a las superficiales y está fuera de la sentencia”, ha explicado una fuente diplomática. “Pero la Comisión sigue en la misma posición, entiende que la proposición de ley afecta a Doñana aunque solo sean aguas superficiales y su objetivo es el cumplimiento de la sentencia. Entiende que no se ha logrado todavía y que esta proposición de ley va en la mala dirección”, han señalado las mismas fuentes.

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La Comisión Europea ha señalado que Sinkevicius ha señalado que son “conscientes de la importancia del riego para la economía local” pero que al mismo tiempo “la legislación de la UE exige un uso sostenible del agua y la conservación de los lugares protegidos”, especialmente “en el clima actual de severo estrés hídrico, observándose ausencia de lluvias en la mitad sur de España”. “El proyecto de ley crea un marco legal favorable para el reconocimiento de los derechos de uso de aguas pluviales y derechos de uso de aguas superficiales que se sumarían a la presión excesiva sobre los cuerpos de agua subterránea ya sobreexplotados”, ha señalado un portavoz comunitario.

Fuentes de la Junta de Andalucía aseguran que están "satisfechos" con la reunión. "Era necesaria para llevar a Bruselas la visión de la Junta de Andalucía y creemos que contribuirá a apaciguar la tensión", explican, señalando que si bien el comisario ha enviado un mensaje de preocupación, el consejero ha respondido con un "mensaje de tranquilidad" y entregando "un documento explicando no sólo la propuesta de ley sino las acciones que la Junta de Andalucía está llevando a cabo en materia medioambiental y para la protección de Doñana". "Confiamos que este encuentro sirva para rebajar la tensión en este asunto. Desde Andalucia no vamos a contribuir a crear tensión y ruido sino tranquilidad para todos", concluyen las fuentes del Gobierno autonómico andaluz.

Cruce con el Gobierno central

El consejero ha agradecido a la Comisión Europea la rapidez con la que han accedido a mantener un encuentro. “Qué diferencia con el Gobierno de España. La misma reunión venimos solicitando desde el mes de noviembre al secretario de estado de medio ambiente, a la vicepresidenta Ribera, y hasta ahora jamás han querido sentarse para abordar de una manera técnica y rigurosa no solamente esta ley sino todo lo que concierne a esa joya de la naturaleza”, ha señalado a la entrada de la sede del Ejecutivo comunitario.

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“Si al Gobierno central tanto le preocupa Doñana, ¿por qué no convoca a la Junta a una reunión para que podamos hablar como ha hecho el comisario? Solo encontramos insultos, descalificaciones y ausencia de políticas”, ha añadido. Pocos minutos después la vicepresidenta tercera del Gobierno ofrecía una rueda de prensa en Madrid en la que volvía a cargar contra la Junta. “El Gobierno exige al Gobierno y al Parlamento andaluz la retirada del proyecto de ley. Pido a Moreno Bonilla y a Núñez Feijóo que dejen de poner en riesgo el futuro de España”, ha señalado Ribera, rechazando que se hagan cambios a la norma andaluza: “El mensaje es claro. No caben enmiendas, solamente cabe la retirada”.

Fernández-Pacheco ha salido del encuentro satisfecho, señalando que Sinkevicius les “ha escuchado, algo que no ha hecho el Gobierno de España”. “Se ha comprometido a analizar los argumentos”, ha explicado el consejero. Por su parte, el Ejecutivo comunitario ha subrayado que “ahora evaluará cuidadosamente las aclaraciones proporcionadas en las cartas del gobierno español y del Gobierno andaluz el pasado viernes”.