¿Vender los futuros regadíos de Doñana a la Administración? "Solo después de la ley"

En la Corona Norte se sitúan las 750 hectáreas de la polémica en Doñana. La ley que debatirá el Parlamento de Andalucía en dos semanas prevé recalificar estos terrenos, que pasarían a ser de regadío y sus propietarios podrán solicitar derechos de riego. Los expertos piden la retirada de la norma y un acuerdo entre administraciones para sacar a Doñana del candelero político, aunque parece inevitable que su aprobación reactive el conflicto entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, se abría esta semana a estudiar una idea que pondría punto y final a la polémica: que la Administración Pública comprase esos terrenos para reducir la presión sobre el parque. "Si los agricultores estuvieran de acuerdo, y hay recursos para hacerlo, no cierro esa puerta", valoró Moreno, preguntado por esta posibilidad, antes de reclamar "diálogo" al Gobierno "para buscar una solución estable y duradera".

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El Ejecutivo andaluz ya se había abierto a estudiar la vía de la permuta, un intercambio de terrenos con los agricultores afectados para alejarlos del Parque. Fue una propuesta del exvicepresidente Alfonso Guerra, quien presidió durante años el Patronato del Parque Nacional de Doñana, aunque los agricultores rechazaron la idea. Ahora la Junta tampoco cierra la puerta a negociar una compra, como ha hecho con la finca Veta la Palma, unas marismas artificiales con las que pretende ampliar el Parque. La operación se cerrará por unos 70 millones de euros.

El Plan de choque del Ministerio para la Transición Ecológica ya contempla un paquete de 100 millones de euros para la compra de fincas y derechos de agua en el entorno de Doñana, con el objetivo de reducir los cultivos de regadíos en el entorno del Parque. Sin embargo, el Gobierno prometió estudiar las adquisiciones caso a caso y dejó claro que serían ofertas "voluntarias". Esta semana, la Fiscalía anunciaba una investigación sobre las extracciones de agua por si hubiera responsabilidad medioambiental. Más presión sobre los infractores tras intensificar el cierre de pozos ilegales, que en estos días también han confirmado la primera condena a cárcel por un caso de este tipo en la zona.

Las críticas de los regantes: "No se dan las condiciones por la soberbia del Gobierno de España"

¿Estarían dispuestos los agricultores a vender las hectáreas que se quedaron fuera del Plan de la Fresa? Solo “después de la ley”. "A partir de la aprobación, que cada uno decida lo que quiera", responde Julio Díaz, portavoz de los regantes afectados en los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado. Los suelos multiplicarían por diez su precio actual, según un informe de la Consejería de Agricultura adelantado por El Periódico de España. Los terrenos de secano pasarían de valer 13.539 euros por hectárea a los 140.362, según la tasación habitual.

"Esas tierras ya fueron de regadío, pero luego se les desposeyó. ¿Y ahora quieren comprar tierras a los agricultores con otra calificación a precio de miseria? ¿Después del daño que le han hecho?", se pregunta el portavoz de los regantes, quien descarta que hasta el momento haya habido negociaciones con la Junta o el Ejecutivo central. "No se dan las condiciones por la soberbia con la que lo ha administrado el Gobierno de España", añade.

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El PP andaluz llevará la ley de regadíos al pleno autonómico el próximo 5 de octubre. La formación pretendía aprobarla esta misma semana, aunque finalmente ha decidido posponerlo para evitar que el debate coincidiera con la investidura de Feijóo. Cuando la norma salga adelante, previsiblemente con los votos a favor de PP y Vox, el Gobierno central paralizará la tramitación recurriendo al Tribunal Constitucional. Y las 750 hectáreas de la polémica volverán al candelero político.