El plan de Andalucía para dejar de pagar 57 millones de euros al año en alquiler de sedes
El Gobierno de Juanma Moreno analiza el estado de edificios donde trabajan casi 28.741 funcionarios para ahorrar en costes. El PSOE vendió en 2014 hasta 70 edificios que luego alquiló por un coste que superará los 700 millones
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6 millones de euros es lo que abonó la Junta de Andalucía por el palacio barroco que hoy es la sede de la Presidencia, buque insignia del enorme patrimonio que tiene la Administración regional. Fueron 1.000 millones de pesetas (de 1989) lo que ingresó la Archidiócesis de Sevilla para vender San Telmo al entonces gobierno socialista de José Rodríguez de la Borbolla, no sin polémica. Casi un cuarto de siglo después, la Junta abona al año una cantidad que le permitiría comprar 10 veces seguidas el edificio que alojó la corte paralela que los Duques de Montpensier instalaron en Sevilla en la segunda mitad del siglo XX. Esto es así porque el Ejecutivo andaluz debe incluir en cada presupuesto una partida de 57,7 millones de euros en alquiler de sedes administrativas donde trabajan unos 8.500 empleados públicos. Y el objetivo del actual equipo de Juanma Moreno es dejar de hacerlo. O al menos ahorrarse parte de esa cantidad.
Para lograr esta meta, el equipo de la Dirección General de Patrimonio de la Junta, dependiente de la Consejería de Hacienda, ha puesto en marcha un plan de "eficiencia y ahorro" de las sedes para reducir esta partida. El equipo que dirige Carolina España se ha encontrado con un obstáculo que le impedirá cumplir su misión, ya que la actual responsable económica del Gobierno andaluz debería mantener el cargo durante más de una década para lograrlo. En 2014, el Ejecutivo que entonces presidía Susana Díaz vendió al fondo estadounidense WP Carey 70 sedes para ingresar 300 millones y poder cumplir así con los objetivos de déficit que imponía Bruselas en un contexto todavía de crisis. El problema es que ese contrato tenía incluido el compromiso de alquilar hasta 2034 inmuebles tan señeros como la sede de Canal Sur en San Juan de Aznalfarache. Y por esas rentas, en un contrato blindado, la Junta paga una cantidad anual de 33 millones de euros que dentro de una década habrá supuesto un desembolso de unos 715 millones.
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Opinión "Fue una irresponsabilidad del Gobierno anterior", ha criticado este martes España, que ha detallado que casi la mitad de las 282 sedes en la que trabajan los empleados públicos de la administración general de la Junta son alquiladas. Concretamente, son 137 (48%) frente a un 33 cedidas y 112 en propiedad. Dentro de las cedidas están las 70 de la operación de sale and leaseback del último ejecutivo socialista, por lo que el objetivo del Gobierno de Juanma Moreno es dejar de utilizar las 67 restantes y reubicar a los 8.500 empleados afectados. De esta forma se conseguiría un ahorro de unos 25 millones de euros anuales, aunque en Hacienda no tienen datos más específicos ni pormenorizados en cada provincia.
El plan pasa por utilizar los 112 edificios en propiedad, pero no se descarta la construcción de sedes que, además, permitan acabar con la "dispersión" de algunas sedes. Sirve como ejemplo el proyecto anunciado por el Gobierno en la pasada legislatura para aprovechar una parcela en una de las zonas más cotizadas de Sevilla, en la zona de San Bernardo, para construir una macrosede que pueda reunificar gran parte de los servicios ahora dispersos. La idea era diseñar un edificio singular al estilo de Torretriana, la enorme mole circular que Francisco Javier Sáenz de Oíza proyectó en la Cartuja para la Expo 92 con idea de mantenerse después como sede de la Junta. Ahora mismo las consejerías de Hacienda y Educación están en ese edificio, que sería superado en número de trabajadores por el nuevo, sobre el cual no hay noticias, admiten desde el equipo de Carolina España.
La Junta sólo podrá recortar 25 millones, ya que el alquiler de 70 sedes quedó blindado durante 30 años en un contrato que el PSOE firmó en 2014
Desde Hacienda explican que la idea es aprovechar "los inmuebles del patrimonio público infrautilizados o en desuso y en muchos casos abandonados o en estado semirruinoso". Una vez rehabilitados, ha defendido Carolina España, pueden servir incluso para dinamizar las zonas en las que se encuentran. Y para ello la Junta quiere aprovechar algunos de los solares que recibió como pago por la llamada deuda histórica. Se conoce así a un pago, gran parte en especie, que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hizo a la Junta bajo el mandato de Manuel Chaves como compensación por la falta de financiación acumulada. Y todavía hay parcelas y edificios que no se han puesto en uso que el actual Ejecutivo popular quiere activar.
La Junta, afirman desde la Consejería, ha detectado que mucho de los edificios presentan una "falta de adecuación" al sericio que se presta, por lo que están previstas una serie de obras que se conocerán después del verano. Pero también se contempla la posibilidad de poner a la venta edificios que no sirvan para ingresar líquido que pueda servir para llevar a cabo este plan. El Gobierno de Juanma Moreno ya ha hecho varias de estas operaciones con edificios infrautilizados, garajes, viviendas y otras propiedades. Sirva como ejemplo la antigua Residencia de Tiempo Libre de Cádiz, ahora un hotel tras venderlo por 11,8 millones de euros a una cadena sevillana con el objetivo además de ahorrarse los casi 120.000 euros anuales de impuestos municipales que pagaba la Junta.
El plan también busca "mejorar las condiciones de trabajo" de los 13.621 empleados públicos de la administración general que están en sedes de alquiler. Hay que tener en cuenta que aquí no se incluyen los docentes -los colegios suelen ser de propiedad municipal- ni los profesionales sanitarios, que son el grueso de las plantillas que cobran de la Junta de Andalucía. Y también, explican desde la Junta, contribuirá a "cumplir los objetivos ligados a la transición ecológica", ya que las obras servirán para dotar de mayor eficiencia a los inmuembles que se rehabiliten. Hay que recordar que el año pasado la Junta aprobó un plan de ahorro energético, que se verá reforzado con esta iniciativa, dotado con 27 millones de euros y pensado para reducir la factura de la luz que paga la que es, de facto, la mayor empresa de Andalucía.
6 millones de euros es lo que abonó la Junta de Andalucía por el palacio barroco que hoy es la sede de la Presidencia, buque insignia del enorme patrimonio que tiene la Administración regional. Fueron 1.000 millones de pesetas (de 1989) lo que ingresó la Archidiócesis de Sevilla para vender San Telmo al entonces gobierno socialista de José Rodríguez de la Borbolla, no sin polémica. Casi un cuarto de siglo después, la Junta abona al año una cantidad que le permitiría comprar 10 veces seguidas el edificio que alojó la corte paralela que los Duques de Montpensier instalaron en Sevilla en la segunda mitad del siglo XX. Esto es así porque el Ejecutivo andaluz debe incluir en cada presupuesto una partida de 57,7 millones de euros en alquiler de sedes administrativas donde trabajan unos 8.500 empleados públicos. Y el objetivo del actual equipo de Juanma Moreno es dejar de hacerlo. O al menos ahorrarse parte de esa cantidad.