Moreno busca culpables en la Junta por los retrasos con el bono para el alquiler joven

La gestión del bono al alquiler joven, una ayuda estatal tramitada por las comunidades autónomas, se está convirtiendo en un quebradero de cabeza para el Gobierno de Juanma Moreno. Miles de afectados esperan recibir el dinero aprobado por el Ejecutivo central a principios de 2022, pero que, tras varios retrasos, apenas ha llegado a los bolsillos de los andaluces. Desde que se anunció, muchos posibles beneficiarios han abandonado sus pisos sin cobrar la ayuda prometida y el malestar por la tramitación de esta subvención no para de crecer. Tanto es así que la plataforma de afectados, un grupo de solicitantes organizado a través de las redes sociales, convocó este lunes una serie de protestas en todas las provincias de Andalucía a las que se han unido tanto la oposición como los sindicatos.

Moreno pidió disculpas a los afectados y anunció que dirimirá responsabilidades entre "aquellos que se han equivocado". De momento, la jefa de servicio responsable de la tramitación en la Consejería de Fomento y Vivienda ha sido destituida como consecuencia del "error", aunque los afectados piden más ceses y señalan directamente a la consejera. "Se han equivocado en la figura administrativa que tenían que hacer" y, "aunque querían acelerarlo, lo que han hecho es dificultarlo", reconoció Moreno en declaraciones a los medios. Desde el área de Fomento y Vivienda evitaron hacer declaraciones respecto a la destitución. Hace unos meses, el presidente andaluz ya se vio obligado a intervenir para poner freno a la medida más polémica de otra de sus consejerías, la de Salud, retirando entonces una orden de tarificación de la atención primaria que, de la misma forma, había generado un importante malestar y la amenaza de movilizaciones.

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El retraso en las ayudas ha provocado que el Gobierno andaluz tenga pendientes de tramitar aún tres de cada cuatro solicitudes, según los últimos datos facilitados por la Consejería. Con las ayudas se pretendía apoyar a los jóvenes en el pago de sus alquileres desde enero de 2022. La consejera andaluza de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha culpado al Gobierno de España por la burocracia de una ayuda "con tantos criterios y tantos hitos que hay que seguir". Sin embargo, en otras comunidades las dificultades no han retrasado tanto los plazos. En Madrid, la otra comunidad donde más quejas ha habido, Ayuso ya ha pagado el 20% de las ayudas prometidas; en Andalucía no existen cifras sobre cuántas de las ayudas han sido abonadas, pero solo se han tramitado favorablemente 2.160, un 15% de las 17.000 presentadas.

Los problemas empezaron hace ya un año, cuando Andalucía fue la última comunidad en publicar las bases para que los jóvenes pudieran obtener estas ayudas de hasta 250 euros para complementar el pago del alquiler. El Gobierno andaluz, que venía con retraso tras las elecciones autonómicas celebradas unos meses atrás, convocó el bono por concurrencia competitiva: 11.000 ayudas por orden de llegada que colapsaron la web a los pocos minutos. Muchos solicitantes pasaron la madrugada sin dormir, actualizando la página para ser uno de los 17.000 solicitantes que la Junta admitía como máximo y poder así presentar la documentación. De momento, según los últimos datos facilitados, solo se han resuelto 4.197 solicitudes de esas 17.000 presentadas.

La polémica empezó hace un año, cuando las ayudas se filtraron por orden de llegada

Andalucía era una de las comunidades donde más necesaria se hacía esta ayuda y solo en las tres primeras horas hubo hasta 350.000 intentos, un récord histórico para la Junta. Entonces, muchos señalaron el método de elección. “Al ponerlo por orden de llegada no se garantizó la igualdad de oportunidades porque muchos tuvieron que ir a trabajar a la mañana siguiente y se quedaron sin pedir la ayuda”, recuerda Manuel Sanz, el portavoz de la plataforma que ha convocado las manifestaciones. En su caso, la solicitud no se cerró hasta las tres de la madrugada.

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Cerrado el plazo de las solicitudes, la Junta de Andalucía tardó en ponerse manos a la obra. En un primer momento, la Consejería pidió tranquilidad a los afectados porque el uso de "robots" iba a agilizar las ayudas sin necesidad de dedicar demasiados recursos humanos. Finalmente, la Junta ha tenido que activar un plan de choque con 57 interinos de refuerzo que se dedicarán en exclusiva a resolver las solicitudes. "Hacemos todo lo que podemos", expresó ayer la nueva responsable de Fomento y Vivienda, Rocío Díaz. La anterior titular, Marifrán Carazo, quien inició el procedimiento al frente de la consejería, dejó el cargo para presentarse a las elecciones municipales en la ciudad de Granada, donde hoy es alcaldesa.

Los jóvenes reconocen que la Junta ha agilizado los trámites en los últimos días y perciben una respuesta a sus movilizaciones. Moreno, consciente de la "equivocación" y del desgaste de unas movilizaciones convocadas no por los sindicatos o la oposición, sino por una plataforma independiente, ha pedido "seis u ocho semanas" para resolver el problema. Además, ha garantizado que "todo el mundo" que tenga derecho va a cobrar esa ayuda. En total, Andalucía disponía de 68,4 millones para repartir en dos años, con los que unos 11.000 jóvenes recibirían, como máximo, 6.000 euros en dos años a razón de 250 euros al mes. De momento, se han comprometido 19 millones para abonar mensualidades desde 2022; el resto del dinero aún espera destinatario entre los miles de documentos presentados por los jóvenes.