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Andalucía recula y saca la Atención Primaria de la orden que contemplaba su privatización
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Andalucía recula y saca la Atención Primaria de la orden que contemplaba su privatización

La Consejería de Salud concede esta rectificación a los sindicatos para cerrar un acuerdo que evite las movilizaciones anunciadas. Solo el Sindicato Médico Andaluz se ha quedado fuera del acuerdo

Foto: Manifestación en defensa de la Sanidad en Sevilla. (EFE)
Manifestación en defensa de la Sanidad en Sevilla. (EFE)

Paso atrás del Gobierno andaluz con la orden que abría la puerta a concentar la Atención Primaria con la sanidad privada. La Consejería de Salud y Consumo se ha comprometido a eliminar del texto las menciones a los centros de salud para cerrar un acuerdo con los sindicatos después de semanas de negociciones. La rectificación llega tres meses después de que se hiciera pública esta orden, que contemplaba el pago de 65 euros por consulta en "momentos críticos". Se trata de la segunda matización de un texto que ha provocado movilizaciones sindicales y una campaña de la oposición que ha provocado no pocos dolores de cabeza en San Telmo.

Ha sido el departamento que dirige Catalina García el que ha ofrecido a los sindicatos esa rectificación para propiciar el acuerdo en la mesa técnica celebrada este miércoles. El acuerdo, junto con otros relacionados con la sanidad pública, será refrendado en una mesa sectorial prevista para el 22 de mayo, a solo seis días de las elecciones municipales. Han sido las centrales sindicales las que han confirmado la entente, en la que no estará el Sindicato Médico Andaluz (SMA), que mantendrá las movilizaciones que convoca cada miércoles. El pacto será suscrito por CCOO, UGT, CSIF y SATSE, el sindicato de enfermería.

Foto: Juanma Moreno, en el Hospital Militar de Sevilla, durante su inauguración. (Cedida)

El Gobierno andaluz ya tuvo que rectificar en una ocasión el texto para dejar claro que la concertación de la Atención Primaria sólo podría darse en momentos en los de exceso de demanda en los que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) no pueda atender a los ciudadanos, así como en emergencias y catástrofes. Ahora saldrá del texto, que tiene por objetivo fijar un máximo en los precios de los distintos servicios que la sanidad pública andaluza concierta con clínicas privadas. La polémica surgió porque era la primera vez que este tipo de derivaciones se contemplaban en la Atención Primaria, ya que es habitual que esto sea así con determinadas operaciones quirúrgicas y con las pruebas diagnósticas.

La maniobra de San Telmo al inicio de la polémica consistió en garantizar que no había intención alguna de privatizar la Atención Privada. El mensaje que salía entonces del Gobierno es que no habría rectificación, conscientes de que hacerlo supondría dar una victoria a la oposición. Hay que tener en cuenta que la responsabilidad de este texto está en la Consejería de Salud y que su publicación generó incomodidad enel Gobierno de Juanma Moreno. Finalmente, ha pesado más la voluntad por llegar a un acuerdo con los sindicatos a las puertas del 28-M.

La Junta tiene intención de hacer un acto solemne de firma de este acuerdo, pero ya será en junio, después de las elecciones. Según la Consejería de Salud, las medidas incluidas contemplan el gasto de 180 millones en los próximos tres años de legislatura, aunque las propuestas no comenzarán a ponerse en marcha hasta 2024. Lo que no se ha modificado, a pesar de que lo reclamaban los sindicatos, era la posibilidad de que los profeesionales de la sanidad privada trabajen en centros públicos. Según explican desde Salud, esto responde a la necesidad de contar con determinadas categorias en las que hay déficits y que impedirían la prestación de determinados servicios. El ejemplo que utilizan es el de los anestesistas, sin los cuales no se podrían realizar determinadas operaciones quirúrgicas.

La Junta ya tuvo que matizar el texto tras la polémica para asociar las derivaciones de la Primaria a casos de sobredemanda y emergencias

Este acuerdo sale del gran pacto de concertación social firmado por el Gobierno andaluz con CCOO, UGT y la patronal andaluza. Ese documento incluía un acuerdo por la Atención Primaria que blinda la inversión en este ámbito en el 25% del total del presupuesto del SAS, unos 3.300 millones. Pero el texto que deben refrendar Junta y sindicatos la próxima semana tiene nuevas medidas que van desde la reducción de cupos que tienen los médicos de familia y pediatras en los centros de salud, así como las agendas diarias de pacientes. También se actualizarán los puestos de difícil cobertura en los hospitales comarcales y las zonas rurales donde el SAS tiene problemas para atraer a los facultativos. Para ello se incorporará un complemento de 150 euros,

La Junta y los sindicatos han firmado el aumento de las plantillas en otras categorías, como los administrativos, con el objetivo de reducir el trabajo burocrático que hoy asumen lo médicos. Asimismo, el pacto contempla un crecimiento en el número de trabajadores en enfermería comunitaria, trabajadores sociales, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, enfermeras escolares y pediátricas y podólogos. El texto que ha provocado la suspensión de las protestas de los cuatro sindicatos firmantes alude también a planes de formación y a poner en marcha un plan de salud mental en Atención Primaria.

El Sindicato Médico Andaluz se queda fuera

La retirada de la Atención Primaria de la orden de tarificación era una de las principales reivindicaciones de las centrales sindicales, que han mantenido continuas movilizaciones durante las últimas semanas. Pero quienes mantienen su huelga semanal de los miércoles son los facultativos del Sindicato Médico Andaluz (SMA), que consideran que el acuerdo "no aborda" el problema de la escasez de médicos. "Son medidas imprecisas, sin memoria presupuestaria y sin concreción", ha dicho el presidente de la entidad, Rafael Carrasco.

Paso atrás del Gobierno andaluz con la orden que abría la puerta a concentar la Atención Primaria con la sanidad privada. La Consejería de Salud y Consumo se ha comprometido a eliminar del texto las menciones a los centros de salud para cerrar un acuerdo con los sindicatos después de semanas de negociciones. La rectificación llega tres meses después de que se hiciera pública esta orden, que contemplaba el pago de 65 euros por consulta en "momentos críticos". Se trata de la segunda matización de un texto que ha provocado movilizaciones sindicales y una campaña de la oposición que ha provocado no pocos dolores de cabeza en San Telmo.

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