La Junta abre la puerta a derivar la Atención Primaria a la privada en momentos "críticos"

lEl Gobierno andaluz prepara una orden que abre la puerta a concertar consultas de atención primaria con la sanidad privada. Esta posibilidad solo se dará, aseguran desde la Junta, en momentos "puntuales y críticos", según ha dicho la consejera de Salud, Lina García, después de que Por Andalucía haya denunciado que el objetivo del Ejecutivo de Juanma Moreno es "privatizar" la sanidad pública andaluza. Y todo ello en plena tormenta por las manifestaciones que han sacado a cientos de miles de personas en todo el país, con la marcha de Madrid en el foco.

"Este Gobierno no va a privatizar absolutamente nada", ha zanjado la consejera este lunes en una comparecencia en Málaga en la que ha confirmado que la orden está en proceso de elaboración, pero no con los fines que denuncia la coalición de izquierdas. La orden tiene por objetivo "actualizar" la fórmula que utiliza el Servicio Andaluz de Salud para presupuestar los servicios que concierta con entidades privadas. García ha explicado que se trata de una revisión de un texto que data de 1998 y que contempla todas las prestaciones que no estaban en la norma original. Entre esas prestaciones están las consultas de atención primaria, que tendrán un precio máximo de 65 euros, según figura en el borrador de la orden.

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El texto contiene también una disposición adicional segunda que habilita el uso de las instalaciones del SAS para trabajadores de las empresas concesionarias, es decir, para que presten sus servicios en hospitales y centros públicos para procedimientos quirúrgicos y diagnósticos. En ese caso, por ejemplo, las consultas tendrían un coste reducido, un 35% más bajo que el previsto. El texto admite que se trata de un caso "excepcional" y establece que para hacer este uso deben hacerse constar "las razones objetivas que lo motivan". Según la Junta, esto ya ocurre en Valencia o Extremadura en casos de escasez de profesionales, como, según ha dicho la consejera, ocurre con los anestesistas.

La reacción de la Junta a la denuncia de Por Andalucía consiste en rechazar cualquier tipo de "privatización" y, de hecho, García ha explicado que hay servicios que se están recuperando en provincias como Almería, Granada o Córdoba. Al mismo tiempo, defienden la necesidad de aprobar esta orden para tener margen de maniobra ante "catástrofes y pandemias". "Es un signo inequívoco de previsión para cualquier tipo de contingencia", apuntan desde la Consejería de Salud y Consumo, donde aseguran que esta práctica ya se da en otras comunidades "de todo signo político".

En la Junta explican que se trata de una apuesta por la previsión en caso de que el sistema público colapse en "pandemias o catástrofes"

En el Gobierno andaluz señalan al caso de Valencia. Es cierto que el PP puso en marcha un proceso de concertación de áreas sanitarias donde eran empresas privadas las que el Gobierno de Ximo Puig comenzó a desmantelar, aunque todavía quedan algunas zonas (Denia, Elche y Manises) donde esta fórmula está en vigor. Su futuro dependerá de quien dirija la Comunidad Valenciana después del 28 de mayo, ya que los populares contemplan recuperar el modelo, mientras que el actual Ejecutivo de PSOE, Copromís y Podemos tiene la intención de reintegrar estos centros en el sistema público.

"No todo vale en campaña", ha criticado Lina García tras la denuncia de Por Andalucía, formación que ya ha solicitado su comparecencia en el Parlamento regional para explicar el desarrollo de esta orden. El mensaje del Gobierno andaluz pasa por defender el aumento de la inversión sanitaria que se ha registrado desde que Juanma Moreno llegó a San Telmo, hace ahora poco más de cuatro años. El presupuesto ha crecido en un 39% desde entonces, con una gran apuesta por la renovación y mejora de las infraestructuras sanitarias.

"Moreno está engañando al personal sanitario, especialmente al de atención primaria", ha asegurado este lunes la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto. La dirigente izquierdista ha criticado las negociaciones que el Gobierno mantuvo a principios de año para evitar la huelga que convocó el Sindicato Médico Andaluz (SMA) "para evitar huelgas y movilizaciones" mientras preparaba esta orden. El texto, ha recordado Nieto, que comenzó a pergeñarse el 8 de julio, pocos días después de las elecciones autonómicas que el PP ganó con mayoría absoluta.

La consejera andaluza de Salud ha hablado de un intento de la izquierda por "desviar la atención" y ha recordado que el PSOE ya puso en marcha la posibilidad de concertar servicios cuando se aprobaron los decretos de garantías para operaciones quirúrgicas. Esas normas permiten a los ciudadanos optar por ser intervenidos en la sanidad privada si el tiempo de espera supera los 60 o 90 días en función del tipo de operación. Por su parte, el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, ha recordado que hay conciertos que proceden de la época socialista. "La apuesta del Gobierno de Juanma Moreno por la sanidad pública no la puede negar nadie", ha zanjado el dirigente cordobés.

Más gasto en conciertos

El presupuesto de la Junta de 2023 contempla la derivación de 245.000 andaluces a hospitales concertados. En las primeras cuentas andaluzas que aprobó el PP, en 2019, la cifra era de 171.592 personas. Las mismas que tenía el último presupuesto con firma socialista. En estos tres años, se ha registrado un aumento del 42,7% en el número de derivaciones desde la sanidad pública a la privada en la Administración andaluza contempladas en las cuentas.

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En 2020, la cifra se mantuvo estable, pero el pasado 2021 ya hubo un aumento del 14% (195.745 derivaciones), que se intensifica en el proyecto de cuentas vigentes, con el 25%. Más llamativo es el dato de las operaciones quirúrgicas que se harán en centros concertados. Se ha duplicado con creces al pasar de 60.252 en 2019 a las 127.782 previstas en las cuentas del año próximo, un 112% más. Y todavía más abultados son los números de los estudios diagnósticos, que casi se han triplicado al pasar de 171.598 en las cuentas de 2019 a 481.001 en la previsión de 2023.

Las cifras del aumento de derivaciones han tenido su traslado al gasto dedicado a los convenios, aunque el crecimiento ha sido mucho menor. Las cuentas de 2023 contemplan un gasto de 558 millones de euros en este concepto frente a los 439 que hubo en 2019. Es una subida del 27%, menor a la experimentada por los presupuestos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en el mismo periodo, que ha sido del 38%.