Pulso en la Andalucía del PP: Sevilla retoma la ley para recibir más fondos frente a Málaga

Hubo cambio de siglas, pero no hay marcha atrás. Sevilla retomará en las próximas semanas su Ley de Capitalidad, un proyecto iniciado por el anterior alcalde, el socialista Antonio Muñoz, y que había levantado recelos en otras ciudades andaluzas. El objetivo final es promover un régimen especial para la ciudad y recibir más fondos de las administraciones superiores. Y el nuevo regidor, el popular José Luis Sanz, peleará por ese objetivo pese a las reticencias de Málaga, capital de la provincia con mayor expectativas de crecimiento de población del país y en la que el PP gobierna actualmente para casi el 90% de su población.

El alcalde hispalense ha acordado con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, reanudar la puesta en marcha de una ley entre noviembre y diciembre para privilegiar a la ciudad de Sevilla. Entonces se convocará una mesa técnica para continuar con la hoja de ruta marcada a principios de año, cuando mantuvieron un primer encuentro representantes de la administración central, autonómica y local. El PP había votado a favor de la propuesta cuando estaba en la oposición y ahora mantiene su compromiso con una deuda histórica con la capital administrativa de Andalucía.

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La idea genera rechazo en Málaga, donde el alcalde, Francisco de la Torre, se ha convertido en el principal crítico de esta ley. Hace unos meses ya cargó contra el socialista Antonio Muñoz, calificando su propuesta como una idea que "no tiene ni pies ni cabeza". Pero también se puso frente a su compañero de partido Juan Ignacio Zoido, cuando intentó impulsar un proyecto similar en 2012. Desde que ocupa el cargo de alcalde, al que accedió en el año 2000, De la Torre ha estado en contra de un "beneficio exclusivo" para la otra gran ciudad andaluza.

Málaga sostiene que Sevilla no necesita una compensación económica por ser capital administrativa, una condición que "no tiene más que ventajas" y que ya supone un privilegio para la ciudad hispalense. "Nunca lo entenderé, sea quien sea el alcalde", afirmó el regidor malagueño en el pasado. Aunque es un conflicto recurrente —este es el tercer intento de sacar adelante la ley—, es la primera vez que el PP gobierna a la vez en Sevilla, Málaga y Andalucía. Con el añadido de que Juanma Moreno, que apoya esta posibilidad, también es malagueño.

Moreno recuerda que es el Estado "quien paga los recursos" y pide su colaboración

Ante los recelos que pueda provocar la ley en otras capitales, Moreno considera que la ley debe ser "equilibrada con el resto del territorio andaluz". Además, pidió revestirlo "de forma razonable y sensata" teniendo en cuenta que, en ocasiones, "es un recurso más político que efectivo". "Debemos lograr que sea eficiente y dé respuesta a una necesidad", aseguró, en referencia a la polémica que suscita la idea. Aunque el marco legal sería autonómico, tanto el presidente autonómico como el alcalde cargaron la responsabilidad sobre el Gobierno de España, que tiene capacidad para configurar un régimen especial para el municipio. El Estado es "quien paga los recursos", por lo que sin su ayuda "sería inviable".

Sevilla, una ciudad que vivió un gran impulso en la década de los noventa con la llegada del AVE o la Expo del 92, ha trasladado en los últimos años su malestar por estar infrafinanciada. El ayuntamiento compara su situación con la capital de Bélgica —y de la Unión Europea—, Bruselas, que dispone de un millón y medio de habitantes y tiene un presupuesto de 7.000 millones de euros. Sevilla, con la mitad de la población, tiene una séptima parte: 1.200 millones.

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Lo cierto es que esta distinción se ha desarrollado en otras partes del territorio español. Ciudades como Madrid, Barcelona, Mérida, Palma de Mallorca, Logroño o Zaragoza cuentan ya con un régimen especial. Sevilla, cuarta ciudad española, está reconocida en el Estatuto autonómico como la capital de Andalucía, pero no dispone de un reconocimiento de su singularidad. El desarrollo de la ley le permitiría tener además más competencias y autonomía económica para competir, así como un marco legal para conseguir inversiones con más agilidad.

Aún se desconoce el impacto económico que podría tener en la ciudad y tanto Moreno como Sanz recordaron que el proyecto sigue en la fase inicial. En enero se acordó solicitar un dictamen a la Universidad para ver la "viabilidad jurídica" de la ley y dos meses más tarde, a las puertas de las elecciones municipales, una catedrática de Derecho Administrativo redactó las ideas preliminares para su desarrollo. Tras la formación del Gobierno central se reunirá la mesa técnica, aunque todo dependerá de la predisposición del Estado. Sin sus recursos, insistió Juanma Moreno, será "inviable".