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El Gobierno hace hueco a Madrid en el debate territorial: explorará una nueva ley de capitalidad
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El Gobierno hace hueco a Madrid en el debate territorial: explorará una nueva ley de capitalidad

Política Territorial mantiene su compromiso de cooperar con las administraciones madrileñas y discutir el nuevo marco normativo de la ciudad si revalidan su mandato. Todos los partidos políticos en Cibeles reclaman un cambio

Foto: José Luis Martínez-Almeida, en el último pleno de la FEMP. (EFE/Zipi Aragón)
José Luis Martínez-Almeida, en el último pleno de la FEMP. (EFE/Zipi Aragón)
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El debate territorial será uno de los puntos calientes de la legislatura. Y la ciudad de Madrid tendrá su hueco en la discusión. El Ministerio de Política Territorial en funciones mantiene abierta la posibilidad de atender la reclamación de José Luis Martínez-Almeida, que pide reformar la Ley de Capitalidad y Régimen Especial de la capital, con el compromiso de impulsar una vía de colaboración con las administraciones madrileñas si repiten en el Gobierno de la nación. Cibeles ha situado la modificación del marco normativo como una prioridad absoluta para ganar autonomía y asumir nuevas competencias. Un escenario que comparten el resto de grupos de la oposición.

El Ayuntamiento de Madrid envió hace casi un año una carta al Ministerio de Política Territorial para abordar la reforma de la ley, vigente desde 2006, para adaptarla a las nuevas necesidades de la ciudad, tras su crecimiento exponencial durante los últimos años. El equipo de Gobierno reclama mayor margen de maniobra en cuatro temas que considera fundamentales: seguridad, infraestructuras, financiación y fiscalidad.

Foto: El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

Política Territorial ya envió el pasado enero una carta a Martínez-Almeida y al entonces consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, para abrir un canal de comunicación y abordar esta problemática a través de un grupo de trabajo en la Comisión Interadministrativa de Capitalidad, sin constituirse desde la entrada en vigor de la ley e integrada por el Gobierno central, el Consistorio y el Ejecutivo autonómico.

"Las reclamaciones se podrán afrontar cuando el Gobierno pueda afrontarlo", explican desde el Ministerio de Política Territorial

Los meses siguientes, en plena vorágine electoral, aplazaron hasta nueva orden los contactos entre las administraciones. Pero en el Ministerio ven con buenos ojos abrir este debate en los próximos meses, sin un Ejecutivo en funciones. "Nuestra posición no ha cambiado y las reclamaciones se podrán acometer cuando el Gobierno pueda afrontarlo", apuntan desde el equipo de Isabel Rodríguez, que apela a la colaboración del Ayuntamiento en esta cuestión. "El Gobierno de España es un firme impulsor de institucionalizar las relaciones interadministrativas, pero estos esfuerzos requieren colaboración institucional por parte del Ayuntamiento de Madrid. Esto no es una cosa de partidos", señalan a este diario desde el Ministerio de Política Territorial.

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El debate, sin embargo, ni siquiera se ha abordado. Todos los implicados están de acuerdo en la necesidad de adaptar el texto al contexto actual, pero la realidad es que es un tema muy complejo y con muchas aristas. Sobre todo políticas. Fuentes municipales explican que enviaron una segunda misiva en febrero, informando de que ya había designado a las personas para el equipo de trabajo, aunque no han recibido respuesta hasta la fecha. En Cibeles reiteran la necesidad de reformar la ley de Capitalidad y también exigen una mayor voluntad de la Administración estatal. "Aquí se quiere avanzar en este tema. La pelota está en su tejado", dicen las mismas fuentes.

La cuestión territorial será uno de los principales caballos de batalla los próximos años y Madrid y su estatus no son una excepción. Los reproches son constantes desde ambas partes. Del lado del PP, porque denuncian un supuesto agravio del Gobierno de coalición con la ciudad y la región. Y desde el Ejecutivo, porque se arrogan los únicos avances sobre la capitalidad. "Cuando gobierna el PP en España, nunca se ha producido ningún avance. Y el último intento por conformar el grupo de trabajo se fue al traste porque apenas unos días después de designar a sus representantes en el grupo de trabajo, el alcalde de Madrid anunció en un acto de campaña la reforma de la ley", replican en el Ministerio. El pulso está garantizado.

Foto: José Luis Martínez-Almeida posa para El Confidencial. (O. C.)
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Sea como fuere, lo cierto es que el futuro Gobierno no puede aplazar esta problemática. El planteamiento del PP en la capital es similar al que ya hizo el propio PSOE en Sevilla para cambiar su financiación. Y todos los partidos políticos coinciden en la necesidad de actuar.

La izquierda en Madrid respalda la reclamación de José Luis Martínez-Almeida y ha sido uno de los asuntos a discutir en el inicio del curso. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, aboga por repensar las competencias y responsabilidades de la ciudad; mientras que su homóloga socialista, Reyes Maroto, va en la línea de pedir más recursos y funciones. El PSOE, además, exige a la Comunidad de Madrid que legisle para una ley de capitalidad autonómica, de la misma forma que han hecho Cataluña, Galicia o Navarra.

La petición del PP se sustenta en la seguridad, la financiación, la fiscalidad y las infraestructuras. El equipo de Gobierno local defiende que la actual normativa se ha quedado obsoleta y urge disponer de mayores competencias. Un ejemplo es tener la capacidad de ofrecer incentivos fiscales para la atracción de inversores. También, entre otros, más peso en los ingresos del Estado para gastos derivados de la población propia y la flotante que llega cada día y utiliza los servicios municipales. "Es imprescindible para seguir creciendo desde el punto de vista económico y la mejora de la prestación de servicios", destacan.

El debate territorial será uno de los puntos calientes de la legislatura. Y la ciudad de Madrid tendrá su hueco en la discusión. El Ministerio de Política Territorial en funciones mantiene abierta la posibilidad de atender la reclamación de José Luis Martínez-Almeida, que pide reformar la Ley de Capitalidad y Régimen Especial de la capital, con el compromiso de impulsar una vía de colaboración con las administraciones madrileñas si repiten en el Gobierno de la nación. Cibeles ha situado la modificación del marco normativo como una prioridad absoluta para ganar autonomía y asumir nuevas competencias. Un escenario que comparten el resto de grupos de la oposición.

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