Ayuso quiere limitar los precios abusivos de los VTC en grandes eventos

La Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, quiere acabar con los precios abusivos de los VTC en grandes eventos. La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras trabaja en el borrador del reglamento autonómico para este tipo de transporte con dos cuestiones fundamentales sobre la mesa: limitar las subidas exponenciales de las tarifas en picos de demanda y penalizar a las empresas por las cancelaciones de servicios o retrasos injustificados. La intención del departamento que dirige Jorge Rodrigo es que la primera propuesta esté lista en tres meses.

El objetivo de Transportes es acotar una problemática que se repite sistemáticamente en eventos multitudinarios, como festivales o espectáculos deportivos. Especialmente en los primeros. El precio de Uber, Cabify o Bolt se dispara a la hora de volver a casa, con costes desorbitados en comparación con los habituales para los mismos trayectos. Durante el Mad Cool, paradigma de esta situación, las tarifas de Uber se incrementaron hasta un 500% en algunas ediciones, con importes por encima de los 130 euros por desplazamiento. A esto se suma que las empresas gozan de una posición privilegiada, al ser el medio de transporte oficial del acontecimiento.

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La crítica de los usuarios ha acompañado la celebración de estos macroeventos desde el inicio, con denuncias por los precios o las largas esperas. Y también los partidos de izquierda han aprovechado estos sucesos para cargar contra los gobiernos del PP, tanto en la comunidad como en el Ayuntamiento de Madrid, con Más Madrid y el PSOE exigiendo una respuesta. Desde la formación que lidera Mónica García, incluso, se habló de "prácticas mafiosas". Las empresas señaladas siempre han negado cualquier abuso y aseguraron que el coste medio por trayecto era mucho menor, entre 30 y 40 euros.

Cabify, no obstante, alega que en marzo de 2023 ya firmó a título particular un acuerdo con la Comunidad de Madrid para limitar el suplemento por alta demanda a un máximo de 10 euros sobre el precio base. Es decir, que ningún servicio de esta compañía tendría en picos de demanda un añadido por encima de los 10 euros sobre el precio de la aplicación, con independencia del horario, el origen o el evento en cuestión.

Fuentes de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras detallan que son "plenamente conscientes" de este problema y por eso han incluido estas medidas en el borrador del primer reglamento para VTC en la región. Así, la intención es que la futura normativa limite estas subidas abusivas, castigue las cancelaciones y los retrasos unilaterales por parte de las empresas y prohíba la captación activa de clientes y la publicidad engañosa. Todo, apuntan, enfocado a la "protección del usuario" y la garantía de un "servicio de calidad". Las mismas fuentes, no obstante, insisten en que se trata de un primer borrador y que el siguiente paso será escuchar a las principales plataformas del sector. "Ha de ser consensuado entre todas las partes", añaden.

Reglamento del taxi

La consejería ultima también el reglamento del taxi, ya en fase de estudio de alegaciones. La previsión, apuntan desde el equipo de Rodrigo, es que la normativa se apruebe antes de que acabe el año, tras atender o desestimar las demandas del sector. El nuevo marco podría incluir que los taxistas elijan entre comprar un vehículo o adquirirlo en régimen de renting, la obligación contar con un nivel mínimo de conocimiento de aspectos relacionados con el idioma, de primeros auxilios o sobre la ubicación de lugares significativos para trabajar al volante. Sin embargo, no está previsto eliminar las tarifas fijas.

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Las normativas que regulan el taxi y los VTC son dos de las cuestiones más delicadas que maneja la nueva Consejería de Transportes. Los taxistas llevan años en pie de guerra contra la Administración autonómica, exigiendo una regulación más restrictiva de sus competidores y una mayor protección de sus intereses. Pero la Comunidad de Madrid no transigirá con ninguna fórmula que suponga el final de empresas como Uber y Cabify en la región. El consejero Jorge Rodrigo trabaja con la premisa de que los dos modelos convivan sin problemas. "El objetivo es velar por que ambas modalidades cubran de forma satisfactoria y segura las necesidades de movilidad de los ciudadanos, así como su libertad de elección", indican desde su equipo.