Una auditoría acusa a Uber, Cabify y Bolt de discriminar a viajeros en barrios de renta baja

Uber, Cabify y Bolt podrían estar fijando precios de forma indirecta a través de su tecnología para repartirse el mercado de forma ilegal. Es la principal conclusión de una investigación de un año llevada a cabo por la firma española Eticas, especializada en auditoría de algoritmos, y en la que también ha participado el lobby Taxi Project. El estudio, que se presentará hoy y al que ha tenido acceso este diario, señala además que estas apps muestran a los clientes precios diferentes en función de la renta media del barrio en que se ubican, algo que también vulneraría la ley.

El funcionamiento de los algoritmos internos es el secreto mejor guardado de cualquier tecnológica. Es imposible saber exactamente cómo funcionan, pero sí es posible estudiar los resultados que producen y el impacto que tienen. Eso es exactamente lo que han hecho los investigadores de Eticas durante meses, analizar los precios ofrecidos por Uber, Cabify y Bolt en múltiples rutas y barrios en las ciudades donde operan.

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Mario Escribano

Los investigadores seleccionaron cuatro barrios de renta baja, dos de renta media y cuatro de renta alta en Madrid y Málaga. Tuvieron en cuenta tanto la proximidad relativa entre los barrios como la distancia relativa al centro de las ciudades para representar bien la oferta y la demanda. Luego seleccionaron dos rutas en cada zona (20 en total), con longitudes de entre dos y cuatro kilómetros. Los resultados muestran una correlación estadísticamente significativa entre el precio por kilómetro y la renta media del barrio en que se originó el viaje. Dicho de otra forma, hay indicios de que los precios de estas apps tienden a ser más bajos en los barrios más acomodados y más altos en los más pobres. Es algo que ocurre en las tres plataformas, pero de forma más acusada en Cabify.

"Si tengo que coger una VTC para ir al hospital y vivo en un barrio de renta baja, me van a cobrar más por el viaje que si viviera en uno acomodado"

"El sistema lo que hace es maximizar la disponibilidad de conductores, así que los envía donde hay más demanda, es decir, a los barrios de mayor renta. Como allí se concentran muchos conductores, la oferta es elevada y el algoritmo reduce el precio del servicio. Por el contrario, en los barrios de renta baja hay menos clientes, van menos conductores y sube el precio final. El resultado es que estás discriminando a clientes por su nivel de renta. Si tengo que coger una VTC para ir al hospital y vivo en un barrio de renta baja, me van a cobrar más por el viaje que si viviera en un barrio acomodado", explica a este diario Gemma Galdón, fundadora de Eticas y especialista en auditoría de algoritmos, quien asegura que Taxi Project no ha financiado el estudio. "Eticas cuenta con fondos europeos y de fundaciones como Open Society Foundations o el think tank New America para impulsar proyectos de auditoría de algoritmos. Taxi Project nos propuso esta idea y aceptamos".

Galdón señala que la base utilizada para realizar este análisis cruzado por renta es limitada, pero suficiente para demostrar que esta discriminación ocurre. La práctica podría vulnerar la Ley General para la Defensa de los Consumidores en lo que respecta a la discriminación basada en el lugar de residencia. "Es un indicio preocupante como para que Consumo investigue a fondo y se realice una auditoría interna. Es algo a lo que ya obliga la ley europea de servicios digitales", explica.

La otra conclusión del informe no es menos preocupante. Los precios de rutas analizados durante tres meses (a través de peticiones a las plataformas cada 10 minutos entre el 11 de octubre de 2021 y el 11 de enero de 2022) en Madrid y Andalucía indican una fijación indirecta de precios. "A pesar de que no existe un acuerdo explícito entre las empresas, hay indicios de una fijación indirecta de precios a través de los algorítmicos. Esto crea unas condiciones de competencia desiguales y perjudica a otros agentes del mercado, como los taxis tradicionales y otros nuevos operadores", señala el documento. Esta actividad supondría una posible infracción de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia (LDC) en España, que prohíbe la colusión directa e indirecta de precios.

El informe también se adentra en el frente laboral, con entrevistas a conductores de coches VTC y a responsables de una empresa de flotas que trabaja para una de las tres plataformas. Las conclusiones señalan que Uber, Cabify y Bolt usan sus algoritmos para controlar a los empleados de las flotas. Un conductor, por ejemplo, expresó su preocupación por el hecho de no poder rechazar "ni un solo minuto de las horas de trabajo asignadas", ya que esto puede acarrear sanciones, recortes salariales e incluso el despido. Otro señaló que, en casos de cancelaciones excesivas de viajes por parte del conductor, quejas de los pasajeros y bajas puntuaciones de satisfacción del cliente, un algoritmo puede bloquear la conexión de los trabajadores a la aplicación durante un periodo de tiempo o de forma indefinida.

"Ya hay sentencias en España que condenan a las flotas de coches VTC por no respetar los derechos laborales y, en concreto, el derecho a baja laboral. Las apps de Uber, Cabify o Bolt no permiten especificar, por ejemplo, el motivo de un absentismo. Si estás una semana de baja por enfermedad, ¿te va a penalizar su algoritmo? Los conductores con los que hemos hablado creen que sí. La pelota está en el lado de las empresas, ahora mismo, no se puede afirmar que estén cumpliendo la ley en material laboral", señala Galdón.

Preguntados al respecto, ni Cabify ni Uber han querido a entrar a valorar las conclusiones del estudio. "Cumplimos escrupulosamente con todas las regulaciones de competencia, laborales y de protección del consumidor", señala un portavoz de Uber. Tras la publicación del informe, Cabify asegura que "operamos acorde a la normativa vigente, incluida por supuesto la normativa en materia de protección de consumidores y usuarios, y en materia de competencia. Además, exigimos por contrato a nuestros colaboradores el cumplimiento de la normativa. Rechazamos categóricamente las acusaciones y tomaremos las medidas oportunas en la defensa de nuestra reputación".

Fuentes del sector VTC consultadas, aseguran que acusar a las plataformas de pactar precios es "no tener ni idea de como funcionan estas empresas, que compiten ferozmente entre ellas. Y la mejor prueba es que todas las acusaciones sobre estas prácticas han sido desestimadas por las autoridades de competencia. Sin embargo, los impulsores de este informe, Élite Taxi, sí están siendo investigados por la autoridad catalana de competencia por boicot colectivo", explican.

El informe señala cómo la CNMC investigó en 2019 demandas por supuesta colusión de precios de Uber y Cabify en tres casos concretos. Todos fueron desestimados, pero un miembro del consejo de la CNMC emitió un voto en contra de las resoluciones, alegando que uno de los casos no había sido analizado correctamente. Este voto particular ha dado alas a Eticas y Taxi Project para investigar a fondo el asunto.

Con el estudio en la mano, tanto Galdón como los representantes del taxi reclaman la inspección por parte de la CNMC en materia de colusión de precios, del Ministerio de Trabajo en el ámbito de derechos laborales y del Ministerio de Consumo en el frente de la protección de los derechos de los consumidores. "Este estudio deja en una posición muy cuestionable a la CNMC, demuestra que son incapaces de poner el foco donde se tiene que poner", explica a este diario Alberto Tito Álvarez, coordinador de Taxi Project. "Nos hemos tenido que encargar nosotros del trabajo que les toca a ellos, que es destapar con estudios e investigaciones que a través del algoritmo puedes reírte de las autoridades violando la ley constantemente".