Este "absurdo parachoques" demuestra todo lo que se juegan Uber, Cabify y Bolt en España

Dentro de unos días, es más que probable que haya decenas de coches negros circulando en Barcelona con una especie de apéndice en la parte trasera del vehículo. Un parachoques que a simple vista parece un 'montabicis', pero que en realidad es un artilugio que se han sacado de la manga los conductores y las flotas que dan servicio a Bolt, el último rival de Cabify y Uber en España, para evitar el destierro de la Ciudad Condal. "No solo es un parachoques, es la nueva normativa que exige VTC de 4,90 metros", reza el mensaje que va impreso sobre el invento.

Esta imagen sirve como resumen perfecto sobre lo mucho que se juega en España el gremio de las aplicaciones de viajes con conductor con la caducidad del conocido como decreto Ábalos, el parche legislativo que confeccionó el primer Gobierno de Pedro Sánchez para sofocar la revuelta del taxi vivida en 2018.

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Aquella iniciativa legislativa, entre otras cosas, daba una moratoria de cuatro años en que los tenedores de licencias VTC podían actuar como hasta ahora. En paralelo, las comunidades autónomas debían decidir si creaban una normativa propia o no. Si no lo hacían en ese periodo de gracia, que expira el próximo mes de octubre, estos permisos pasarían a regirse por la norma estatal, que limita su actividad a desplazamientos interurbanos, una demanda tradicional del gremio del taxi, que siempre ha defendido que "esa era la naturaleza real" de las VTC.

Algo que supone menos del 1% de los trayectos que cubren estas empresas a día de hoy, por lo que supondría, según diferentes fuentes del sector, "una expulsión 'de facto" del mercado. Mismas voces que critican que todo esto no fue más que "una patada para adelante" del Ejecutivo socialista y que ha derivado en el actual escenario de incertidumbre, donde "cada territorio hace lo que le viene en gana".

Por ahora, solo dos comunidades han movido pieza en firme: Madrid y Cataluña. No es en absoluto algo menor, porque ahí se concentra una inmensa mayoría de este negocio. Y lo han hecho en direcciones opuestas. Los primeros lo han hecho con una regulación, que si bien incluye algún nuevo requisito para los conductores de VTC, va a dejar que Uber, Cabify o Bolt sigan operando como lo han hecho hasta ahora.

En el extremo opuesto, el Govern dirigido por Pere Aragonès, que sacó adelante en julio, con el apoyo de los comunes, el PSC y Ciudadanos, un decreto que endurecía las condiciones para las VTC. Un endurecimiento que, según los cálculos del sector, suponía que 3.000 de las 4.000 licencias que estaban activas en ese territorio quedaban fuera de juego.

Las nuevas condiciones para las VTC en BCN

Entre las múltiples condiciones que impone el decreto, hay dos bastante significativas. La primera, que los tenedores de los permisos hayan operado en los últimos 12 meses. Este requisito podría no revestir mayor misterio si no fuera porque en aquel territorio se aprobó la obligatoriedad de reservar con 15 minutos de antelación. Algo que provocó que Uber se marchase de Barcelona y solo quedase Cabify operando allí.

El otro clavo en el ataúd es la necesidad de que el vehículo con que se presta el servicio mida al menos 4,90 metros de largo con etiqueta eco o cero emisiones. "Eso es algo que solo cumplen coches de muy alta gama como un Mercedes Clase E o un Tesla. Igual hay seis coches en todo el mercado que cumplan esos requisitos", explica Eduardo Martín, expresidente de Unauto, la patronal de las VTC, y actual presidente de Movea, la asociación que agrupa a los autónomos y pequeñas flotas, que señala que era un decreto que solo iba a permitir seguir operando a un único jugador, Cabify. "Una gran empresa de ese tamaño se puede permitir ese desembolso para compra de vehículos o el acceso a la financiación necesaria. Un autónomo o pequeña empresa, no. Muchas de las compras de vehículos son recientes, de gente que durante la pandemia ha decidido entrar en el negocio y se encuentra con esto. Además, hay que tener en cuenta cómo están de saturados los fabricantes, con largas listas de espera de varios meses de duración", remata el directivo en conversación con este periódico.

Aquí es donde entra en juego el desarrollo de Movea y Bolt, que describen el parachoques como algo "absurdo" propiciado por la regulación catalana. La cuestión es que los vehículos más populares y numerosos en las flotas que dan servicio a Bolt y otras aplicaciones son el Skoda SuperB, los Hyndai Ioniq, los Toyota Prius o Corolla, automóviles que no llegan a los 4,90 metros. "No es una cifra casual. Se ha escogido deliberadamente", apunta Daniel José Georges, encargado del negocio de VTC y taxis de la compañía de movilidad. Con el mencionado complemento, sí llegarán a esa medida. "Lo hemos homologado cumpliendo los parámetros de Industria y de la ITV, de manera que podemos incorporarlo a la ficha técnica", explican desde las partes implicadas, que indican que el coste de la modificación supondrá menos de 1.000 euros, algo asequible y al alcance de todos los tenedores de licencias VTC.

Siguiente frente: Andalucía

Tanto Georges como Martín coinciden en señalar que esto "es un aviso para navegantes" para otros territorios que opten por seguir la vía catalana y "endurecer aún más las condiciones de un sector hiperregulado" con normativas que afectan "principalmente a pequeñas empresas y autónomos".

Esta declaración es una clara referencia a Andalucía, el siguiente gran frente en la guerra entre los taxistas y plataformas, donde parece que la Junta presidida por el popular Juanma Moreno se inclina por crear un marco regulatorio que limite la actividad de las VTC. Entre las restricciones que plantea el Ejecutivo autonómico, está la creación de zonas vetadas para estos servicios como aeropuertos, hospitales o estaciones de tren; así como la necesidad de una licencia adicional o el requerimiento de que el automóvil tenga una longitud de 4,70 metros.

Auguran que todas estas medidas combinadas reducirán mucho el número de operadores VTC. "Esto es una traición al votante del Partido Popular, que siempre se había mostrado partidario, como se ha visto en Madrid, de un marco pro competencia", denuncian desde Movea. Es cierto que Andalucía no supone una porción tan grande del pastel, pero es aproximadamente un 18% del negocio.

Intercambio de papeles en Madrid

En la Comunidad de Madrid, el conflicto no baja de decibelios. Sin embargo, las tornas cambian. Son los taxistas, o gran parte de ellos, los que juegan el papel de agraviados con el último movimiento de Isabel Díaz Ayuso, quien durante el debate sobre el estado de la región anunció una liberalización completa del gremio y así poder competir en igualdad de condiciones con Uber, Cabify o Bolt.

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El Ejecutivo regional, el único que se había posicionado abiertamente a favor de que las VTC siguiesen funcionando prácticamente como hasta ahora, propone que los taxis puedan circular 24 horas, 365 días al año, sin ningún tipo de limitación horaria. Algo que contrasta con el actual marco del ayuntamiento, que obliga a 16 horas máxima de conducción, la mitad de los festivos libres, así como 15 días de vacaciones obligatorias en agosto.

Otra de las cosas que se proponen desde la Administración es que los usuarios que viajen en la misma dirección puedan compartir trayecto, una medida inédita en España en lo que se refiere al taxi. El texto que pretenden sacar adelante los populares también incluye nuevas condiciones para las plataformas: examen para los conductores, un año mínimo de carné, así como indemnización en caso de que sea el chófer quien cancela el viaje, de la misma manera que toca hacer al usuario cuando son ellos los que anulan la orden.

La Federación del Taxi y Élite Taxi llevarán al TC la 'ley Uber' de Ayuso

Aunque el texto ha sido del agrado de algunas asociaciones, como la Asociación Gremial del Auto Taxi de Madrid, otras han puesto el grito en el cielo, por entender que lo que hay que hacer es restringir la acción de aplicaciones y que esta receta solo empuja a una mayor precariedad en el sector. Entre ellas, la Federación Profesional del Taxi de Madrid y Élite Taxi, que este martes por la tarde conseguían el apoyo de 54 diputados de Unidas Podemos, ERC, Compromís, Más País, JxCAT y Bildu para presentar un recurso de anticonstitucionalidad contra lo que ellos han bautizado como "la ley Uber de Ayuso". "Ya es hora de que la vayamos llamando así", afirmaba Tito Álvarez, líder de Élite Taxi, en un comunicado enviado a los medios en el que también llamaba a la "movilización" de los taxistas en Sevilla para presionar a Juanma Moreno y que elabore un texto aún más duro. El recurso promovido por estas asociaciones se aferra a la idea de que las modificaciones aprobadas en junio y que ahora se quieren ampliar invaden competencias municipales al conceder a las VTC domiciliadas en Madrid permiso para operar en cualquier núcleo urbano del territorio.

El resto del mapa es una incógnita. La única que ha confirmado que no pretende regular es Galicia. Otros territorios como País Vasco, Aragón o Valencia ya lo hicieron en 2018 con disposiciones transitorias que ponían condiciones a la recogida y captación de viajeros, así como los tiempos de precontratación. El problema es que no eran normativas diseñadas para recoger el fin de la moratoria del Ejecutivo y eso puede condenar a este sector en esas comunidades a un extraño limbo legal.

No del Gobierno a la prórroga de dos años

Una de las bazas que tenía el sector de las VTC era que el Gobierno optase por una prórroga de dos años de la caducidad del decreto Ábalos, entendiendo que si la moratoria estaba pensada para que los tenedores de las licencias pudiesen amortizar la inversión, esto no ha sido posible debido a como ha influido la pandemia en la movilidad. Un periodo que además daría tiempo al Supremo y a la Justicia Europea a pronunciarse acerca de cuestiones clave para el futuro del sector

Algo que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se ha encargado de descartar. Según sus palabras, el Ejecutivo Central no contempla esa demora por las Comunidades han tenido tiempo de sobra para regular el asunto. Eso sí, Sánchez, exalcaldesa de Gavà y miembro del PSC, aseguró que resolverán "uno a uno" los 16.000 recursos administrativos que tiene pendiente su departamento, que fueron presentados por propietarios de licencias VTC, para poder operar durante 24 meses más. En un principio, externalizaron todo este proceso burocrático a Ineco, una sociedad pública, algo que fue impugnado por la Justicia madrileña, obligando a repetir el proceso.