Un millar de vehículos VTC opera de forma irregular en Madrid con licencias de otras CCAA

La Comunidad de Madrid (CAM) tiene detectados al menos 1.000 vehículos de transporte con conductor (VTC) cuyos transportistas han operado en algún momento por la comunidad autónoma —principalmente la capital— con licencias irregulares que no les permiten dar el servicio de forma legal.

La mayoría de esos viajes se están haciendo bajo contratación de la plataforma Cabify, aseguran varias fuentes próximas a los responsables de la CAM al tanto de la situación, que, sin embargo, no descartan que pueda haber otras plataformas. Los cálculos del Ejecutivo regional se derivan de las sanciones y propuestas de sanción levantadas a los conductores de los vehículos, apuntan las fuentes consultadas.

TE PUEDE INTERESAR

Cabify prepara su salida a bolsa de la mano de Morgan Stanley por cerca de 2.000 millones

Agustín Marco

La Dirección General de Transportes del Ejecutivo regional está tratando de poner coto a la avalancha de coches con licencia VTC venidos de otras comunidades autónomas que están ofreciendo sus servicios irregularmente dentro de Madrid y que están siendo parados por la Policía Municipal o la Guardia Civil, que se encargan de tramitar la correspondiente denuncia. Una licencia en Madrid cuesta hasta 10 y 12 veces más que en otras regiones de donde proceden.

Fuentes oficiales de la Comunidad de Madrid se limitan a señalar que son conscientes del problema y están siendo diligentes con las policías para imponer las sanciones más duras que pueden cuando se detecta uno de estos coches sin la autorización debida. Sin embargo, desde la Dirección General de Transportes y Movilidad señalan que se están encontrando con infinidad de recursos y quiebros legales que impiden su cobro inmediato, lo que limita su acción punitiva. Fuentes oficiales de Cabify se limitan a señalar que la empresa "cumple con sus obligaciones legales y obliga a sus colaboradores al cumplimiento de la normativa aplicable a su actividad".

Otras fuentes empresariales del sector confirman esta operativa y tienen confirma que circulan irregularmente bajo la app de Cabify cerca de una centena. Los vehículos observados que pueden estar incurriendo en esta práctica se contabilizan sin que tengan que estar operando necesariamente de forma simultánea. Hay que destacar que desde la inmovilización hasta la vuelta de ese coche a circular puede pasar un tiempo en el que pueden estar dando servicio otros.

Desde el sector, explican que los entramados societarios bajo los que operan estos coches de manera irregular, según sus quejas, tendrían por objeto ir vaciando las sociedades limitadas sancionadas para trasladar esos vehículos y activos a otras. De esta manera, cuando la Administración que los persigue trata de ejecutar la sanción, ya no hay nada que cobrar, porque la sociedad está quebrada, dada la tardanza que provocan los recursos. "Van tres pasos por delante de la normativa", asegura otra de las empresas afectadas.

Para los representantes de autónomos y pymes del sector de las VTC con licencia aprobada por la CAM, representados por Movea Madrid, dicha operativa les está suponiendo un "grave perjuicio y una competencia desleal", al margen de que esto suponga una reiterada infracción de la normativa vigente.

Según cálculos sectoriales, si en Madrid hay alrededor de 8.000 licencias de VTC con su situación en regla, si además puede haber otras 1.000 licencias operando irregularmente con licencias de otras comunidades, se les puede estar generando un perjuicio económico de alrededor de 100 millones de euros anuales, dado que esta práctica supuestamente fraudulenta afecta a la oferta disponible, limita su trabajo y deprime el precio, en teoría, más del 10%, lo que perjudica tanto a las VTC en regla como a otras alternativas como son el taxi y otros medios de transporte.

* Si no ves correctamente este formulario, haz clic aquí.

Los representantes de los conductores de estos vehículos de transporte con conductor de Madrid explican que una licencia de VTC de fuera de Madrid puede tener un coste en el mercado secundario de entre 6.000 y 10.000 euros. Sin embargo, Madrid es el mercado más pujante y una licencia de VTC, que están limitadas, cotiza alrededor de los 80.000 euros. Esto significa, según explican, que dichas empresas las amortizan más de ocho veces más rápido y ello lleva a la obtención de muchos más beneficios. También para Cabify, estiman, máxime desde que les han subido las comisiones hasta el 25%.

Entre los afectados, creen que entre las razones de que Cabify esté dando cabida a estos servicios irregulares está la pérdida de disponibilidad de los coches propiedad de Auro. En 2021, un laudo arbitral dio la razón a esta última firma frente a Cabify y les permitió romper la exclusividad, que les aportaba unos 1.000 coches, alrededor de un tercio de la flota que usa en Madrid Cabify, participada minoritariamente por Mutua Madrileña, y que estaría estudiando su salida a bolsa, según desveló este medio.

TE PUEDE INTERESAR

Cabify prepara su salida a bolsa de la mano de Morgan Stanley por cerca de 2.000 millones

Agustín Marco

La retirada de esos 1.000 coches hace, a ojos del sector, que no tengan automóviles suficientes para cubrir la demanda, lo que les empuja a dar cabida a vehículos sin la autorización que corresponde. Los propios denunciantes de esta situación, además, aseguran que es Cabify quien está amparando estas prácticas. Según señalan, otras plataformas como Uber o Bolt se comprometieron a solo coger coches de la CAM con autorización.

La consecuencia es que esta práctica, lejos de frenarse, está yendo a más, afirman. En este sentido, el Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso pide que el Gobierno central, a través del Ministerio de Transportes, tome cartas en el asunto, ya que la operativa de licencias de distintas comunidades, cuando además la residencia de las sociedades propietarias está en otras partes del territorio nacional, dificulta las sanciones. Al margen de lo anterior, el propio PP, que lidera el Gobierno de la Puerta del Sol, presentó una propuesta de régimen sancionador de los VTC que está parada tras recibir enmiendas a la totalidad en la Asamblea por la negativa del resto de partidos —incluido Vox, partido del que recibe apoyo parlamentario—.

"Me han sancionado tres veces"

Desde el sector, denuncian todo un entramado de sociedades ligadas unas con otras para recurrir las sanciones y poder continuar con dicha práctica, presuntamente ilegal. Un conductor de una de estas empresas relata a El Confidencial como él fue denunciado por la policía hasta en tres ocasiones y su vehículo inmovilizado las dos últimas, en las que se le interpuso la correspondiente sanción con la normativa autonómica de 1.001 euros por dar servicios a clientes a través de Cabify con un coche que no tenía autorización de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Este transportista, que prefiere no revelar su identidad por miedo a represalias, señala que, siendo desconocedor de su situación irregular, conducía al principio incluso sin la pegatina distintiva que todos estos coches deben llevar en su luna trasera, algo que, según relata, extrañó en una ocasión a uno de sus clientes al subirse al coche. Sin embargo, su empresa le aseguró después que todo se había solucionado y pusieron una pegatina que reconoce que es un vehículo autorizado.

"Yo me asusté la tercera vez que me multaba la policía dentro de Madrid porque me dijo que seguía con licencia de otra comunidad autónoma, pero la gravedad era mayor, al llevar la pegatina, que daba apariencia de servicio autorizado cuando no lo era", asevera, lo que le supuso una amenaza de dos años de cárcel.

"Me asusté la tercera vez que me multaban: la policía dijo que seguía operando irregularmente, pero la gravedad era mayor, al llevar la pegatina"

Según relata, era algo habitual para él y sus compañeros que les multaran por esta causa, aunque a los dos días volvían a tener el coche de vuelta tras sacarlo del depósito por la inmovilización policial. Asegura que ha estado así trabajando ocho, nueve y hasta 10 horas diarias los siete días de la semana. "Por suerte, yo he encontrado trabajo en otra empresa con una licencia autorizada, pero otros compañeros necesitan trabajar y no les queda más remedio que mirar para otro lado y seguir arriesgándose".

El Confidencial ha tenido acceso a un dosier de investigación elaborado por Movea Madrid que identifica cerca de 50 vehículos con licencias de lugares como Toledo, Guadalajara, Badajoz, Cantabria, Valladolid, Salamanca, Zaragoza o La Rioja que operan en Madrid.

Dicha documentación, que ya obra en poder de la Consejería de Transportes y Movilidad de la Comunidad de Madrid, aporta datos de las sedes de las sociedades limitadas, todas ellas de fuera de Madrid, pero no necesariamente del lugar donde tiene matriculados los coches, lo que dificulta su visibilidad a la hora de sancionar. Al margen del entramado societario, también proporciona fotografías de esos vehículos operando dentro de la capital con la app de Cabify, así como fotos de denuncias reiterativas impuestas por la Policía Municipal del consistorio dirigido por José Luis Martínez-Almeida.

La investigación apunta a licencias de Toledo, Guadalajara, Badajoz, Cantabria, Valladolid, La Rioja Salamanca o Zaragoza operando en Madrid

Estas denuncias de 1.001 euros se refieren, según los denunciantes, a "multas observadas donde se aplica el régimen sancionador de la Comunidad de Madrid cuando a una VTC que no siendo VTC de la CAM y no teniendo habitualidad ya desde el vencimiento de la prórroga otorgada por el Decreto 13/2018 [la prórroga Ábalos], entienden que le corresponde la aplicación del régimen sancionador de octubre de 2021 con importe de 4.001 euros y la correspondiente inmovilización del vehículo".

La investigación remitida al Ejecutivo regional también aporta fotos de parkings llenos de vehículos presuntamente no autorizados en el centro de Madrid. En teoría, preparados para salir a dar servicios, denuncian los afectados.

Otras fuentes del sector rebaten las cifras de la CAM, aunque admiten que podría haber coches operando sin licencia debida. Estas fuentes empresariales no comparten que pueda haber tal magnitud de coches irregulares y apuntan a que el decreto Ábalos de 2018 permitía a las VTC operar un 20% fuera de su comunidad hasta octubre de 2022. Desde entonces, solo algunas empresas, la mayoría para Barcelona, han recibido una prórroga de esta normativa.