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Las flotas de Uber y Cabify recurren a Bruselas para frenar la ley catalana 'antiVTC'
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"LA MAYORÍA QUEDAREMOS FUERA DEL MERCADO"

Las flotas de Uber y Cabify recurren a Bruselas para frenar la ley catalana 'antiVTC'

Las dos principales asociaciones del sector, UNATO y Feneval, piden a la comisaria de Transportes que abra un proceso sancionador porque la norma atenta contra la libertad de establecimiento

Foto: (Albert de Gea / Reuters)
(Albert de Gea / Reuters)

Las flotas que sujetan el negocio de Uber, Cabify y Bolt en España han pasado a la acción ante la aprobación del decreto 'antiVTC' que el Govern catalán sacará adelante con el apoyo del PSC y los Comuns y que supone una importante victoria para los taxistas en la guerra que mantiene con esta plataforma. Los dos mayores asociaciones del sector de la VTC, UNATO y Feneval, han pedido a la Comisión Europea que abra un procedimiento contra dicho ejecutivo por una norma que consideran, pone "en riesgo de desaparición" esta industria en España y que puede atentar contra la legislación comunitaria.

"Tanto los autoridades nacionales como regionales están adoptando medidas que, combinadas, son una amenaza inminente para la continuidad del PHV [las siglas que se utilizan en inglés para referirse a vehículo de alquiler privado] en la mayoría de regiones, especialmente en Cataluña", reza el escrito remitido a Adina Vălean, comisaria europea de Transportes, al que ha tenido acceso este periódico.

Foto: Protesta de taxistas contra Uber y Cabify en Barcelona. (EFE)

El texto propuesto del Ejecutivo catalán, que fue presentado a principios de este mes y que tiene garantizados los votos para salir adelante en el Parlament, recogen una batería de medidas que van a dificultar la actuación en ámbito urbano de las VTC. Entre otras cosas, se exigirá que el concesionario de la licencia en cuestión, que debe estar domiciliada en aquella comunidad, haya operado en los últimos 12 meses.

En el sector calculan que cerca de 3.000 de las 4.000 VTC en ese territorio quedarán fuera de juego. No hay que olvidar que muchos se vieron obligados a dejar la actividad cuando se aprobó la obligatoriedad de reservar con 15 minutos de antelación, algo que hizo Uber dejase la ciudad, aunque después regresase para trabajar con los taxis. A esta situación hay que sumarle la caída de la demanda vivida en los años de pandemia, algo que hizo que muchas de las subcontratas a las que recurrían Uber o Cabify reorganizasen sus recursos.

placeholder (Efe / Mariscal)
(Efe / Mariscal)

Estas asociaciones también recuerdan que la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) ha emitido su informe recientemente en e que concluye que el Decreto Ley 9/2022 es contrario al derecho de la competencia y establece requisitios absolutamente "contrarios a los principios de la buena regulación de los mercados". Este supervisor autonómico fue bastante contundente, “en términos de legalidad, se considera que existen riesgos de que las disposiciones puedan ser contrarias a la libertad de establecimiento consagrado en el artículo 49 de Tratado Europeo".

Herencia del 'decreto Ábalos'

La carta dirigida a Bruselas también tiene dardos para el Ejecutivo central, a los que acusan de "haber ignorado sistemáticamente" las recomendaciones de la Comisión Europea sobre el funcionamiento y el transporte local sostenible de pasajeros para demandas y de "no haber eliminado las restricciones desproprocionadas". No hay que olvidar que esta crisis se remonta a 2018, cuando los taxistas de toda España fueron a la huelga para exigir que se cumpliera, entre otras cosas, el ratio de 1 VTC por cada 30 taxis.

La solución para aquello fue el 'decreto Ábalos', que establecía una moratoria de cuatro años y dejaba la pelota en las Comunidades Autónomas, a la que transfería la competencia de regular el mercado y la actividad de las VTC. En los territorios donde no se regulase antes del 1 de octubre de 2022, se aplicaría la normativa española, que solo permite a los dueños de estas licencias hacer trayectos interurbanos (el 99% de los viajes que ofrecen Uber y Cabify se ofrecen en el entorno urbano). De momento, solo Madrid y Cataluña han dado este paso. Y lo han hecho en diferentes direcciones. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, a diferencia del Govern, ha optado por una normativa que permite a Uber, Cabify o Bolt prestar servicio como lo han hecho hasta el día de hoy. Los siguientes puntos calientes serán Andalucia, y Valencia, territorios donde estas empresas tienen un importante volumen de negocio.

Un ojo puesto en la Justicia

Mientras tanto, las flotas de VTC y las plataformas miran de reojo a la Justicia. En España, el Supremo debe en otoño decidir sobre la legalidad y competencia de las restricciones a este negocio. Y para ello será clave lo que dicte el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ha fijado para el 5 de octubre la vista oral de la cuestión planteada desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acerca de la regulación del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) sobre la VTC. El tribunal catalán no ha sido el único que ha elevado cuestiones de este tipo a este órgano, que también ha recibido preguntas similares desde el Supremo.

En la notificación de la fecha de la vista oral, el TJUE informa de que requerirá a las partes que respondan a tres preguntas. La primera cuestiona si "el objetivo de salvaguardar el mantenimiento del servicio de taxi tiene naturaleza puramente económica o puede constituir una razón imperiosa de interés general", al ser este, según el Gobierno y el AMB, "un servicio de interés público sujeto a una normativa y a unas obligaciones específicas".

La segunda plantea si se puede fijar una ratio de un VTC por cada 30 taxis, como posibilita el Decreto Ábalos todavía en vigor, puesto que esta limitación puede hacer que "el mercado de los servicios de VTC quede cerrado para nuevos entrantes". La tercera pregunta busca indagar en si las licencias exigidas por el AMB para los VTC urbanos "se limitan a duplicar los controles ya efectuados cuando se concedió la licencia nacional para los servicios de VTC".

Las flotas que sujetan el negocio de Uber, Cabify y Bolt en España han pasado a la acción ante la aprobación del decreto 'antiVTC' que el Govern catalán sacará adelante con el apoyo del PSC y los Comuns y que supone una importante victoria para los taxistas en la guerra que mantiene con esta plataforma. Los dos mayores asociaciones del sector de la VTC, UNATO y Feneval, han pedido a la Comisión Europea que abra un procedimiento contra dicho ejecutivo por una norma que consideran, pone "en riesgo de desaparición" esta industria en España y que puede atentar contra la legislación comunitaria.

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