El fraude del Bertín Osborne de los jamones que teñía los pata negra con carbón y un soplete

El empresario exhibía ese porte por el que los investigadores le habían apodado Bertín Osborne. En su rostro dibujaba una sonrisa que no perdió ni cuando los agentes le leían la lista de supuestos delitos. “Para cuando haya juicio, seguramente esté jubilado”, les espetó. “Ojo, que no es lo mismo la edad de responsabilidad penal, que la de jubilación”, le respondió el cabo que había coordinado las pesquisas. El hombre, sentado en una silla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Sevilla, no mostraba remordimiento alguno. “Se hacía el muerto”, como si la cosa no fuese con él. “Es la baza que suelen jugar los profesionales de la estafa”. “Miraba al techo, mantenía una conversación fluida y se mostraba majo”. Pero poca información sobre el presunto entramado fraudulento que había diseñado en torno a un sabroso majar: el jamón ibérico.

Una estafa que iba de la falsificación de certificaciones y documentos hasta el maquillado con soplete, aceite de semillas y carbón natural. ¿El objetivo de este trabajo de chapa y pintura? Convertir piezas de inferior calidad en falsos jamones de pata negra. Los responsables del caso hallaron 50 toneladas en dos “almacenes clandestinos” situados en municipios de la provincia hispalense. Y muchos, en unas condiciones deplorables, con “gusanos” y “totalmente cubiertos de moho”.

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El cabo primero David Gutiérrez reconoce que “nunca imaginamos a dónde nos iba a llevar” cuando el pasado mes de febrero, “en vísperas del Día de Andalucía”, realizaron una inspección en una abacería, “palabra que se encuentra en la primera página del diccionario”. Ubicada en la localidad de Alcalá de Guadaíra, es uno de esos establecimientos de restauración que también comercializan productos procedentes del cerdo, principalmente jamones, paletas y chacinas, y en el que puedes pedir que te corten unas lonchas para consumirlas en su terraza con alguna bebida.

Los guardias civiles observaron en los expositores una serie de sobres de plástico con productos loncheados cuando los propietarios carecían del registro sanitario que les permitía hacer ese tipo de actividad. “Hay uno concreto para vender, otro para distribuir, uno para almacenar y otro específico para cortar”. Las cosas se complicaron porque el negocio tampoco tenía en regla la licencia de apertura y entró en escena Salud Pública del Área de Gestión Sur de Sevilla.

El local fue precintado hasta que no resolviese su situación administrativa y los agentes comenzaron a seguir la pista al suministrador de los productos sospechosos. El responsable del caso, en conversación con El Confidencial, cuenta que las indagaciones les conducen hasta una nave situada en el mismo municipio. Un almacén que acabó definiendo como la “primera casa de los horrores”.

En el primer almacén, descubrieron etiquetas de lotes de 2019 a los que habían puesto 2030 como fecha de consumo preferente

Cuando los investigadores del Seprona llegaron al lugar, se encontraron con una sala de despiece y corte de jamón “en muy buenas condiciones”. Aparentemente, todo parecía correcto. Pero una puerta escondía la auténtica realidad. Tras ella descubrieron una zona de engorde que se encontraba en un “estado higiénico deplorable”. En la cámara frigorífica, “una columna de hielo desde el techo al suelo”. “Como una estalactita” provocada por el goteo del cañón de aire y que habían tratado de solucionar taladrando la cabina.

“Nunca había visto nada igual”, apunta Gutiérrez, que dice que era una “chapuza tras otra”. “Carecían de autorización para poder ejercer cualquier actividad, por lo que allí no se podía almacenar, ni se podía cortar. Tampoco había rastro de un registro de entrada y salida de productos y no se controlaba la trazabilidad de los productos, algo clave en caso de intoxicación alimentaria”. Los agentes descubrieron etiquetas de lotes de 2019 a los que habían puesto 2030 como fecha de consumo preferente.

Los investigadores de esta unidad, “por lo que nos han tratado de engañar”, han acabado depurando una peculiar forma de desenvolverse en este tipo de registros. “Picardías que aprendes a base de palos”. El cabo primero revela que “en el grupo tengo uno que es muy vivo y al que siempre dejo detrás cuando entramos”. “Es el que se encarga de observar las reacciones de los empleados”. Cómo actúan, si establecen contacto visual o si se muestran nerviosos. “Y allí percibió una complicidad” que despertó sus sospechas. “Decidió ir a inspeccionar los contenedores de basura que había en las cercanías y en uno de ellos encontramos las etiquetas que nos acabarían llevando al gran almacén” de la presunta trama.

El (presunto) cabecilla

Estaba ubicado en Dos Hermanas y, dentro de la cadena de proveedores, era el suministrador principal. Al frente estaba un tipo de esos que “inspiran confianza” por sus formas. Un cincuentón de buena presencia, conversación, culturilla y simpatía. “El típico vendedor”. Ropa de marca, soltura en las relaciones y “un pedazo de Mercedes”. Los agentes lo apodaron Bertín Osborne. El Bertín Osborne de los jamones. Porque se conocía todos los entresijos de un negocio en el que supuestamente se había hecho rico explotando sus debilidades.

“Para ser un gran estafador, hay que saberlo todo del negocio donde operas”, señala David Gutiérrez, que explica que este empresario “llevaba toda la vida” en el sector. Las pesquisas pusieron de manifiesto que “había tenido varias empresas dedicadas a lo mismo y con nombres similares”. La experiencia de los agentes les ha llevado a identificar un modus operandi recurrente en fraudes con productos alimenticios: “Los autores abren una nave y empiezan a trabajar. Si se produce una inspección de Sanidad, piden unos días de margen para recopilar la documentación; pero cuando vuelven los inspectores, allí no queda nadie. Se marchan a otro sitio y repiten la operación”.

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El investigado, con más de 20 años en el sector de los jamones, es considerado el “responsable principal” de una trama versátil en sus formas y que se adaptaba a las circunstancias para “siempre ganar”. “Sabía dónde colocar el producto sin que se percataran de que era —supuestamente— fraudulento”. “De hecho, le vendía a gente muy potente” y entre su clientela se encontraban importantes supermercados.

El epicentro de todo se situaba en el almacén de Dos Hermanas. Un inmueble de grandes dimensiones y una pequeña oficina. Cuando los agentes lo inspeccionaron, encontraron un espacio diáfano, lleno de jaulas y estanterías que hacían de secaderos y donde colgaban jamones. Ni rastro de cámara frigorífica. A pesar de que este producto “se debe conservar entre seis y 18 grados” y en ese almacén, “con techos de chapa”, se superaban “perfectamente” los 40.

Los agentes se toparon en los registros con jamones cubiertos de moho y gusanos

El lugar estaba “muy sucio”, “nada que ver con cualquier secadero”. Las paletas tocaban las paredes de hormigón vivo y en algunas de ellas se apreciaban telarañas. En el suelo, bidones de acaricidas contra los insectos. Concretamente, “contra el escarabajo del jamón”. El problema principal era cómo utilizaban estos químicos. “Lo que se debe hacer es sacar la mercancía del almacén, desinfectar con los productos fitosanitarios y esperar un tiempo de respeto antes de volver a introducir las paletillas”. Pero los investigados —presuntamente— acortaban el proceso sin importarles poner en riesgo la salud de los consumidores. Y en vez de seguir el procedimiento habitual, “con un vaporizador, esparcían el insecticida directamente sobre los jamones”. “Es una barbaridad, aunque a priori no fuese a morir nadie porque el periodo de evaporación era corto”, afirma el agente al frente del caso.

El fin último de los investigados supuestamente era hacer pasar piezas de inferior calidad por jamón ibérico 50% de cebo. Objetivo para lo que empleaban todo tipo de métodos que se han ido sustanciando en cargos. El más singular era el proceso de maquillaje al que sometían a los jamones para hacerlos pasar por pata negra y engañar al cliente y al consumidor. Un “lavado de cara”, como lo definió el Instituto Armado, que se iniciaba con un lavado a presión. Las piezas, posteriormente, eran quemadas con un soplete para hacer aflorar la grasa y después se les aplicaba una mezcla de aceite de semillas y carbón vegetal para mejorar su aspecto. “Querían lograr esa apariencia para engañar a los clientes y a los consumidores”.

Las indagaciones de los agentes con una empresa independiente que certifica la calidad del producto revelaron que el entramado supuestamente utilizó la autorización numérica de otra empresa que había sido dada de baja “hace un par de años”. “Lo habían copiado” para “dar apariencia de legalidad” a sus operaciones y después de que hubiesen solicitado presupuesto. “Desistieron, porque uno de los requisitos para la concesión del certificado es una inspección de la fábrica”.

Esta firma expresó su deseo de emprender acciones legales contra los investigados, al igual que la Denominación de Origen Protegida de Jabugo, que realizó un análisis del etiquetado y comprobó que era “falso”.

Versatilidad para el engaño

“Es una estafa bastante compleja y muy curiosa” que obligó a los agentes a hacer un curso acelerado sobre la normativa de este producto, algo que suele ser habitual en el Seprona por el tipo de investigaciones que deben afrontar. La cosa se complicó cuando la jueza instructora plateó hacer una prueba genética para determinar el origen del producto. En vez de esta técnica, realizaron un estudio morfológico de los jamones que eran parecidos y, cuando obtuvieron un número con el que poder trabajar, analizaron los registros sanitarios. “Nos dimos cuenta de que muchos estaban borrados parcialmente”, así que “fuimos reconstruyéndolos”. “Una vez logramos desencriptar cifras completas, comenzamos a hacer preguntas”. Los investigadores enviaron oficios y “nos llevamos sorpresas”, porque nos respondieron que uno de los precintos era de otro sitio.

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La hipótesis principal era que la trama adquiría paletas que “habían salido malas o devueltas” y, con cuidado para no romperlos, supuestamente les quitaba los precintos y se los colocaba a otras de inferior calidad para hacerlas pasar como piezas de “cerdo ibérico de norma”.

El cabo primero sostiene que el principal investigado “es muy listo”. Y en un momento dado optó por comprar jamones Duroc, que no eran ibéricos, pero sí de calidad, para adaptar el fraude a nuevas circunstancias. Presuntamente, lo que hacía con ellos era etiquetarlos como 50% de cebo. “Estás comiendo algo bueno, pero estás pagando el triple de su valor real”.

Entre las víctimas del entramado figuran importantes cadenas de supermercados: “Solo a uno, le vendió mercancía por 250.000 euros”

El tuneado de las paletilllas iba más allá y a los investigados no les preocupaba rozar lo burdo. He aquí un ejemplo. “Cuando un jamón va a entrar en sal, se le hace una marca indeleble que recoge la semana y año en que se realiza esta acción”. Lo lógico es que esta fecha coincida o sea cercana a la del sacrificio. Aunque hay una excepción: que haya habido excedente y las piezas fuesen congeladas. “El problema —en este caso— vino cuando empezamos a descubrir paletas que tenían entrada en sal, marcada a fuego, en años anteriores a los de su supuesta matanza”. “Yo ahora me río, pero en su momento nos mirábamos unos a otros alucinados”, cuenta el responsable de la investigación, para la que ha sido de gran ayuda la colaboración de la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (Asici) y de la Delegación Territorial de Salud y Consumo de Sevilla.

El agente encuentra una explicación a tan sorprendente sensación de impunidad: “Cuando compramos un jamón, de todas las cosas que hemos dicho, no miramos nada”. Pero reconoce que el entramado había depurado tanto sus técnicas de engaño, que picaban hasta grandes cadenas comerciales. “En una campaña de Navidad vendió a un solo supermercado mercancía por 250.000 euros”.

La adaptabilidad del cabecilla a las circunstancias que iban surgiendo generaba situaciones inimaginables. “Firmó un contrato con una gran superficie para suministrarle jamones, pero pidió que se le pagase antes de entregar la mercancía. Como es una persona con referencias en el sector, aceptaron y abonaron la totalidad. El problema surgió cuando, una vez entregadas, los clientes comenzaron a devolver las paletas porque estaban malas. Lo que hizo fue retirarlas y darles otras, pero las que no eran comestibles, en vez de destruirlas, se las encasquetaba a otro supermercado”.

La fórmula era clara: “Si vendía 10 piezas fraudulentas y le devolvían tres, pues había colocado siete. Las otras tres, intentaría endosárselas a otro cliente. Y así continuamente hasta que no había devoluciones”.

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Era una cadena que estaba especialmente engrasada durante las fechas navideñas, donde crece la demanda de cestas de regalo y tenía más facilidad para hacer pasar su mercancía. Lo que definitivamente no valía, “lo que estaba duro como una piedra”, y no era posible colocar ni al consumidor más inexperto, “se hacía lonchas o taquitos”.

Las pesquisas, aunque “hay alguna coletilla que atar”, se han cerrado temporalmente con seis investigados, a los que se les imputan delitos contra la propiedad industrial, estafa, contra la salud pública y falsedad documental. Las distintas líneas de trabajo han llevado a los agentes del Seprona de la Comandancia de Sevilla hasta empresas domiciliadas en esta provincia, así como en Cáceres, Valencia, Salamanca o Madrid. Algunas son víctimas del fraude, y otras son investigadas como cómplices. Como la que pertenecía a un empresario cacereño que “estaba metido en el ajo” por presuntamente vender jamones fuera de norma.

El montante del presunto fraude supera el millón de euros, aunque el cabecilla lleva muchos años operando en el sector

“No se puede negar” que el Bertín Osborne de los jamones “es un artista en lo suyo”. “Ahora, remordimientos, ninguno”, señala el cabo primero, que recuerda que, más allá de los supermercados y grandes superficies, la víctima última de la estafa pueden ser personas “como mi padre, que durante meses ahorra de su pensión para regalarnos un jamón a mi hermana y a mí”.

Se le han intervenido una serie de propiedades, pero no está muy afectado por ello. Y, solo en la parte investigada en este caso, el montante del presunto fraude supera el millón de euros. Lleva más de dos décadas trabajando en el sector, de ahí la tranquilidad que tanto inquieta.