Podemos se alía con ERC para forzar la expulsión del Seprona de la Guardia Civil de Cataluña

El Cuerpo Nacional de Policía (CNP) no es el único que está en el punto de mira del independentismo: ERC y los comunes, en el marco del pacto para la aprobación de los presupuestos de la Generalitat, acordaron forzar al Gobierno para que las competencias que actualmente tiene el Seprona, la unidad de la Guardia Civil especializada en medioambiente, las asuma el Cuerpo de Agentes Rurales de la comunidad. Así queda reflejado en el punto número 10 del pacto suscrito. Por tanto, secesionistas y morados, socios además estos últimos del propio Ejecutivo central, harán la pinza a Pedro Sánchez no solo para que ceda a la Generalitat la sede de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, en la céntrica Via Laietana de Barcelona, sino que ahora le toca el turno a uno de los servicios más valorados de la Benemérita.

Además, fuentes cercanas al Govern confirmaron a El Confidencial que el tema ya fue planteado en Madrid por el propio consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, “en el marco de su plan Mossos 2030”. El proyecto es potenciar el Cuerpo de los Agentes Rurales y que el Seprona desaparezca de Cataluña. El objetivo es que no quede ni un solo coche o una moto del servicio de la Guardia Civil en toda la comunidad y que sus competencias sean asumidas en su totalidad.

“No hay que hacer nada. Es una cuestión de voluntad política. Solo hace falta que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dé la orden. Es algo parecido a lo que en su día se hizo con Tráfico, que pasó a depender de los Mossos d’Esquadra y se le retiraron las competencias a la Guardia Civil”, explican a El Confidencial fuentes conocedoras de la operación. De lo que no hay duda es de que los independentistas y comunes no quieren este servicio en esta comunidad autónoma.

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Una lectura crítica que realiza un diputado constitucionalista apunta a que la expulsión del Seprona sería “un paso más para diseñar otra ‘estructura de Estado’ que permita a Cataluña valerse por sí misma en una futura independencia. Y en este caso, el presidente del Gobierno tiene al enemigo en casa, puesto que su socio es el que ha pactado la operativa de expulsión de ese servicio”. Esta fuente califica a UP de desleal con el PSOE y reclama que se tomen medidas ante “las continuas deslealtades que lleva a cabo Unidas Podemos, como las declaraciones de Joan Subirats, el nuevo ministro de Universidades, reclamando un nuevo referéndum nada más aterrizar en su cargo”.

El atasco de la Jefatura Superior

La operación de expulsión del Seprona es paralela a la petición de que se desaloje la emblemática sede de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, ubicada en la Via Laietana de Barcelona.

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Independentistas y morados pugnan por hacerse con ese edificio y convertirlo en un Museo de la Tortura (aunque oficialmente se dulcifica la conversión como la creación de un “espacio de memoria histórica” y un centro de “interpretación de la tortura”). Pero el proyecto planteado omite una parte de la historia: la que tendría que denunciar las agresiones infligidas en sus calabozos cuando el inmueble era gestionado por el siniestro servicio de Seguridad Pública de Cataluña (con el filofascista Miquel Badia a su frente) en los años treinta del siglo pasado. Allí se agredió y asesinó a cientos de ciudadanos bajo la batuta del Govern que presidía Lluís Companys.

La memoria que se quiere instaurar tiene las patas muy cortas. Pero el traspaso sería ‘vendido’ en Cataluña como una gran victoria "contra las fuerzas de ocupación".

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El PSOE, que está a favor de una reconversión del espacio, ya ha propuesto una solución intermedia. “Hablamos con entidades memorialísticas y pusimos sobre la mesa la posibilidad de compartir el edificio dedicando un espacio a la memoria y otro a oficinas policiales, pensando que esa propuesta podría desencallar el asunto. Además, había sido consensuada con entidades de memoria histórica, con lo que no habría problema de colisión de intereses. Pero esa propuesta fue descartada por independentistas y por Podemos. Es paradójico que las entidades cívicas estén de acuerdo, pero no los partidos políticos, lo que apunta a un uso de propaganda política del tema”, explican a El Confidencial fuentes cercanas al Gobierno central.

"El aparato de propaganda considera que cuantos menos símbolos haya de instituciones españolas, más cerca estaremos de la independencia"

Otra de las voces consultadas señala que el tema de la Jefatura Superior “es más simbólico que otra cosa, porque saben que siempre habrá una Jefatura Superior de Policía en Barcelona”. El desalojo de la tradicional sede de Via Laietana, no obstante, es una baza que los independentistas y los comunes persiguen como agua de mayo, ya que sería un “golpe moral” al Estado. El tema del Seprona, en cambio, no es simplemente testimonial, sino que significa perder una competencia y borrar del mapa una gestión que siempre ha llevado ese servicio de la Guardia Civil en el territorio.

“El aparato de propaganda independentista considera que cuantos menos símbolos haya de instituciones españolas, más cerca estaremos de la independencia y más se podrá concienciar al ciudadano catalán de que la independencia está cerca y es necesaria. Y uno de los principales objetivos son las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado”, critican desde sectores constitucionalistas.

Conflicto con los Mossos

En el supuesto de que la Generalitat consiguiese el traspaso, no obstante, se le abriría otro frente: los Mossos d’Esquadra ya tienen un Área Central de Medio Ambiente (ACME) y en cada región policial hay una Unidad Regional de Medio Ambiente (URMA). ¿Qué se hará con estos efectivos?

Y, además, queda la incertidumbre de si se reformará la Ley de Policía, ya que esta dice que son los Mossos los que deben velar por el medio ambiente. Los agentes rurales, en principio, no podrían asumir las competencias de las URMA sin reformar la legislación.

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El Sindicat de Policies de Catalunya (SPC) ya alertó a los agentes de que la labor de los Mossos puede resentirse con la dualidad de funciones: afirma que las URMA y el ACME “ya desarrollan la tarea de protección del medio ambiente de manera muy eficiente”. Este sindicato ha pedido al consejero de Interior que no elimine las competencias de Mossos en favor de agentes rurales y, en todo caso, la central no respaldaría “la eliminación competencial”. Elena no ha contestado aún a los requerimientos del SPC.

Pero todo está preparado para hacer de los agentes rurales el nuevo Seprona catalán, muy importante simbólicamente “porque no tiene ninguna connotación española”. Estos efectivos dependían del Departamento de Agricultura desde su creación en los años ochenta del pasado siglo, pero desde la presente legislatura dependen de la Consejería de Interior.

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Su reglamento se modificó en noviembre de 2019, después de que dos miembros del cuerpo fuesen asesinados por un cazador furtivo en Lleida en enero del año 2017. Ese cambio permite que los miembros de los agentes rurales puedan portar armas de fuego.

En el Decreto 249/2019 del mes de noviembre de ese año, se establecen varios tipos de armas: de gestión (arma de fuego destinada al control poblacional de la fauna y el sacrificio de animales heridos o que puedan presentar peligro para las personas), defensiva (las armas convencionales), de inyección anestésica, y defensa o bastón extensible. Las de fuego se subdividen a su vez en varias categorías. Además, en los planes de la Consejería de Interior se prevé crear varios centenares de plazas de agentes en los próximos años, consolidando las categorías profesionales.

El pasado mes de diciembre se incorporó la primera promoción de subinspectores, con 14 profesionales (ocho hombres y seis mujeres). En la actualidad, el Cuerpo de los Agentes Rurales tiene unos 500 efectivos y se espera llegar a los 800 al final de la legislatura.