ERC usará los PGE y la ley de memoria para reconvertir la comisaría de Vía Laietana

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) usará una enmienda del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el desalojo del histórico edificio que desde hace décadas alberga a la cúpula de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, en Vía Layetana. Si la enmienda no es aprobada, insistirá en ello durante la tramitación de la futura Ley de Memoria Democrática. Son los dos cauces que los republicanos quieren recorrer para que se haga realidad una demanda que data de 2005.

Entonces no cuajó, pero los diputados de esta formación volvieron a intentarlo en 2008 y en 2017. En esta última fecha el entonces parlamentario Joan Tardà logró que la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados (23 votos a favor y 14 en contra, los del PP) aprobara una iniciativa que pedía que el edificio se cediera para convertirlo en un "museo-memorial, documental y archivístico de la represión franquista en Cataluña".

La idea de la enmienda de los presupuestos de 2021 aboga por que no solo se cedan las dependencias, sino también los archivos. "Se traspasará conjuntamente con el equipamiento a la Generalitat de Cataluña, en un plazo no superior a seis meses, la parte del archivo histórico de la Jefatura, correspondiente a la VI Brigada Regional de Información Social que todavía permanezca en Cataluña, ya sea en las dependencias del mencionado organismo o en otras, como las de la subdelegación del Gobierno estatal (antiguo gobierno Civil)", señala el texto.

Fuentes cercanas al Gobierno central niegan que haya un pacto sobre el tema. "Para empezar, en el 2017 no se aprobó ninguna cesión, sino que fue una proposición no de ley (PNL) que presentó Tardà, que venía de una moción aprobada en el Ayuntamiento de Barcelona y en la que se decía que en un futuro se podría contemplar la reconversión del edificio en un espacio museístico. El texto era tan inocuo que hasta Guillermo Díaz, de Ciudadanos, votó a favor. Pero en ningún momento se obligaba al traspaso del inmueble, puesto que lo que se aprobó era una simple PNL", explican a El Confidencial las citadas fuentes.

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Además, arguyen que "la enmienda que han presentado para los presupuestos generales es solo eso: una enmienda. También presentaron otra para suprimir el presupuesto de la Casa Real, así como unas 320 más. Pero no ha sido pactada ni aprobada. Eso se verá durante la próxima semana". En este sentido, enfatizan que "ERC está en disposición de sacar pecho y es lo que hace, pero de ahí a dar por aprobadas las enmiendas que presente va un trecho".

Gestión compartida

Los republicanos exigen también la "copia de la documentación incoada en la Jefatura de 1939 a 1977 por dicha Brigada y que esté en otras dependencias, como el Archivo Histórico de la Policía o el Archivo Histórico Nacional. Esta documentación constará de fichas, atestados, declaraciones, órdenes, reglamento interno, correspondencia y material que se considere de interés memorialístico". La gestión de toda esa documentación y del futuro museo será responsabilidad de la Generalitat de Cataluña y los detalles se pactarán definitivamente en la comisión mixta de traspasos Estado-Generalitat.

Ese edificio, sin embargo, también es codiciado por el Ayuntamiento de Barcelona: el pasado mes de abril, el concejal Jordi Rabassa, de los comunes, llegó a enviar una carta al jefe superior de Policía recordándole que debía desalojar el inmueble para convertirlo en un museo de la memoria histórica. Pero ERC le ha ganado por la mano a Ada Colau, ya que en la enmienda que pactó con el presidente español, Pedro Sánchez, habla de que el vetusto edificio ha de pasar a la Generalitat de Cataluña.

Fuentes de ERC, sin embargo, explican a El Confidencial que en la gestión del espacio "participarán tanto el Ayuntamiento de Barcelona como la ciudad de Barcelona y las entidades de la memoria histórica", aunque habrá que detallar en el futuro cómo se materializa esa colaboración.

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"Lo que queremos es que no se pierda la memoria histórica y que ese espacio quede como testigo de lo que fue la represión y la tortura durante el franquismo. De ahí que se reclame toda la documentación habida entre los años 1939 y 1977", añade a este diario una fuente de Esquerra Republicana. En realidad, los comunes llevaron el tema al pleno municipal de Barcelona del 30 de marzo de 2019, fecha en la que hicieron aprobar una resolución por la que exigían que "el Gobierno español inicie diligencias para hacer efectiva la proposición no de ley presentada por ERC y aprobada por todos los grupos menos por el PP en el Congreso el 1 de junio de 2017, según la cual el Estado ha de ceder el edificio con el objetivo de gestionarlo como un espacio memorial de la represión franquista, de acuerdo con la reivindicación de numerosas entidades y de centenares de personas que estos días se están adhiriendo al manifiesto promovido por el Ateneu de Memòria Popular".

Posteriormente, los republicanos llevaron también una moción a la Comisión de Derechos Sociales del 19 de noviembre de 2019, en la que reclamaban "la aplicación inmediata de la proposición presentada en el Congreso y aprobada en 2017 para convertir el edificio en un centro memorial y documental de la represión franquista en Cataluña y la lucha por las libertades democráticas". Esta petición contó con el apoyo de republicanos, JxCAT, comunes y socialistas.

Desde Esquerra afirman que "este espacio se convirtió en símbolo de horrores y torturas por parte de la policía franquista, utilizando métodos habituales en los peores regímenes dictatoriales". Y desligan la petición de cualquier connotación política, lo mismo que hace JxCAT. "No implica ningún rechazo político, sino que solo pedimos que se ponga en práctica lo que ya se aprobó en las instituciones".

Una decisión más simbólica que efectiva

La cesión, en realidad, tiene más de simbólica que de otra cosa. Por un lado, los independentistas quieren ganar su vieja batalla de desalojar al Cuerpo Nacional de Policía del centro de la ciudad. De hecho, Vía Layetana es todo un símbolo de la presencia del Estado en Barcelona. Y no hay que olvidar que las manifestaciones organizadas por Tsunami Democràtic en octubre y noviembre del 2019, tras las condenas por el 1-O, tuvieron como objetivo el asedio de la sede de Jefatura.

Sin embargo, ese desalojo no quiere decir que se desentiendan del personal que cumple sus funciones en el interior del edificio. Desde las filas republicanas sostienen que el edificio es vetusto y muy antiguo y que habría que encontrar un espacio nuevo, moderno y más operativo, para instalar a la cúpula de la Jefatura Superior de Policía. "En realidad, el propio Gobierno español saldrá ganando con el cambio", subrayan las fuentes republicanas consultadas.

Desde hace casi un año, el sindicato Jupol, mayoritario en el Consejo de la Policía, viene manteniendo una campaña de recogida de firmas en la plataforma change.org para evitar el desalojo de la Jefatura Superior. "Desde este sindicato, vemos innecesario el traslado, ya que consideramos que no hay ninguna razón ni funcional ni operativa para que se mueva a la Policía de Vía Layetana. Desde Jupol queremos recordar que en estas dependencias trabajan actualmente cientos de agentes, por lo que el traslado a unas dependencias que reúnan las características necesarias sería muy complicado y supondría una merma de las condiciones laborales y operativas de la Policía Nacional en Barcelona", advierten desde Jupol. Hasta el momento, llevan recogidas más de 66.000 firmas contra el traspaso del histórico edificio.