Así vigiló la Guardia Civil a la nueva consejera de Cultura de Cataluña imputada por el 1-O

El día 29 de agosto de 2017, la Guardia Civil establecía una vigilancia especial sobre la directora de Servicios de la Secretaría General de Vicepresidencia de la Generalitat. Se trataba de Natalia Garriga, nombrada esta semana consejera de Cultura en el nuevo Govern de Pere Aragonès. Garriga, a la que se le achaca un delito de malversación, ha sido llamada a declarar el próximo 8 de junio por sus actividades en 2017 por la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Alejandra Gil. El seguimiento policial a Garriga en el verano de 2017 llevó a la Guardia Civil a descubrir en una nave industrial casi 10 millones de papeletas de voto que iban a ser utilizadas en el referéndum ilegal del 1 de octubre de aquel año.

En un oficio del 3 de septiembre de 2017 —información que luego reiteraba en otro oficio del 14 de septiembre—, el Instituto Armado resalta que Francesc Sutrias, director general de Patrimonio de la Generalitat, y Natalia Garriga eran los dos principales cargos del Govern encargados de gestionar "la logística para conseguir inmuebles, locales donde poder almacenar el material que ya están preparando para la realización del referéndum". Ambos estaban bajo la supervisión directa del poderoso secretario general de Vicepresidencia, Josep Maria Jové, hoy diputado de ERC en el Parlament y miembro de la mesa de diálogo con el Gobierno central.

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"A las 8:30 aproximadamente, Natalia, conduciendo el vehículo Fiat 500 con placa de matrícula (…) entra en el aparcamiento subterráneo del edificio (…) sobre las 9:24 horas, se traslada desde la secretaría general de Hacienda hasta el edifico Sant Honorat, sito en el número 3 de la calle del mismo nombre, donde se encuentra el Departamento de la Presidencia del Gobierno catalán", relata el atestado levantado por la Guardia Civil de aquel seguimiento.

"A las 10:57 horas, Natalia salía del edificio y, caminando, se dirige hacia las confluencias de la plaza de la Catedral con Via Laietana. Al cabo de unos minutos, levanta el brazo y da el alto a un vehículo Mercedes Benz matrícula (…) en el cual se monta y donde conversa con una mujer que se encuentra sentada en el asiento del conductor. Durante la conversación que las dos mujeres mantienen dentro del vehículo se observa a Natalia mostrando algo en la pantalla del teléfono móvil y unos papeles a la conductora del vehículo. Sobre las 11:30 horas, Natalia baja del vehículo Mercedes y este emprende la marcha".

Una cumbre con nombres de peso

El Mercedes en cuestión era conducido por Mercedes Martínez, aunque estaba a nombre de la empresa Fox Box Alternativa SL. Según los informes del Instituto Armado, Martínez era "la persona encargada de la gestión de los inmuebles donde se está guardando el material para el referéndum": Martínez, además, era responsable de normas y procesos en Vicepresidencia, un área que estaba englobada en la dirección de servicios que dirigía Natalia Garriga. Ambas tenían sendos despachos en la octava planta del edificio que albergaba las dependencias de Vicepresidencia y Economía.

Martínez era la encargada de gestionar los inmuebles que guardaban el material para el referéndum

En ese momento, el operativo policial decide seguir al coche, cuyo destino final, después de repostar combustible en una gasolinera, fue una nave del polígono industrial Can Barri, en la localidad de Bigues i Riells. Sobre esas naves se estableció una vigilancia intensiva durante los días siguientes. Así, el 2 de septiembre de aquel año, se detectó la llegada de varios vehículos: un Renault Captur blanco, propiedad de Marta Vilalta, directora general de Juventud de la Generalitat (luego sería nombrada portavoz de ERC); un Nissan Qashqai negro, propiedad del concejal Chakir El Homrani (luego sería nombrado consejero de Trabajo de la Generalitat, cargo en el que cesó la semana pasada), y un Ford Fusión negro, propiedad de Mari Mar Fernández Peña. Al poco rato, llegaban un Mercedes E350 negro, propiedad de una empresa del industrial Vicente Pedret y un Chevrolet Captive verde, propiedad de Carola Torra, pero al volante del cual iba un todavía casi desconocido Quim Torra. Al rato, se incorporó a la concentración el Mercedes negro de Mercedes Martínez.

Opinión

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El relato de la Guardia Civil detalla todos los pasos dados por los concentrados en el lugar: “Tras descender de los vehículos sus respectivos conductores Vicente Pedret y Quim Torra, se observan salir a unas 11 personas del interior de la nave y descargan del interior de ambos vehículos cajas de cartón y lo que parecen mesas plegables y lo introducen en la nave de puertas marrones”. Un poco más tarde, se acerca al lugar otro conocido de los agentes: Francesc Sutrias, que se comunicó con el secretario general de Vicepresidencia, Josep Maria Jové, desde el teléfono público de un bar cercano. En un momento de la conversación, a Sutrias se le escapó el nombre de una de las personas que participaban en las actividades que estaban llevando a cabo y Jové le recriminó que soltase un nombre propio. “Tranquilo, llamo desde el teléfono fijo de un establecimiento”, le tranquilizó el director general. "Ya, pero el mío no es un teléfono público", le soltó Jové. Una de cuyas principales preocupaciones era que sus subordinados no dijesen nombres cuando se comunicaban por teléfono. Esa obsesión se manifestaba también en algunas conversaciones entre Jové y Natalia Garriga, en las que el secretario general de Vicepresidencia cortaba constantemente a su interlocutora para evitar que cometiera indiscreciones.

El 20 de septiembre de aquel año, la Guardia Civil incautó en la nave que estaba siendo vigilada un total de 9.894.350 papeletas de votación para el referéndum del 1 de octubre. Ese mismo día, eran detenidos Jové, Sutrias, Martínez y Garriga, la actual consejera y el seguimiento de la cual llevó a los agentes hasta la nave industrial donde se guardaban tanto las papeletas como las mesas que iban a ser utilizadas en la consulta del 1 de octubre siguiente.