Así castigó Aguirre a los forestales que multaron a un amigo: ya solo quedan 177

La comunidad de Madrid tiene una población de 6,5 millones de habitantes y una superficie de 802.153 hectáreas, de las que el 60% (486.129 hectáreas) están protegidas y no se puede construir. A pesar de sus grandes núcleos urbanos, la región cuenta con una importante masa forestal (el 55% de la superficie total), que incluye un parque regional (21.714 hectáreas) y otros ocho espacios naturales singulares (que suman 99.240 hectáreas). Sin embargo, el cuerpo regional de agentes forestales "agoniza", según denuncian los sindicatos. Solo quedan 177 efectivos (25 mujeres), uno por cada 37.000 habitantes o por cada 2.746 hectáreas protegidas. Inabarcable e inasumible para un cuerpo que fue creado legalmente en 2002 (aunque sus orígenes datan de 1877, con los capataces de cultivo) y que tiene las funciones de policía medioambiental.

La culpa la tienen los anteriores Gobiernos regionales, presididos por Esperanza Aguirre primero e Ignacio González después. La Administración regional estuvo trece años sin convocar oposiciones. Entre 2013 y 2016 ha sido imposible renovar la plantilla, "muy envejecida con una edad media de 55 años", señala el diputado de Ciudadanos Francisco Lara. Aguirre incluso les limitó las competencias en 2007, prohibiéndoles entrar en fincas privadas sin autorización judicial (salvo en caso de incendio). La 'lideresa' les castigó, recuerdan los más veteranos, precisamente por multar a un amigo suyo, conocido periodista de gran bigote, cuando estaba cometiendo irregularidades dentro de su propiedad en un tema de caza.

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Las 177 plazas son insuficientes para cubrir con seguridad las 17 comarcas en las que se divide la comunidad. El catálogo de puestos de trabajo del cuerpo refleja que la plantilla debe contar con 199 efectivos, por lo que ya hay un déficit de 22 agentes. "Sin olvidar que una auditoría hecha hace años por el Ejecutivo dictaminó que deberíamos ser 274 para desempeñar un trabajo operativo", señala José María Bermúdez, portavoz del CSIF. El nuevo Gobierno regional que preside Cristina Cifuentes quiere revitalizar el cuerpo. En septiembre de 2016 convocó oposiciones después de 13 años, sacando 38 plazas. También ha incorporado 22 nuevos vehículos y negocia con el sindicato mayoritario, UGT, una mejora salarial porque la Comunidad quiere que los forestales también trabajen turnos nocturnos en horario de invierno y que se incorporen a los operativos de emergencia, de inclemencias invernales y de búsqueda y rescate.

No es la única mejora. Ciudadanos consiguió que en los presupuestos de 2017 se metiera una enmienda para incorporar otros 20 agentes más (distintos a los 38 de 2016), cuya oposición se convocará este mismo año, y se negocia para que el Ejecutivo saque además otras 40 plazas en 2019. "Ahora hay otra predisposición. Pero hace falta que las palabras se concreten en hechos", explica Miguel Higueras, de UGT, que matiza que de las 38 nuevas plazas 8 son interinos que ya estaban. "La plantilla tiene una edad muy avanzada y este es un trabajo que requiere buena condición física. Necesitamos que el cuerpo rejuvenezca". Desde CSIF recalcan también que este año se jubilan 20 agentes.

Bajo el mandato de Cifuentes también ha llegado una importante victoria para el cuerpo, aunque de mano del Tribunal Constitucional, que a finales de 2015 anuló la prohibición que no les permitía acceder a montes o terrenos forestales de titularidad privada sin autorización judicial. El TC tumbaba así el 'castigo' de Aguirre después de que el Gobierno socialista de Zapatero planteara un recurso de inconstitucionalidad. Según la sentencia, la Comunidad contravino la normativa estatal que regula las facultades de la policía forestal, entre las que están acceder libremente a los lugares que precisen "para el correcto desempeño de sus funciones", con la única limitación de la inviolabilidad del domicilio. Los agentes madrileños pueden desde entonces volver a entrar en fincas privadas, si detectan por ejemplo que se está haciendo una quema ilegal o se está construyendo una edificación sin permiso.

Los forestales tienen la condición de agentes de la autoridad y policía administrativa. Sus funciones son variadas: velar porque se cumpla la legislación en temas de caza y pesca, control de quemas ilegales, vigilancia de la fauna y flora protegida, vigilancia del patrimonio arqueológico que hay en el campo, controles de circulación en los caminos forestales, búsqueda de desparecidos, apoyo en incendios forestales (investigan las causas de los mismos)... Ahora tienen además un convenio con la Agencia Española de Meteorología (Aemet) para detectar aludes en la sierra. La memoria de 2015 (la última) revela que realizaron ese año 31.500 actuaciones, más de 18.000 relacionadas con la "prevención, lucha e investigación en incendios forestales". Por ejemplo, inventariaron más de 3.000 postes eléctricos peligrosos.

"No tenemos la imagen de cuerpo policial y eso a veces ocasiona problemas", señala Bermúdez, del CSIF. "Somos como una policía local, pero en materia de medio ambiente". Los agentes explican que muchos ciudadanos no entienden que incluso tienen competencias para algo tan sencillo como pedir el DNI. En los dos últimos años los agentes madrileños han sufrido tres agresiones, lo que ha hecho que el Gobierno regional haya dictado una instrucción para que patrullen en parejas. "Si con 177 no llegamos a cubrir todo como para trabajar en pareja, es duplicar los problemas endémicos del cuerpo", relata Bermúdez.

"Somos el único cuerpo que vamos a las emergencias y que realiza los atestados en solitario. Si ahora sacan una instrucción para que vayamos en pareja habrá que adecuar la plantilla a esa instrucción. Ahora es inviable", señala Miguel Higueras, de UGT. La Comunidad va a realizar una evaluación específica de sus riesgos laborales. Carlos Novillo, director de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad, destaca la importancia de este cuerpo, "que dada su preparación y conocimiento son un valor seguro en un episodio de crisis. Queremos subir la plantilla en un 50% y bajar la edad media".

Entre mediados de mayo y finales de octubre (la temporada de incendios) los agentes forestales trabajan las 24 horas del día los 365 días del año. El resto de los meses solo tienen turnos de mañana y tarde, de siete horas cada día. Los fines de semana los turnos pueden llegar a las 12 horas. "No llegamos a todo, es imposible. En verano hay noches en las que hay un solo agente de guardia para comarcas que tienen 30.000 hectáreas y más de 20 municipios", explica Bermúdez. Y todo por un sueldo medio de unos 1.600 euros (más 20 euros de antigüedad cada trienio).

La Comunidad de Madrid quiere ahora que los agentes también estén operativos las noches de invierno, de octubre a mayo. De momento el Ejecutivo negocia con el sindicato mayoritario, UGT, y ha dejado fuera a CSIF, CCOO y CSIT. Pero más horas significará más sueldo y más plantilla. La Administración ha propuesto un aumento de su complemento específico de 1.500 euros anuales. Insuficiente, según los sindicatos. Carlos Novillo destaca que la negociación sigue abierta y que la subida total anual entre guardias y complemento de destino puede llegar a los 3.300 o 3.400 euros anuales.

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Tampoco hay que olvidar que se tarda tiempo en formar un agente forestal. Las nuevas 38 plazas (30 sin contar los interinos que ya están) se incorporarán este año tras pasar un examen tipo test, una prueba práctica, una prueba física y otro examen desarrollando un tema (hay 40 en el temario). La Comunidad ha incluido ahora como mejora un curso de formación, que incluye la conducción de todoterrenos (importante para moverse por la sierra) y el manejo de telecomunicaciones. También un curso de defensa personal y mejoras en vestuario y equipamientos. Para los sindicatos "la apuesta por un cuerpo de policía y vigilancia medioambiental es directamente proporcional al interés real que la Administración tiene en velar por la protección del medio ambiente".

Los 'Sheriffs de Nottingham'

En julio de 2007, el Gobierno presidido por Esperanza Aguirre aprobó la 'Ley de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid' que en su articulado obligaba a los agentes forestales a pedir una autorización judicial para poder entrar a una finca privada, actividad que antes desarrollaban sin ningún problema en sus labores diarias de inspección, vigilancia y control.

Los más veteranos recuerdan que todo vino motivado cuando multaron a un buen amigo de Aguirre, de profesión periodista, en una propiedad privada por un tema de caza. "No le gustó y nos dijeron que fue uno de los instigadores que propició ese cambio normativo. Era muy cercano a Aguirre en esos momentos, compañero de caza de su marido", señalan los agentes, que recuerdan que por entonces sus detractores les bautizaron como los 'Sheriffs de Nottingham'. Aguirre defendió esta nueva ley porque protegía "la propiedad privada".

Así, si por ejemplo un agente veía un animal malherido (un ave rapaz) a causa de un tendido eléctrico que había caído dentro de una propiedad privada no podía entrar a auxiliarle. Ante cualquier incidente en una finca particular el agente debía tramitar la petición de intervención a su jefe, este al director general, este al secretario general técnico de la consejería de Medio Ambiente, este a los servicios jurídicos, estos valoraban la petición y si procedía se elevaba al juez. Cuando este decidía, todo el proceso a la inversa.