El suelo 'olvidado': Madrid ha dejado de desarrollar 1,7 millones de metros cuadrados

Entre 1967 y 2016, los 179 municipios que forman parte de la Comunidad de Madrid han aprobado 5.778 planes urbanísticos (incluidas sus respectivas modificaciones). Una ingente vorágine urbanística que ha cambiado el aspecto de la región. Así, por ejemplo, si en 1975 solo el 2,2% del suelo de Madrid estaba edificado, hoy el 10,07% de la superficie (unas 81.300 hectáreas) es ya suelo urbano y otro 26,9% (217.600 hectáreas) es urbanizable en sus dos modalidades, sectorizado y no sectorizado. El Gobierno regional que preside Cristina Cifuentes acaba de remitir al Parlamento autonómico el proyecto de su nueva ley del suelo (que cambiará la de 2001), un texto que apuesta por la regeneración de las ciudades ya consolidadas frente a los nuevos desarrollos.

El objetivo, en cierta medida, es levantar el pie del acelerador. Rehabilitar en lugar de construir. La propia Comunidad de Madrid reconoce, en varias peticiones de información enviadas al diputado socialista Rafael Gómez Montoya, que entre 2002 y 2016 dejó de desarrollar 1,7 millones de metros cuadrados que en aplicación del artículo 36 de la actual Ley del Suelo (la de 2001) deberían haberse convertido en redes supramunicipales, esto es, en nuevas infraestructuras (viarias y energéticas), nuevos equipamientos (zonas verdes y centros educativos, sanitarios, culturales y deportivos) y nuevas redes de servicios (agua, alcantarillado, alumbrado público, aparcamientos y viviendas públicas).

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Se trata de miles de metros cuadrados incluidos en planes urbanísticos de 46 municipios madrileños que tenían que haber sido desarrollados por el Gobierno regional y que no se han ejecutado. "Con todo este suelo se podría haber reequilibrado perfectamente un territorio absolutamente hostil para la convivencia ciudadana", señala Gómez Montoya, que añade que "ha habido falta de voluntad política para desarrollar este suelo público, ya que los sucesivos Gobiernos regionales controlados por el PP han apostado por la iniciativa privada o por vender viviendas protegidas a fondos buitre". El parlamentario socialista se pregunta "¿por qué los Gobiernos del PP no han querido usar esos suelos? Los ayuntamientos hubieran convertido este suelo en grandes activos sociales contra la exclusión, generando oportunidades en los municipios. El PP tenía otros planes por lo que vemos y sabemos".

Según datos del Ejecutivo autonómico, la Comunidad ha adquirido en los últimos años 484.460 metros cuadrados de suelo destinados a levantar vivienda pública y de integración social "que aún no ha sido destinado a este fin". Terrenos en Algete, Cabanillas de la Sierra, Campo Real, Casarrubuelos, Ciempozuelos, Colmenar Viejo, Daganzo, El Boalo, El Escorial, Fresno de Torote, Fuente el Saz, Getafe, Griñón, Humanes, Loeches, Mejorada, Moralzarzal, Móstoles, Navalcarnero, Quijorna, Rivas, San Martín de Valdeiglesias, Sevilla la Nueva, Torrejón de Ardoz, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Torrelodones, Torres de la Alameda, Velilla, Villalbilla y Villanueva del Pardillo. Un 25% de ese suelo, 122.000 metros cuadrados, está en Getafe. Le sigue Navalcarnero con 93.500 metros cuadrados. "Vivienda que no se ha construido. La falta de vivienda es el principal hándicap para que cualquier familia pueda desarrollar un proyecto de vida en esta Comunidad", señala Gómez Montoya. El año pasado había 18.500 madrileños apuntados al Plan Joven de vivienda protegida de la Comunidad.

En cuanto a suelo destinado a zonas verdes y espacios libres, sin construir, la Comunidad tiene 370.374 metros cuadrados en Alcobendas, Alcorcón, Arganda del Rey, Cabanillas, Collado Villalba, Getafe, Loeches, Pinto, Rivas y San Fernando de Henares. En el capítulo de infraestructuras (viarias y energéticas), los metros cuadrados sin desarrollar suman 134.273 euros en Getafe, Móstoles, Navalcarnero, San Fernando de Henares y Villanueva del Pardillo. Por último están los equipamientos sociales, es decir, centros sanitarios, colegios, centros deportivos, bibliotecas... un total de 695.862 metros cuadrados en otros 32 municipios, incluido Madrid, donde por ejemplo el Gobierno regional no ha ejecutado de momento estos equipamientos en el nuevo barrio de Valdebebas.

Restringir el suelo urbanizable

La nueva ley del suelo (que deberá pasar por la Asamblea para que la oposición intente incluir sus enmiendas) quiere corregir los errores del pasado y restringir el porcentaje de terreno que es urbanizable. No es de extrañar teniendo en cuenta que existen estos 1,7 millones de metros cuadrados ya desarrollados sobre el papel pero que no lo están. Con la actual ley en la mano, la de 2001 (aprobada por Gallardón y modificada más de diez veces por Esperanza Aguirre) el suelo de Madrid está clasificado en urbano, en urbano consolidado, en urbanizable (el sectorizado y el no sectorizado) y en no urbanizable protegido, donde está prohibido construir y que hoy suma 486.129 hectáreas, el 60,1% de la superficie de la región (802.153 hectáreas).

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Es decir, que con la ley de 2001 el 40% del suelo de la comunidad, el que no está protegido, es susceptible de ser urbanizado. La nueva normativa pretende cambiar la clasificación. El urbanizable sectorizado seguirá, para que los municipios puedan seguir construyendo lo que ya está programado. Pero el no sectorizado pasará a ser suelo no urbanizable en régimen común. Ya no se podrá construir si el ayuntamiento en cuestión no acredita que ese desarrollo es necesario y oportuno. "Queremos priorizar la rehabilitación de suelo urbano frente a los nuevos crecimientos. Hemos propuesto una variación de la clasificación del suelo urbanizable no sectorizado, para pasarlo a no urbanizable común, que evite así ciertas expectativas, inexistentes a nuestro entender, respecto a nuevos desarrollos", señalaba José Tortosa, director general de urbanismo, el mes pasado en la Asamblea de Madrid. Es decir, ya no existirá el derecho a construir (en ese suelo urbanizable no programado), salvo que se autorice por el Gobierno regional.

La Comunidad de Madrid quiere priorizar la rehabilitación de suelo urbano ya consolidado frente a los nuevos crecimientos

La Comunidad de Madrid quiere "prohibir la clasificación de los suelos diseminados". El objetivo es que solo se puedan desarrollar aquellas parcelas que se puedan integrar en la malla urbana. Sobre todo en los municipios más pequeños. Para ello, la nueva ley del suelo, si se aprueba, creará el Plan General de Ordenación Urbana Simplificado, en el que solamente van a poder clasificar dos tipos de suelo: el urbano y el no urbanizable. Diseñado para los municipios de menos de 5.000 habitantes y hasta seis millones de euros de presupuesto, este plan será más flexible y ágil "siempre y cuando las actuaciones se centren en los cascos urbanos y no incluyan nuevos desarrollos". En algunas localidades ya ha ocurrido que con la actual ley se desarrollaba antes el suelo urbanizable no sectorizado (el más alejado del caso histórico) que el sectorizado, provocando desajustes en la urbanización de estas zonas, ya que los vecinos tardaban tiempo en contar con instalaciones, redes de saneamiento, redes viarias y otro tipo de infraestructuras.

Ocho años hasta la prescripción

El nuevo texto, que deberá recoger necesariamente las enmiendas de la oposición debido a la mayoría simple del PP, incrementa los plazos de prescripción de las infracciones urbanísticas de cuatro a ocho años y endure el régimen sancionador. Las administraciones tendrán la facultad de decomisar cualquier beneficio que se obtenga por la comisión de una infracción, así como la posibilidad de que al ayuntamiento o al Gobierno regional no le suponga ningún coste las actuaciones que tenga que llevar a cabo para restaurar la legalidad urbanística, repercutiendo ese coste en el infractor.

En la normativa ya aparece la eliminación de las tres alturas que se incorporó en la legislación anterior. El Ejecutivo autonómico de Cristina Cifuentes ya dio un aviso de sus intenciones cuando en diciembre del año pasado la Asamblea de Madrid (con los votos de PP y Ciudadanos) aprobó la derogación del artículo 39 de la ley del suelo, que prohibía construir más de tres plantas con ático. La 'ley de las tres alturas', identificada a todas luces como una iniciativa personal de Esperanza Aguirre, imponía esta limitación a todas las edificaciones desde el año 2007, restringiendo así la capacidad de elegir el modelo de ciudad a los municipios. 

Una vez aprobada la nueva ley, todos los municipios de la región tendrán un plazo de cuatro años para adaptar su planeamiento a las nuevas disposiciones.