el supremo dictó sentencia hace cinco años

El otro campo de golf ilegal de Aguirre: los ecologistas quieren cerrar El Encín

El Supremo declaró en 2013 ilegal el planeamiento urbanístico que permitió la instalación, gestionada por el empresario Joaquín Molpeceres, imputado en Lezo y uno de los presuntos donantes del PP

Foto: Aguirre, escoltada por Ignacio González y Joaquín Molpeceres, cuando inauguró el campo de golf de El Encín en marzo de 2011.
Aguirre, escoltada por Ignacio González y Joaquín Molpeceres, cuando inauguró el campo de golf de El Encín en marzo de 2011.

El Gobierno regional que preside Cristina Cifuentes empezó el pasado 6 de febrero a desmontar el campo de golf que Esperanza Aguirre e Ignacio González construyeron en los terrenos del Canal de Isabel II, en el distrito de Chamberí. La Justicia lo declaró ilegal y la Audiencia Nacional investiga dentro del caso Lezo si González, su hermano y su cuñado se enriquecieron ilícitamente tras promover con tanto interés esta instalación deportiva. Pero no es el único campo de golf de la era Aguirre que es ilegal. El Tribunal Supremo anuló hace cinco años, en marzo de 2013, la modificación puntual del plan urbanístico de Alcalá de Henares que autorizó la construcción de un campo de golf de 18 hoyos y un hotel de lujo en una finca pública, El Encín, que dependía y depende de la Comunidad de Madrid.

La sentencia del Supremo es firme, y según Ecologistas en Acción, que puso la denuncia inicial, "las actividades de golf y hotel que se siguen desarrollando cinco años después son ilegales. El Supremo anuló el planteamiento urbanístico, y las licencias municipales que permiten la actividad deportiva y hotelera no tienen amparo legal en un planeamiento que es ilegal. Pero nadie ejecuta la sentencia, ni el Ayuntamiento de Alcalá ni el Ejecutivo autonómico. Todo es un cúmulo de irregularidades", señala Ángeles Nieto, portavoz de la asociación ecologista en Madrid. El campo de golf y el hotel lo gestiona la empresa Desprosa, propiedad de Joaquín Molpeceres, amigo personal de Aguirre y uno de los presuntos donantes del PP que aparecen en los papeles de Bárcenas (entregó 60.000 euros). También ha declarado como investigado en el caso Lezo.

Los terrenos de la finca pública El Encín, en una foto en octubre de 2008, antes del campo de golf.
Los terrenos de la finca pública El Encín, en una foto en octubre de 2008, antes del campo de golf.

Nieto recuerda el oscurantismo que hubo cuando se presentó el proyecto y su organización empezó a recopilar información para redactar sus alegaciones. "Yo acudí a la Dirección General de Urbanismo de la comunidad para ver el expediente y me dijeron que no estaba porque toda la documentación estaba en el despacho de la presidenta. Y cuando fui al Ayuntamiento de Alcalá, el entonces alcalde, del PP, me mandó a la policía local para que me sacara de allí porque estaba preguntando sobre este proyecto". ¿Quien debería entonces ejecutar la sentencia?

Los ecologistas recuerdan que el Supremo anuló la modificación puntual del Plan General de Alcalá. "Esa modificación puntual es la que daba cobertura legal a las licencias, al campo de golf y al hotel. Ahora, las licencias están sin cobertura legal y también las actividades y obras que permitieron. La revisión de las licencias y su nulidad es competencia municipal, pero los terrenos son propiedad de la Comunidad de Madrid, que es quien debe revisar la concesión que se otorgó a Desprosa". El consistorio alcalaíno está gobernado ahora por el PSOE, que asegura que está estudiando el caso aunque los terrenos son de la comunidad. Esta de momento le ha quitado a Desprosa la gestión del centro Naturalcalá, un espacio de educación ambiental y ocio que también está en la finca El Encín. Pero el campo de golf y el hotel siguen en manos de Molpeceres. La concesión dura hasta 2057. A cambio, Desprosa paga un canon anual de 63.876 euros.

Movimientos de tierra en la finca El Encín para construir el campo de golf. Foto tomada en julio de 2009.
Movimientos de tierra en la finca El Encín para construir el campo de golf. Foto tomada en julio de 2009.

Para poder hacer el campo de golf, Aguirre tuvo que cambiar la Ley del Suelo y el ayuntamiento, el plan urbanístico. Los terrenos estaban clasificados como "no urbanizable de especial protección agropecuaria". No fue obstáculo. La Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid, introdujo una modificación en el artículo 29 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, al añadir un nuevo apartado que permitiría el campo de golf: "Los ayuntamientos podrán autorizar instalaciones de carácter deportivo en los suelos rurales destinados a usos agrícolas". Ley a medida.

Luego el ayuntamiento, controlado también por el PP, realizó una modificación puntual del plan urbanístico para introducir como "uso tolerable" el deportivo en parte de la finca El Encín, el terreno propiedad de la Comunidad de Madrid que Aguirre había elegido para que se levantara el campo de golf. Esta modificación puntual fue aprobada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el 27 de septiembre de 2007. Luego, en junio de 2008, el consistorio concedió la licencia municipal para la construcción de un campo de golf, al que se sumó un hotel de cinco estrellas. El plan urbanístico de Alcalá prohibía expresamente la construcción de campos de golf, por considerarse incompatibles con la preservación de los valores agrológicos de la finca. Por eso hizo falta su modificación.

Construcción de alguno de los hoyos del campo en una foto tomada en 2010.
Construcción de alguno de los hoyos del campo en una foto tomada en 2010.

Luego llegó la denuncia de Ecologistas, una primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 2009 que no les dio la razón y un recurso ante el Supremo que sí les avaló en 2013. El argumento del alto tribunal es que la modificación del planeamiento de Alcalá no se sometió al procedimiento de evaluación ambiental al que estaban obligados todos los planes aprobados con posterioridad al año 2004. Los cambios urbanísticos aprobados por el municipio provocaron, según la sentencia, "innovaciones relevantes desde el punto de vista ambiental que revelan unas consecuencias significativas sobre el medio ambiente". Es decir, que se modificó el plan urbanístico de manera irregular para autorizar un tipo de actividad (la del golf) que estaba prohibida por los valores agrológicos de los terrenos.

Aguirre, en la inauguración del campo de golf en marzo de 2011.
Aguirre, en la inauguración del campo de golf en marzo de 2011.

Pero en marzo de 2011 Aguirre inauguró a bombo y platillo las instalaciones: 163 de las 550 hectáreas públicas de El Encín (espacio natural protegido) se transformaron en un complejo golfista: 18 hoyos, escuela de golf, hotel de cuatro estrellas con 39 habitaciones y restaurante de lujo. El abono anual es de 1.850 euros. Ciudadanos se ha interesado recientemente por estas instalaciones en la Asamblea, preguntando si Desprosa está al corriente de pago en el canon anual que recibe la comunidad y si esta controla la cantidad de agua pública que necesita el campo de golf: un máximo de 640.000 metros cúbicos al año.

La afición de Aguirre y su familia por el golf es conocida. Su marido, Fernando Ramírez de Haro, fue vicepresidente de la Real Federación Española de Golf hasta el año pasado, y su suegra, Beatriz Valdés y Ozores, condesa viuda de Bornos, pertenece al comité de honor de la Asociación Española de Seniors de Golf. Un primo de Aguirre, César Gil de Biedma, fue consejero en la empresa Club Golf Moraleja, propietaria de varios campos en Madrid. La hermana de Aguirre, Rocío, ha sido la última directora de la feria Madrid Golf Experience.

El empresario Joaquín Molpeceres, con el micrófono en la mano.
El empresario Joaquín Molpeceres, con el micrófono en la mano.

Molpeceres: Gürtel, Lezo, Bárcenas... y la confesión de Granados

El nombre de Joaquín Molpeceres (Madrid, 1932) aparece irremediablemente en los sumarios de corrupción más importantes de este país. Su primera referencia es el caso Gürtel, como avalista personal para que uno de los exconsejeros de Aguirre imputados en el caso, Alberto López Viejo, se comprara una vivienda de 1,6 millones. Sus principales empresas, Licuas y Coarsa, son contratistas habituales de la comunidad y de ayuntamientos populares, sobre todo los más salpicados por la trama. 

También aparece en los papeles de Bárcenas como presunto donante del PP nacional. Una referencia suya aparece el 16 de junio de 2003 como la persona que entregó 60.000 euros (Bárcenas la apuntó como Volpeceres). Se supone que fue Molpeceres el que avisó al entonces tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, y al presidente del partido, Mariano Rajoy, de que Francisco Correa campaba a sus anchas por los ayuntamientos madrileños haciendo negocios ilícitos.

Su última aparición es en el caso Lezo, donde ha declarado ya como investigado. Sus empresas facturaron 138 millones, entre 2006 y 2016, al Canal de Isabel II, que por entonces controlaba Ignacio González. En el sumario aparece una grabación de Molpeceres con González en la que el empresario pide ayuda a su amigo político porque precisamente estaba teniendo problemas con el riego del campo de golf de El Encín. La declaración de Molpeceres en este caso ha permitido saber que regularizó 190.000 euros que tenía en Suiza con la amnistía fiscal de Montoro aprobada en 2012.

El exconsejero Francisco Granados también le acaba de nombrar en su última declaración del caso Púnica. Según Granados, la empresa Licuas fue una de las empresas que financiaron irregularmente las campañas electorales de Aguirre, y deslizó además ante el juez y la Fiscalía que Molpeceres "mantiene relaciones con los socios del marido de Cifuentes". 

Madrid

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