Así está luchando España para frenar el fraude en la industria alimentaria

De entre todos los sectores empresariales esenciales de la economía española, el de la industria de la alimentación y las bebidas es uno de los más paradigmáticos. No en vano, factura más de 93.300 millones de euros, es el primer sector industrial en España y se ha posicionado como el cuarto de Europa y el octavo a nivel mundial. Y un sector tan grande nunca estará exento de posibles infractores: ese fue el motivo por el que, hace cinco años, España creó la Ley de la Cadena Alimentaria (LCA), que en este tiempo ha impuesto 922 sanciones por un importe de 9,2 millones de euros.

Cinco años después, ¿qué balance podemos hacer de la ley? ¿Ha cumplido sus objetivos? ¿Qué retos quedan por delante? Estas y otras han sido las preguntas a las que el sector ha dado respuesta en la mesa redonda 'Cinco años de la Ley de la Cadena Alimentaria: balance, control y retos', organizada por El Confidencial, patrocinada por Promarca y con la participación de Fernando Burgaz, director general de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama); José Miguel Herrero, director de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA); Ignacio Larracoechea, presidente de Promarca; Pedro Barato, presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja); Mauricio García de Quevedo, director general de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), y Diego Crespo, socio de Marimón Abogados.

Aunque cinco años no son suficientes para transformar un sector, sí sirven para identificar qué aspectos reforzar para lograrlo. Todos los expertos coinciden en que aprobar la ley fue un éxito, pero los hemos sentado para que hagan la lista de triunfos y de tareas pendientes.

Un buen punto de partida...

Cuando España aprobó la Ley de la Cadena Alimentaria en 2013, ningún país de la Unión Europea contaba con una normativa igual. Cinco años después, ya son 22 los países de la UE que han regulado las relaciones comerciales entre los eslabones de la cadena alimentaria e incluso la Comisión Europea ha lanzado una iniciativa para corregir los desequilibrios del sector.

España fue pionera en la definición de un marco legal y todos los expertos consultados por este diario coinciden en que ello fue un buen punto de partida para equilibrar el poder entre productores, industria y distribución. Según Ignacio Larracoecha, "esta ley fue un gran logro de España porque sin ella seríamos mucho más vulnerables".

"Muchos no han sido sancionados de nuevo porque han corregido sus comportamientos" (Ignacio Larracoechea, Promarca)

El presidente de Promarca asegura que el impulso de crear un código de buenas prácticas mercantiles fue muy buena iniciativa, ya que "muchas industrias no han sido sancionadas de nuevo porque han corregido sus comportamientos".

Aunque, si bien es cierto que "se han evitado muchas relaciones que sin la ley serían sancionables", en su opinión es momento de "mirar hacia el futuro y fomentar la innovación en la cadena alimentaria para competir no solo en base a precios sino en valor".

... con varios retos por delante

La prioridad en estos cinco años ha sido definir las reglas del juego a través de un marco legal más estable. Pero ahora toca jugar y, para ello, adaptar las estructuras de las empresas acorde a las exigencias de la LCA es uno de los grandes retos en esta nueva etapa.

La lucha contra las prácticas desleales que se cometen a lo largo de la cadena alimentaria tiene para Mauricio García de Quevedo dos grandes retos. Por un lado, "el desarrollo normativo de aspectos como la venta a pérdidas, como se conoce a la práctica que establece un precio de coste por debajo del que ha supuesto la producción del producto y en la que la AICA no tiene competencias".

"Hay que aumentar las inspecciones de oficio para no esperar a denuncias previas" (Mauricio García de Quevedo, FIAB)

Y por otro, "aumentar las inspecciones de oficio, que son un instrumento poderoso para equilibrar la cadena, para no tener que esperar a denuncias previas".

Pero cada uno de los actores del sistema tiene sus propias demandas, y a las de la industria se suman las de agricultores y distribuidores que siguen a continuación. Entre las que más ruido hacen: respetar los plazos de pago de las multas, no perjudicar a las empresas dependientes de otras mayores y aumentar la transparencia en las resoluciones judiciales para ganar, entre otras cosas, en confianza.

Replantear el sistema de sanciones

Solo en 2017, la AICA realizó más de la mitad de inspecciones de oficio desde el inicio de su actividad, llegando a contar 1.882. Para José Miguel Herrero, sin este supervisor, "la ley quedaría en papel mojado porque no habría ningún miedo a las consecuencias si no se siguen las normas".

El papel de la AICA, asegura, es importante también desde el punto de vista de la imparcialidad, ya que "el objetivo es la transformación del sector, que solo podemos conseguir poco a poco actuando como un organismo independiente que vigile a todos los que forman parte de la cadena alimentaria por igual".

"El operador que lo hace mal, lo hace mal con muchos proveedores, de forma que la sanción se multiplica" (Fernando Burgaz, Mapama)

Pero puede haber un problema en la cuantía de las multas —apenas suelen superar los miles de euros la primera vez—, aunque, según Fernando Burgaz, "la ley establece un sistema sancionador en que la reincidencia implica aumentar la sanción. El operador que lo hace mal, lo hace mal con muchos proveedores, de forma que la sanción se multiplica".

Y así lo confirman los datos de la AICA. El 44% de las sanciones propuestas en los últimos cinco años se debe al incumplimiento de los plazos de pago, seguido de la comisión de más de una infracción y la ausencia de contratos. Además, siete empresas han incurrido en reincidencia. Por ello, los expertos proponen pensar medidas sancionadoras complementarias a la ley actual que, en opinión de Burgaz, "ejerce de poder presionador y castiga dando opción a corregir la situación".

Proteger a los pequeños agricultores

La Ley de la Cadena Alimentaria se impulsó entre otras cuestiones para combatir el fraude y el abuso de poder, pero ¿se ha logrado combatir las desigualdades de las empresas teniendo en cuenta que, según el ministerio, el 96,3% de las empresas de la industria alimentaria y las bebidas son pymes?

La Unión de Agricultores y Ganaderos de la Comunidad Valenciana denunció en 2017 que, lejos de cumplir con los objetivos de un mejor reparto de los beneficios para todos los eslabones de la cadena agroalimentaria, la legislación había conseguido precisamente el objetivo contrario: subir el precio que paga el consumidor y bajar el percibido por el productor en origen.

"Es necesario adaptar la ley a todo el mundo para que no perjudique a los pequeños agricultores" (Pedro Barato, Asaja)

La posibilidad de que las asociaciones pudiesen plantear denuncias colectivas en nombre de sus miembros no tuvo un respaldo legal hasta 2013. Y esto es para Mauricio García de Quevedo uno de los grandes avances que presenta la LCA, ya que "a la industria le cuesta mucho más denunciar a la distribución que la distribución a la industria".

Sin embargo, según Ignacio Larracoechea, "tenemos una ley que para parte del sector no sirve excepto si una marca tiene una posición dominante". En representación de los agricultores, Pedro Barato insiste en que "es necesario adaptar la ley a todo el mundo para que no perjudique a los pequeños agricultores", pero ante todo pide "que se cumpla con rigor lo pactado y que si no es así, la Administración tome las medidas oportunas porque tiene medios para ello".

Más difusión y transparencia

España fue pionera en tener un conjunto de instrumentos legales bien definidos pero, durante estos cinco años, ¿ha oído hablar el sector agroalimentario de la LCA? Sus impulsores aseguran que a día de hoy cerca del 75% de los operadores que participan en la industria desconoce su existencia y posibilidades.

Para acuñar el compromiso de las empresas con la nueva legislación, una de las iniciativas que se tomaron a raíz de la ley fue la elaboración de un 'Código de buenas prácticas mercantiles en la contratación alimentaria', al que cualquier empresa de la industria puede adherirse. Sus impulsores reconocen que todavía son mayoría las empresas que quedan por firmar, pero Fernando Burgaz insiste en que "se está trabajando para dar a conocer a la industria cuáles son sus obligaciones y sus derechos".

"No se sabe qué empresas son sancionadas, y el impacto en sus clientes sería mucho mayor" (Diego Crespo, Marimón Abogados)

Otra forma de llegar a todos y generar confianza es, según los responsables de la lucha contra el fraude en la industria alimentaria, aumentar la transparencia. En la actualidad, las resoluciones judiciales que se adoptan no son públicas y esto, para Diego Crespo, "es un fallo de origen en la ley, porque no se sabe qué empresas han sido sancionadas ni qué criterios se han aplicado para ello". Este, según el abogado, es un reto imprescindible, ya que "no permite transmitir los criterios a otros clientes de cualquier eslabón de la cadena".

La transparencia es uno de los grandes retos de este país, y esta materia no ha sido la excepción. La opacidad aumenta el poder disuasorio, hecho que para Diego Crespo ilustra la falta de transparencia, ya que "el impacto que tendría la sanción sobre una empresa de cara a sus clientes sería mucho mayor".