Andalucía y el Gobierno central cierran el año con un nuevo conflicto jurídico (y van cuatro)

Cuando está a punto de llevar el impuesto a los ricos al Tribunal Constitucional, el Gobierno de Juanma Moreno ha vuelto a chocar con el Ejecutivo central a las puertas del tribunal de garantías. El nuevo conflicto surge después de que el Consejo de Ministros decidiera el martes interponer un recurso contra el decreto de actualización de precios de obras públicas de la Junta porque, considera, excede las competencias que tiene la Administración regional en esta materia. Y esto es, según el Ejecutivo andaluz, un "nuevo ataque" de Moncloa porque a Sánchez "le molesta que Andalucía crezca" cuando gobierna el PP.

Es la tercera vez, desde que el malagueño dirige la Junta, que tiene que dirimir una norma en el Alto Tribunal con la Administración central por invasión de competencias. El primer choque se produjo a raíz del decreto de simplificación que el Gobierno autonómico aprobó pocas semanas antes del estallido de la pandemia, mientras que el segundo fue una respuesta del Ejecutivo central a la nueva ley del suelo andaluza. En las dos ocasiones ambas administraciones llegaron a una entente para desactivar el conflicto en la comisión bilateral, y esa es la vía que la Junta utilizará para desatascar el bloqueo.

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La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, mostró su decepción por la decisión del Gobierno, "un chasco" que, en su opinión, puede provocar la paralización de proyectos de obra pública "muy importantes" afectados por la subida de precios. El Ejecutivo del PP considera que el decreto estatal en la materia se queda corto, ya que, según Carazo, "el 95% de las obras" licitadas en Andalucía no pueden beneficiarse de la normativa estatal.

A mediados de octubre, la patronal Fadeco Contratistas cifraba en 140 millones de euros el montante de las obras paralizadas porque los concursos públicos habían quedado desiertos por el alza de los precios. Esta misma entidad cifra en más de 600 millones de euros los sobrecostes generados en obras en Andalucía por la inflación. Por ese motivo se mostraron contrarios al rechazo del Gobierno que ha cristalizado en el recurso al PP que la Junta califica como "jarro de agua fría" para la economía de la comunidad, dada la importancia que tiene el sector de la construcción en la actual coyuntura.

El Gobierno considera que se trata de un intento de Juanma Moreno por "confrontar" y "hacerse la víctima". Así se pronunció el delegado del Ejecutivo central en la comunidad, Pedro Fernández, quien asegura que la Junta "ha perdido la oportunidad" de evitar el recurso al no ajustar un texto que puede vulnerar el derecho de la UE. El responsable del Gobierno asegura que la Junta "no ha querido negociar en los plazos establecidos" en su estrategia de confrontación y presentar al Ejecutivo central "como una Administración enemiga".

Hay que tener en cuenta que el propio gabinete jurídico de la Junta advirtió de la posibilidad de que esta norma invadiese la "legislación básica del Estado" en materia de fijación de precios públicos. En su informe, desvelado por Europa Press, admiten que el tribunal de garantías no ha dictado sentencias previas sobre la revisión de precios, pero sí expresan sus dudas sobre la constitucionalidad de la medida.

Los otros dos conflictos entre el Gobierno central y la Junta se han dirimido de forma favorable tras negociar en la comisión bilateral

"El Gobierno no puede seguir atacando a Andalucía como lo que está haciendo", defendió el miércoles el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, que insistió en la necesidad de activar de forma urgente la comisión bilateral que desatascó los bloqueos de la ley del suelo o el citado decreto de simplificación. Llama la atención que el dirigente popular aluda también en su queja sobre la acción del Ejecutivo central la puesta en marcha del impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, que la Junta pretende llevar al Constitucional también por invasión de competencias.

La pugna contra el impuesto a los ricos

La Consejería andaluza de Economía, Hacienda y Fondos Europeos anunció el pasado viernes que ultima ya este recurso, que será registrado en breve. El Gobierno andaluz estaba esperando a la entrada en vigor de los impuestos a la banca, las eléctricas y las grandes fortunas, algo que ocurrirá este mismo jueves tras la publicación del texto en el BOE.

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La Junta esgrime que este nuevo tributo es un "ataque" a la autonomía fiscal blindada en la Constitución, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) y el Estatuto de Autonomía. También, para poner en práctica la estrategia diseñada en Génova, argumentan que el impuesto se ha aprobado como una enmienda a una proposición de ley ya en marcha, lo que hurta el debate parlamentario para un texto de esta relevancia.

A pesar de la beligerancia que destilan las declaraciones de una y otra parte, el intercambio de recursos entre San Telmo y la Moncloa está lejos de sus momentos de mayor intensidad. Durante el tiempo que Mariano Rajoy estuvo al frente del Gobierno central hubo casi 40 recursos en ambos sentidos. Los mandatos de José Antonio Griñán y Susana Díaz, sobre todo del primero, sirvieron al PSOE para ejercer una suerte de oposición desde el Gobierno andaluz que se erigió como punta de lanza en un momento de crisis de los socialistas en las instituciones.